El Parlamento de Gasteiz exigirá el fin de la Audiencia Nacional española y el resarcimiento de los torturados.
La Mesa del Parlamento vasco decide hoy la urgencia de la propuesta presentada por PNV, Ezker Abertzalea, EA y ARALAR.
La Mesa del Parlamento decidirá hoy si admite la tramitación por el procedimiento de urgencia de una proposición no de ley presentada por PNV, Ezker Abertzalea, EA y Aralar en la que se exige la desaparición de la Audiencia Nacional, la suspensión de todos los procedimientos judiciales donde se haya aplicado la tortura a los detenidos y el reconocimiento de la existencia de torturas como vía de resarcimiento de los afectados por esta práctica. La justificación de la urgencia viene dada por la proximidad de un juicio a trece personas, entre ellas Unai Romano, en el tribunal español.
Los grupos parlamentarios PNV, EA, Ezker Abertzalea y Mixto-Aralar registraron el pasado viernes una proposición no de ley que denuncia en términos muy duros la práctica de la tortura, que llega a calificar de «sistemática» en algunos casos, y exige la desaparición de la Audiencia Nacional.
La aprobación de la propuesta está garantizada por la mayoría que suman los proponentes. Lo que la Mesa de la Cámara debe determinar en el día de hoy es si la tramitación se realiza por el procedimiento de urgencia. Los grupos firmantes desean que el texto sea aprobado durante el mes de noviembre, antes de que los próximos días 4 y 5 de diciembre se celebre en la Audiencia Nacional un juicio contra trece personas detenidas en Araba en los años 2001 y 2002, entre las que se encuentra Unai Romano, cuya denuncia de torturas vino acompañada de una fotografía con la cabeza hinchada y su cara desfigurada tras el paso por las dependencias de la Guardia Civil.
El desempate depende de EB.
En principio no cabe esperar que haya obstáculo a la tramitación urgente. Por una parte, los componentes de la Mesa tienen un acuerdo tácito aunque no siempre cumplido para que aquellos asuntos en los que existe un apremio de fechas tengan este tratamiento preferencial.
También la composición del órgano rector de la Cámara parece facilitar la decisión. Dos de sus miembros son de los grupos firmantes de la propuesta. En caso de que los representantes de PSEy PP se opusieran a la urgencia, el desempate quedaría en manos de Kontxi Bilbao, de EB, formación que comparte coalición de Gobierno con PNV y EA.
Fuentes parlamentarias de Ezker Batua adelantaron ayer a GARA que, en circunstancias normales, su representante en la Mesa no sería un obstáculo para la tramitación por vía de urgencia de la proposición.
Informes internacionales.
El texto planteado para su debate en la Cámara señala que «en la historia reciente de nuestro país las denuncias de torturas sobre personas detenidas e incomunicadas han estado presentes con cierta frecuencia. Los informes del Relator de Naciones Unidas contra la Tortura han recogido en varias ocasiones estas denuncias. Asimismo organizaciones internacionales, como Amnesty International, también han recogido en sus informes dichas denuncias».
Según los proponentes, «todos han vuelto a reiterar la necesidad de acabar con esta lacra incompatible con un Estado de Derecho democrático, la ilegitimidad de utilizar los testimonios obtenidos bajo tortura en los procesos judiciales y la responsabilidad de los gobiernos a la hora de poner los medios necesarios para hacer imposibles estas prácticas que suponen una grave vulneración de la declaración de derechos humanos».
Archivo de la causa.
Por todo ello, ante el próximo inicio del juicio en la Audiencia Nacional contra trece personas cuyas acusaciones de «colaboración» o «pertenencia a banda armada» se basan en los testimonios de los propios detenidos, que tras su paso por dependencias de la Guardia Civil denunciaron malos tratos, los grupos parlamentarios PNV, Ezker Abertzalea, EA y Aralar han presentado una proposición que demanda la suspensión de esta causa, así como el archivo de todos los procedimientos judiciales «donde se haya aplicado tortura e incomunicación a los detenidos».
Además, los proponentes instan al Gobierno español a derogar la legislación especial y a acabar con la incomunicación de los detenidos.
También exigen el fin de la Audiencia Nacional, un tribunal excepcional donde, según aseguran los firmantes de la propuesta, «no se hacen efectivas las garantías judiciales y se aplica la denominada justicia del enemigo».
Uno de los puntos más significativos de la proposición no de ley es aquel en el que se insta al Gobierno español al «reconocimiento político de la existencia de torturas y de su aplicación en algunos casos de forma sistemática». PNV, Ezker Abertzalea, EA yAralar entienden que este reconocimiento político del Gobierno español abriría una «vía de resarcimiento a todos los afectados por esta práctica».
