Garzón ordena que se grabe en vídeo a las personas detenidas incomunicadas.
Califican las medidas de Garzón de paso adelante pero insuficiente.
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón emitió ayer un auto en el que decreta, entre otras medidas, que se grabe permanentemente en vídeo a las personas detenidas en régimen de incomunicación durante su estancia en dependencias policiales.
Además, los arrestados podrán ser reconocidos por médicos de confianza sin perjuicio de los exámenes de los forenses de la Audiencia Nacional al menos cada ocho horas y su paradero deberá ser conocido en todo momento por sus familiares.
Aunque el auto ha sido emitido con motivo de once arrestos llevados a cabo el martes en Ceuta, la orden se aplicará a todas las personas acusadas de «terrorismo» cuyos casos sean instruidos por el magistrado. Garzón se reserva la posibilidad de poder personarse en el lugar en el que estén los detenidos en cualquier momento que considere oportuno. Asimismo, el juez será informado de las características del lugar de detención y del tiempo en el que han permanecido sin contacto con otras personas.
En el auto, Garzón explica que toma estas medidas para «prevenir la propia acción de los funcionarios y los derechos de los detenidos». Fuentes del propio tribunal especial manifestaron a GARA que «no se descarta que otros jueces de la Audiencia Nacional adopten las mismas medidas».
Pese al mantenimiento de la incomunicación, estas órdenes del magistrado darían cumplimiento si se hacen realmente efectivas a buena parte de las medidas reclamadas por numerosos organismos tanto de EuskalHerria como internacionales en el camino para la erradicación de la tortura y los malos tratos.
Califican las medidas de Garzón de paso adelante pero insuficiente.
Torturaren Aurkako Taldea (TAT) acogió ayer con cautela las medidas decretadas por el juez Baltasar Garzón acerca de la grabación en vídeo de las personas en régimen de incomunicación y de su acceso a médicos de su confianza. Uno de los representantes de este organismo, Aiert Larrarte, indicó a GARA que es necesario analizar el auto porque «Garzón sabe más de marketing que de derecho».
No obstante, reconoció que la aplicación efectiva de estas medidas «dificultan la práctica de la tortura. Pero nosotros queremos que desaparezca, y para ello es necesario que desaparezcan la incomunicación y la Audiencia Nacional».
Larrarte expuso los tres pilares que, a juicio de TAT, son necesarios para «acabar con la tortura y sus consecuencias: garantías para que no se produzcan, reparación de las víctimas y reconocimiento de su existencia por parte del Estado». En este sentido, emplazó al propio Baltasar Garzón a «reconocer» todos los casos de personas que han denunciado malos tratos cuando han comparecido ante él sin que se haya abierto ninguna investigación.
Desde el Gobierno de Lakua, su portavoz, Miren Azkarate, estimó que la decisión de Garzón es un paso «en la dirección correcta y tendría que servir para que todos los jueces, en general, reflexionen sobre las denuncias de torturas y para hacer una reflexión general sobre las situaciones que se han producido y las que se siguen produciendo todavía».
«Ha mirado hacia otro lado».
Joseba Azkarraga manifestó que «cuando se rectifican actuaciones anteriores en positivo, hay que alabarlo».El consejero de Justicia subrayó que «hasta hace muy poco tiempo» Garzón «ha estado mirando hacia otro lado cuando ante su mismo despacho se han denunciado violaciones de derechos humanos y torturas en los interrogatorios»y «nunca ha hecho absolutamente nada».
El secretario general de EA, Unai Ziarreta, reclamó a la Audiencia Nacional que estas medidas se extiendan a todos los sumarios, independientemente de quién sea el instructor. A su juicio, Garzón «rectifica la que hasta ahora ha sido su línea de actuación: cerrar los ojos y los oídos ante las denuncias de tortura que infinidad de detenidos han hecho en su despacho tras pasar por manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado». Sin embargo, tildó de «insuficiente» el auto, ya que «en ningún momento se cuestiona la aplicación del régimen de incomunicación, que es lo que está en la base misma de la tortura».
Oskar Matute (EB) consideró «correcta» la orden y pidió se extienda al resto de juzgados y de dependencias policiales para evitar «la desprotección del detenido en función del delito cometido y del tribunal que le encause».