El fiscal evoca la cadena perpetua para los detenidos en Cahors.
Oihan Barandalla, Ander Mujika, Alaitz Aramendi y Luis Iruretagoiena, detenidos el sábado en Cahors, podrían enfrentarse a una petición de cadena perpetua, según anunció ayer el fiscal jefe de París, Jean Claude Marin. En una actuación sin precedentes, el fiscal francés compareció ante los medios de comunicación junto al responsable de la Policía Fréderic Veaux para dar cuenta de la operación policial.
En lo que constituye un hecho inédito, Jean-Claude Marin, fiscal jefe de París, compareció ayer ante los medios de comunicación para valorar la operación policial del sábado pasado en Cahors, que se saldó con la detención de cuatro presuntos militantes de ETA, y aprovechó la presencia de los focos para anunciar que los cuatro ciudadanos vascos podrían ser condenados a cadena perpetua.
Marin, que acudió a la rueda de prensa junto al subdirector de la Dirección Antiterrorista de la Policía Judicial, Fréderic Veaux, detalló que la Fiscalía francesa imputará a los detenidos -Luis Iruretagoiena, Alaitz Aramendi, Oihan Barandalla y Ander Mujika- un «delito de secuestro y robo a mano armada en banda organizada en relación con una organización terrorista», que podría enfrentarles a la mayor pena que contempla la legislación francesa.
A este respecto, nada más producirse las detenciones, fuentes policiales y el propio ministro del Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ligaron a los cuatro ciudadanos vascos con la explosión de una furgoneta en Castelló el domingo, 26 de agosto y, relacionado con este hecho, con la retención de los dueños de la furgoneta y de su hijo.
Precisamente, Marin aseguró en su comparecencia que «las detenciones son fruto de una investigación rápida iniciada el 27 de agosto después de la denuncia de una pareja de turistas españoles que fue secuestrada en Las Landas».
Este relato de los hechos, sin embargo, no se corresponde con lo manifestado en los últimos días por responsables policiales españoles y lo publicado en diversos medios de comunicación, que afirmaban que la operación policial era consecuencia de una «intensa» labor de investigación por parte de la Policía francesa y la Guardia Civil española.
De hecho, «El Correo» publicaba ayer que la vivienda de Cahors llevaba semanas vigilada por efectivos policiales, lo que, por otra parte, tampoco sería coherente con la vinculación de los detenidos con la explosión de Castelló, ocurrida apenas seis días antes de los arrestos.
En cualquier caso, Veaux informó de que la casa fue alquilada en marzo por una persona que se hacía pasar por trabajador de Michelin, y señaló que la misma era «un laboratorio para fabricar explosivos destinados a cometer atentados en España». Asimismo, aseguró que entre los elementos hallados en el inmueble, se encuentran «pruebas tangibles» para imputar a los cuatro detenidos su participación en cuatro robos cometidos en el Estado francés.
Concretamente, el responsable policial se refirió a dos pistolas de las 350 robadas en una fábrica de armas en la localidad de Vauvert; polvo de aluminio sustraído en Normandia; material de alpinismo que se llevaron de Alsacia; y placas de matrícula para vehículos.
Concentración en Tolosa.
Por otra parte, en protesta por la operación policial, ayer se desarrollaron movilizaciones en las localidades de los detenidos, y en Tolosa se realizó una concentración frente al juzgado para denunciar el juicio celebrado contra un joven vecino de este municipio que el sábado fue detenido por la Ertzaintza.
Aquel día, el mismo en que se produjeron las detenciones de Cahors, la Policía autonómica identificó a cuatro personas que se encontraban colocando carteles que llamaban a una manifestación de protesta, y detuvo a una de ellas. Una hora más tarde, los ertzainas detuvieron a otro joven, y finalmente ayer fue juzgado, mediante el procedimiento de juicio rápido, uno de los dos detenidos.
