Francisco Etxeberria: «Si se produce un solo caso de torturas hay que reprochárselo a la autoridad judicial, y después a la Policía».
Francisco Etxeberria discrepa de los que, y más aún con los cambios propuestos por el juez Garzón, apuntan al papel de los médicos forenses como clave para esclarecer los casos de torturas. El profesional donostiarra apunta a la responsabilidad de los magistrados.
El especialista en Medicina Legal y Forense Francisco Etxeberria cuenta con un dilatada experiencia como médico forense en el ámbito de la Justicia. Como profesional ha conocido muy de cerca casos de torturas tan conocidos como el de Joxean Lasa y Joxi Zabala o el de Unai Romano. Advierte de que «si se produce un solo caso de torturas hay que reprochárselo a la autoridad judicial, y, como secundario, a la Policía». ¿Por qué? Etxeberria entiende que una persona es detenida por orden directa o bajo el conocimiento de un magistrado, por lo que de facto éste pasa a ser el responsable máximo de todo lo que le pueda ocurrir a la persona arrestada en todo ese periodo de privación de su libertad.
Etxeberria fue el médico forense titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia durante la década de los 80. En ese tiempo, asegura, vio todo tipo de casos de malos tratos y torturas. Recuerda cómo «el 100% de los detenidos en delincuencia común, todos, llegaban con algún problema de malos tratos o de torturas». Y qué decir sobre los vascos arrestados bajo la llamada «ley antiterrorista». Ante la continua escalada de casos sospechosos, comenzaron a realizar reconocimientos médicos, también a los acusados de pertenecer a ETA o los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Pero subraya que los obstáculos eran continuos y permanentes. El especialista en medicina forense incide en que los cuerpos policiales no estaban acostumbrados a aceptar la autoridad superior del ámbito judicial.
Trae a colación, entre otros aspectos, cómo descubrieron en el ya derruido cuartel de la Guardia Civil del Antiguo un mecanismo sujeto al marco de una puerta para llevar a cabo la práctica de torturas conocida como «la bañera», y cómo el propio juez debió personarse allí para desmantelar el sistema. O cómo una vecina del Antiguo interpuso una denuncia por los incesantes gritos que escuchó por la noche, debido a las torturas que infringían a una persona detenida.
«Unai Romano no murió de milagro».
Pero Etxeberria es consciente de que la sombra de la tortura sigue planeando sobre comisarías y acuartelamientos. Etxeberria fue quien analizó los informes médicos de Unai Romano y concluyó que las lesiones en la cabeza, que trascendieron a la opinión pública debido a una impactante fotografía, procedían de un goteo continuo de golpes. «Unai no murió de milagro», subraya.
Apunta, además, que «la metodología de los interrogatorios también ha cambiado» en estos años, con tendencia hacia la especialización. Tampoco tiene dudas de que las FSE emplean conocimientos de sicólogos «para saber más cosas de las personas detenidas» a través de su caligrafía o de otros mecanismos similares.
Ahondando en el caso de las torturas, Etxeberria hace hincapié en la valoración de Amnistía Internacional sobre cómo vive la sociedad los casos de torturas y por la que entiende también que se mantienen «este tipo de cosas»: AI estima que un 50% de las personas pertenecen a un grupo «que no se cree» que existan las torturas y que el otro 50% «no quiere creérselo». Pero existen. Y, sobre las personas que sufren en carne propia los maltratos, el médico donostiarra incide en que «cada ciudadano responde de modo diferente» a los abusos. Apunta que cuando una persona relata que «me han tenido toda la noche haciendo flexiones» se puede pensar que el detenido exagera, y se desacredita su testimonio. Y eso, al parecer de Etxeberria, supone «un gran problema».
Recuerda cómo el actual fiscal-jefe de la Audiencia Nacional española, Javier Zaragoza, afirmaba cuando trabajaba en el Juzgado de Donostia que «basta que esto ocurra una sola vez en un proceso que se está investigando para que se descalifique la totalidad». Pero justamente en el tribunal español de excepción no se ha investigado ningún caso de las cientos de denuncias interpuestas, casi en su totalidad, por ciudadanos vascos.
En cuanto al papel de los forenses, insiste en que «es un error pensar que el tema de las torturas se tiene que esclarecer con la acreditación del médico forense. Es el juez el que tiene que ser objeto principal del reproche, y después la Policía».
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