El consejero de Interior, Javier Balza, engañó al Parlamento vasco.
El consejero de Interior, Javier Balza, fue ayer al Parlamento con la lección bien aprendida. Sobre su departamento recaía una grave acusación: propiciar la prolongación de la estancia en prisión de un joven pudiendo saber que la acusación no era cierta. Con palabras y datos aparentes, indujo a los parlamentarios a tener por cierto lo que no es. A unos, porque ya iban dispuestos a creer lo que fuera. A otros, por impericia.
El joven vizcaino Andoni Beroiz estuvo en prisión acusado de unos hechos ocurridos sobre las 1.45 horas del 1 de enero del año 2000 en Galdakao, cuando ese mismo día y a esa misma hora la Ertzaintza había levantado un atestado del accidente de tráfico en el que se vio implicado en el término municipal de Zuia, en Araba, a la suficiente distancia kilométrica como para que cuando finalmente los tribunales que tuvieron conocimiento del hecho decretaran su inmediata absolución.
El Ararteko tomó cartas en el asunto y criticó diversos aspectos de la actuación del Departamento de Interior. Entre ellos, su supuesta tardanza en remitir a la Audiencia Nacional el atestado exculpatorio.
Javier Balza compareció ayer en la Comisión de Interior del Parlamento a petición de la representante de Aralar, Aintzane Ezenarro, para dar su versión de lo ocurrido. El consejero acudió con la lección bien aprendida, desplegando ante sus señorías una gran profusión de datos, hasta acabar induciéndoles al engaño.
El truco de balza.
El consejero de Interior hizo especial hincapié en diferenciar dos detenciones que había sufrido Andoni Beroiz. La primera, el 11 de noviembre de 2002, por una investigación de la Ertzaintza en la que encuentra una huella dactilar del imputado en un lugar donde se había producido un acto de kale borroka. Tras dos meses en prisión, Andoni Beroiz es puesto en libertad. Pero una semana después es vuelto a ser detenido por la Ertzaintza.
Javier Balza remarcó varias veces que esta segunda detención no se produce por iniciativa de la Policía autonómica, sino de un juez de la Audiencia Nacional, dentro de unas diligencias por «tenencia de explosivos» y «pertenencia a banda armada». El consejero explicó su creencia de que la acusación estaba relacionada con «la construcción de un zulo para material terrorista en la zona de Galdakao». Y añade: «Desde luego, en el momento de la detención, la Ertzaintza ni conoce la causa concreta ni el motivo por el que se ordena la detención, sólo sabe que es un procedimiento distinto del que llevaba la Ertzaintza y motivó la primera detención, y desde luego la Ertzaintza no dispone de ningún dato, en este conjunto, que lo asocie con un accidente de tráfico».
Es decir, como puede apreciarse, el consejero de Interior establece una relación directa entre el caso del accidente y esa segunda detención, que dice creer motivada por la construcción de un zulo y en cuya investigación la Ertzaintza insiste una y otra vez no tuvo nada que ver.
Y ahí hay truco, porque los hechos imputados a Andoni Beroiz el día del accidente no tienen nada que ver con la construcción de ningún zulo. Se le acusaba de haber participado en el lanzamiento de 54 cócteles molotov contra el cuartel de la Guardia Civil de Galdakao. Y la Ertzaintza tenía perfecto conocimiento de eso, porque la imputación se basa en las declaraciones de otros detenidos realizadas durante los días que permanecieron detenidos e incomunicados en la base de la Policía autonómica de Arkaute, tras los cuales denunciaron haber sido objeto de torturas.
Esto significa que la Ertzaintza imputó un delito a Andoni Beroiz cuando en sus archivos figuraba el atestado del accidente que demostraba que era imposible que pudiera haber participado de ese ataque con cócteles molotov.
La tardanza.
Entre las críticas del Ararteko al Departamento de Interior figuraba también la tardanza de éste en remitir a la Audiencia Nacional el atestado exculpatorio. Balza se defendió diciendo que la primera solicitud no hacía referencia alguna a Andoni Beroiz, sino a otro inculpado, y que no pedía el atestado sino diversas informaciones sobre la ubicación de Zuia y Galdakao y la distancia entre ambos puntos. Del segundo requerimiento dijo que no existe constancia de que ni hubiera salido de la Audiencia Nacional ni llegado a la Ertzaintza. Y añadió que la tercera petición de 1 de febrero de 2005, en la que se solicitaba expresamente el atestado policial del accidente, fue remitida a la Audiencia Nacional el 9 de febrero.
Criticas al Ararteko.
El consejero de Interior fue muy crítico con el Ararteko, al que acusó de «irresponsabilidad absoluta». En opinión de Balza, no puede decirse que hubiera irregularidades ni cabe atribuir a la Ertzaintza retraso alguno en la remisión del atestado del accidente. A su entender, el fallo estuvo en la Audiencia Nacional, pero, dirigiéndose al Ararteko, afirmó que «probablemente es más fácil acusar a la Ertzaintza que meterse en un ‘pollo’ con la Audiencia Nacional».
Sobre este caso revolotean además la denuncias de torturas, que el consejero niega reiteradamente, destacando que el juez archivó todas las causas. Balza había querido expresamente así lo dijo pasar por alto esta cuestión pese a que la resolución del Ararteko se refiere a la queja de dos detenidos denunciando torturas pero la abordó a instancias del parlamentario de Ezker Abertzalea, Julián Martínez.
El consejero pidió que se tenga respeto a las decisiones judiciales cuando sobreseen casos de tortura, y criticó al Ararteko por señalar en su informe que el hecho de que las declaraciones policiales fueran ratificadas ante el juez puede deberse a que los detenidos seguían bajo la presión del trato recibido.
Javier Balza contestó a la pregunta de por qué uno o varios detenidos pueden inculpar a otro falsamente, pero no a la de cómo es posible que personas incomunicadas que no han hablado entre sí pueden denunciar las mismas prácticas de malos tratos.
Esta pregunta que el parlamentario de Ezker Abertzalea planteó en la comisión la repitió después en el exterior el propio Andoni Beroiz. Acompañado de su padre que ha realizado una intensa campaña de denuncia pública del caso y de un representante del TAT, denunció que las declaraciones inculpatorias habían sido obtenidas con torturas, y llamó la atención sobre el hecho de que él ha podido demostrar su inocencia gracias al accidente, pero que el resto de detenidos son igualmente inocentes.
Además, criticó que Balza le hubiera imputado en la comisión delitos que ni los tribunales españoles han podido todavía probar.
