Ante la elección de Leopoldo Torres Boursault como miembro del Subcomité Internacional de Prevención de la Tortura.
El día de hoy, Leopoldo Torres Boursault ha sido elegido, a propuesta del Gobierno español, miembro del Subcomité Internacional previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT).
Esta elección pone en cuestión la independencia de los organismos que deberán fijar las normas reales de funcionamiento del Protocolo, y supone una quiebra en las expectativas generadas por la aprobación por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2002 y la ratificación del mismo por el Gobierno español, en abril de este año.
Los principios y garantías de funcionamiento transparente que se establecen en el Protocolo, así como los principios recomendados por los sectores y organismos internacionales y nacionales implicados en la puesta en marcha del Protocolo como son la participación de la sociedad civil, la total independencia de los poderes de los estados,... la exigencia de una distribución geográfica equitativa de los miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes, puede haber sido anuladas de un mazazo:
a) En el Estado español, se está anulando toda posibilidad de participación de la sociedad civil en el proceso de puesta en práctica del Protocolo, que se está llevando a cabo a espaldas y en contra del criterio de las organizaciones de defensa de los derechos humanos con una participación más activa en la lucha contra la tortura. Este es el caso de los pasos claves dados, hasta ahora, por las autoridades españolas: la autodesignación, pero con el apoyo público del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Oficina del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (conocida el 3 de octubre de 2006) y la propuesta efectuada por el Gobierno español, y ahora ratificada por los Estados parte, de que Leopoldo Torres forme parte del Subcomité Internacional de Prevención de la Tortura.
b) En la denuncia pública del pasado 28 de noviembre , la Coordinadora para la Prevención de la Tortura sospechaba que la propuesta del Gobierno español para que el Sr. Torres Boursault formase parte del Subcomité Internacional sólo podía obedecer a la intención de mantener bien cerradas las “cloacas del Estado” y “premiar”, con un cargo internacional, por los “servicios prestados” a quien le ayudó cuando se vio acosados por las investigaciones sobre el terrorismo de Estado y los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Leopoldo Torres, fue nombrado como Fiscal General del Estado, por el Gobierno de Felipe González, el 27 de enero de 1990, meses antes de que comenzara, en la Audiencia Nacional, el juicio contra Amedo y Domínguez (primero de los juicios contra los GAL ), jugando un destacado papel en las maniobras efectuadas desde dicho Gobierno para obstaculizar la investigación de las tramas del Terrorismo de Estado. Cesó en el cargo tan pronto el Gobierno creyó cerrada la investigación por el Tribunal Supremo, en abril de 1992.
Su elección, ahora, por los representantes de los Estados partes del Protocolo, pese a conocer su oscuro pasado, sólo puede obedecer a la intención de los Gobiernos, no solo del español, de dar una apariencia de buena voluntad para luchar contra la tortura, al tiempo de mantener bien cerradas las “cloacas del Estado”, de cualquier Estado: “Hoy por ti, mañana por mí”.
c) La ausencia de representantes de África y Asia, en el Subcomité elegido en el día de hoy, podría deberse a un acuerdo previo de los estados de la Unión Europea para decidir que estados europeos estarán en el Subcomité, desatendiendo las indicaciones del propio Protocolo.
Pese a estos “jarros de agua fría”, con la voluntad de contribuir a crear mecanismos de prevención de la tortura auténticamente eficaces, desde la Coordinadora para la Prevención de la Tortura reafirmamos nuestra intención de participar, junto al resto de la sociedad civil, en el proceso de puesta en marcha de los mismos y de elección de los miembros de los comités que prevé el Protocolo Facultativo.
Para nosotros es evidente que la tortura es una herramienta de los Estados y por tanto consideramos que no son los Estados, sino las sociedades civiles quienes deben desarrollar y protagonizar tanto los mecanismos de denuncia como los mecanismos de prevención de la tortura. Por eso, afirmamos que la no participación en estos procesos de las organizaciones y personas que, desde hace ya muchos años, vienen luchando contra la tortura (y entre ellas, de forma muy especial aunque no únicamente, las que componen la Coordinadora para la Prevención de la Tortura), acabará por despojar de cualquier atisbo de credibilidad a los posibles mecanismos que pudieren crearse desde y para el Estado.
Una vez más, exigimos al Gobierno español y a las autoridades competentes que inicien un proceso de conversaciones con la sociedad civil previo a la creación de los mecanismos de prevención de la Tortura (que deberá estar finalizado antes del 22 de junio próximo) y a la designación de los componentes de dichos mecanismos.
1 El comunicado íntegro puede leerse en: http://www.prevenciontortura.org/spip/spip.php?article30.
2 Para todo lo referente a este proceso, nos remitimos al comunicado ya indicado.
3 Los GAL fueron responsables de una treintena de asesinatos y decenas de heridos y atentados entre octubre de 1983 y julio de 1987).
La Coordinadora para la Prevención contra la Tortura, está formada por:
Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura (ACAT), Alerta Solidària, Asociación APOYO, Asociación Érguete, Associació Catalana per la Defensa del Drets Humans, Associaçaõ Contra a Exclusão pelo Desenvolvimento, Asociación Contra la Tortura, Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Asociación Libre de Abogados, Associació Memòria Contra la Tortura, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación de Solidaridad y Apoyo a los Presos de Aragón, Behatokia (Observatorio Vasco de Derechos Humanos), Centro de Asesoría y Estudios Sociales, Centro de Documentación Contra la Tortura, Comissió de Defensa del Collegi d´Advocats de Barcelona, Comité Anti-Sida de Lugo, Concepción Arenal, Coordinadora Antirepressiva de Gràcia, Coordinadora Contra la Marginación de Cornellá, Coordinadora de Barrios de Madrid, Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, Esculca (Observatório para a defensa dos direitos e liberdades), Etxerat, Federacion de Asociacions de Loita contra a Droga, Federación Enlace, Fundación Érguete, Grupo de Solidaridad con EuskalHerría en Madrid, Grupo 17 de Marzo, Gurasoak, Institut de Drets Humans de Catalunya, Justicía i Pau, Movemento polos Dereitos Civis, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, Pastoral Penitenciaria de Lugo, PreSOS Extremadura, PreSOS Galiza, Rescat, SalHaketa (Bizkaia), SalHaketa (Araba), Torturaren Aurkako Taldea, Torturaren Kontrako Taldea, Voluntariado Penitenciario de Lugo, Xusticia e Sociedade.