El Parlamento de Gasteiz, por su parte, se compromete a ofrecer a las víctimas de la tortura su solidaridad y «cuanto acompañamiento sea necesario».
Fueron los propios afectados por la actuación de la Guardia Civil, que serán juzgados los días 4 y 5 de diciembre en la Audiencia Nacional, quienes recientemente solicitaron al Parlamento autonómico la adopción de estos acuerdos. Según subrayaron Lexuri Agirre y Unai Romano dos de los encausados, «ahora es el momento de pasar de las palabras a los hechos».
La declaración más contundente contra la Audiencia Nacional española.
El Parlamento de Gasteiz, bien a través de acuerdos de Pleno como de diversas comisiones, ha manifestado su posición contraria a diversas decisiones adoptadas por la Audiencia Nacional, y aunque en algunos de esos acuerdos podía verse implícita una denuncia de la propia función de este tribunal, nunca hasta la fecha se había exigido su desaparición y se le había criticado directamente por aplicar la «justicia de enemigo».
En ocasiones anteriores se habían denunciado actuaciones concretas como la que conllevó el cierre de “Euskaldunon Egunkaria” por lo que suponían de conculcación de derechos, o intromisiones del tribunal en la actividad del propio Parlamento, como cuando denegó a Josu Urrutikoetxea y Joxean Etxeberria, parlamentarios de Euskal Herritarrok encarcelados, acudir a la constitución de las comisiones.
Más habituales han sido las denuncias de todo tipo sobre la práctica de la tortura, aunque el Parlamento de Gasteiz siempre las ha dirigido hacia el Gobierno del Estado, dándose la paradoja de que se rechazaban propuestas que exigían que el Ejecutivo de Lakua se negara a aplicar medidas, como la incomunicación de los detenidos, que habían sido constantemente solicitadas por la Cámara a Madrid.
Proposamenaren bost puntuak.
1 Estatuko Gobernuari eskatzea Lege Antiterrorista indargabetu eta atxilotuen inkomunikazioa bertan behera utz dezala.
2 Auzitegi berezia den neurrian Auzitegi Nazionalaren desagerpena exijitzea, berme prozesalak betetzen ez dituelako, bereziki torturapean lortutako deklarazioak onartzen dituenean eta etsaiaren justizia delakoa aplikatzen duenean.
3 Auzitegi Nazionalari eskatzea tortura eta inkomunikazioa pairatu dituzten atxilotuen kontrako prozesu judizial guztiak bertan behera utzi eta artxiba ditzala.
4 Estatuko Gobernuari eskatzea torturaren erabilpena eta kasu batzuetan sistematikoki aplikatu dela aitor dezala, praktika hau pairatu duten guztientzako ordain gisa.
5 Giza eskubideen urraketen aurrean beste batzuetan eginiko adierazpenekin koherentea izanik, praktika hauek pairatu dituztenei elkartasuna adierazi eta zentzu honetan behar den laguntza osoa eskaintzen die.
La importancia de reconocer la tortura y a los torturados.
Los próximos días 4 y 5 de diciembre van a ser juzgadas en la Audiencia Nacional trece personas a las que se les imputan delitos de «colaboración» y «pertenencia a banda armada». Las acusaciones se basan en las declaraciones de los detenidos, que denunciaron haber sido torturados durante su estancia incomunicada en manos de la Guardia Civil. Imagen de aquellas denuncias fue el rostro irreconocible de Unai Romano, fotografía que conmocionó a cuantos la observaron. Ante el inicio de este juicio, PNV, Ezker Abertzalea, EA y Aralar han presentado en el Parlamento de Gasteiz una interesante proposición no de ley, que no se limita a denunciar una vez más la práctica de la tortura, sino que exige que se adopten medidas concretas, como el archivo de los procedimientos judiciales basados en las declaraciones obtenidas con malos tratos y la disolución de la propia Audiencia Nacional, a la que acusa de practicar la «justicia del enemigo». Pero hay otro punto de extrema importancia, la demanda al Gobierno español (que debería extenderse también a otros ejecutivos, como el de Lakua) del reconocimiento político de la existencia de torturas como vía para el resarcimiento de los afectados. Es demasiado común que cuando se aborda la cuestión de las víctimas del conflicto se mire exclusivamente hacia un lado. Por eso es importante que las víctimas causadas por el Estado empiecen a entrar también en la agenda institucional.
