Una semana en incomunicación.
El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska mantiene la incomunicación a cinco jóvenes que fueron ingresados en prisión, justificando esta medida en la necesidad de «practicar una serie de diligencias de investigación».
Los jóvenes vascos Mikel Arretxe, Peio Lamarka, Unai Pérez, Ekaitz de Ibero y Egoi Alberdi, fueron detenidos junto con Julen Garmendia y Jon Sardon, el pasado 30 de octubre en Donostia – San Sebastian. Si bien los dos últimos quedaron en libertad sin cargos tras tomar declaración ante el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska los primeros cinco fueron ingresados en prisión prorrogando su situación de incomunicación, justificando esta medida en la necesidad de «practicar una serie de diligencias de investigación».
Las informaciones que se filtran desde algunos medios de comunicación sobre las circunstancias por las que han sido detenidos estos jóvenes y las acusaciones que pesan sobre ellos son contradictorias. Si bien en un principio aparecían vinculadas a actos de violencia callejera o “Kale Borroka” el juez parece considerar «acreditada» su pertenencia a la organización juvenil Segi por lo que se les imputaría a su vez organización terrorista, tras la declaración del Tribunal Supremo de esa organización juvenil como tal. Sin embargo, agencias insisten en la vinculación de los jóvenes a «delitos de estragos» y de «daños terroristas». Esta fluctuación en las acusaciones nos hace temer que las declaraciones bajo tortura podrían constituir la única base para dirigir la investigación, origen además de la prolongación del periodo de incomunicación. Esta es una situación absolutamente excepcional, pues solo conocemos un caso tras la reforma de la Ley Organica 15/03 por la que se aumenta el periodo de incomunicación de 5 días a 7, en el que se haya decretado la incomunicación por semejante periodo.
Esta situación se genera además en pleno debate sobre las medidas adoptadas por el juez Baltasar Garzón, consideradas en sus propias palabras un “protocolo” pero que se puede concluir que además de no resultar del todo eficaces, no son implementadas ni en todos los casos por el propio Baltasar Garzón, ni por otros jueces de la Audiencia Nacional, como es el caso del juez instructor de este caso, Grande Marlaska. Añadir simplemente que cuando se le requirió a este juez por parte de los abogados que se aplicarán las medidas en alguna ocasión aplicadas por Garzón –decretar que se graben la estancia en incomunicación, permitir la entrada de un médico de su confianza o poner en conocimiento de la familia el estado del detenido- el magistrado respondió que «el Estado de Derecho cuenta con los mecanismos necesarios para garantizar la defensa de las personas detenidas».
Esta es lamentablemente la opinión más extendida en ese tribunal especial, y desafortunadamente, el grado de cumplimiento que tienen las recomendaciones internacionales en referencia al régimen de incomunicación.
