Un millar de personas exige el fin de los juicios políticos y el cierre de la Audiencia Nacional española.
La demanda de acabar con los juicios de carácter político y de desmantelar la Audiencia Nacional española reunió ayer en las calles de Iruñea a un millar de personas, que respondieron a la convocatoria realizada por imputados por este tribunal y sus familiares. Tras recorrer distintas calles del centro de la ciudad, la movilización concluyó en la plaza del Castillo, donde se leyó un comunicado para denunciar las irregularidades del tribunal especial.
Un millar de personas se manifestaronayer en Iruñea en apoyo a los jóvenes procesados por las llamadas «detenciones preventivas» y en el sumario 8/97, abierto en relación de actos de kale borroka registrados en 1995 y 1996. Junto a ello, reclamaron el desmantelamiento de la Audiencia Nacional española y el archivo de las causas abiertas por este tribunal.
La marcha partió al mediodía desde la plaza del Baluarte y recorrió las calles del centro de la ciudad, pasando ante las sedes de UPN y el PSN y la Delegación del Gobierno español, donde se corearon consignas como«Euskal presoak, Euskal Herrira», «Audiencia Nacional, derogación» o «Audiencia Nacional, tribunal criminal».
Agentes de la Policía española se dirigieron a la cabeza de la manifestación nada más comenzar su andadura y les comunicaron que tenían que respetarel recorrido anunciado y que los lemas que se corearon debían ceñirse al motivo de la convocatoria.
Esta actuación policial fue contestado por los asistentes a la manifestación con gritos de «libertad de expresión». Finalmente, la movilización pudo llevarse a cabo sin más incidencias.
Lamanifestación estaba encabezada por una pancarta en la que podía leerse «Epaiketa politikorik ez. Audiencia Nacional, tribunal antidemocrático» y que era portada por alguno de los imputados en estas causas, y familiares.
La marcha concluyó en la plaza del Castillo, donde los procesados Mikel Auza y Juan Pablo Montoya leyeron un comunicado junto a Javier Redin (padre del imputado Unai Redin) y Maria José Barberia (madre de la procesada Ikerne Indakoetxea).
Todos ellos reclamaron el archivo de las dos causas abiertas por la Audiencia Nacional, ya que, según denunciaron, están basadas en numerosas irregularidades.
Así, recordaron que el caso de las llamadas «detenciones preventivas» se basaúnicamente en unos documentos supuestamente incautados a IbonFernández Iradi, en los que, según la Policía, aparecerían encriptados una serie de nombres de personas «dispuestas a colaborar con ETA». Junto a ello, se han tenido en cuenta las declaraciones obtenidas durante el periodo de incomunicación. «Los cuatro ciudadanos navarros detenidos en este operativo fueron torturados, pero sólo dos de ellos tuvieron el valor de denunciar este hecho ante el juez», destacaron.
Las declaraciones obtenidas durante el periodo de incomunicación también son la base del sumario 8/97, en el que están imputados doce navarros por hechos registrados hace más de diez años. Ochopersonas que fueron detenidas en este operativo denunciaron haber sido torturados.
El comunicado que se leyó tras la manifestación de ayer denuncia que la tortura se aplicó incluso a menores de 16 años.
«Sin presunción de inocencia».
Por todo ello, se destaca que «no se ha respetado la presunción de inocencia, ya que son los acusados quienes tienen que demostrarque son inocentes. Es más, han pasado años en la cárcel porque no se ha respetado esta presunción de inocencia».
Asimismo, denunciaron la falta de proporcionalidad que existe entre la debilidad de las pruebas presentadas por la acusación y la elevada petición de años de cárcel del fiscal. En el caso de las «detenciones preventivas» se piden un total de 44 añosy en el 8/97 se solicitan 401 años.
En la marcha de ayer también se denunció que la Audiencia Nacional española no ofrece las mínimas garantías para celebrar un juicio justo, «como ha quedado demostrado con el 18/98, donde se juzga a seis navarros».
«No pedimos sólo que se archiven estos juicios, sino que se acabe con todos los juicios políticos y con la propia Audiencia Nacional, ya que no tiene independencia jurídica, sino que actúa en función de los intereses del Estado español y de los mandatarios de turno», añadieron.
«Su objetivo no es impartir justicia, sino condicionar la vida de los ciudadanos vascos. Es un tribunal de guerra para defender los intereses de los unionistas españoles frente a los derechos de todo un pueblo», denunciaron.
