Autos de prisión sin hechos ni fundamentos.
El juez Grande-Marlaska sólo ha notificado la parte dispositiva de los autos de prisión que han llevado a la cárcel a Joseba Elosua, Ramón Sagarzazu, José Carmelo Lukin, Jean-Pierre Harocarene y Emilio Castillo, por lo que sus abogados, argumentando indefensión, pedirán la nulidad de esas órdenes.
Los ciudadanos vascos que fueron detenidos al sur del Bidadoa en la última operación policial y que posteriormente han sido encarcelados se encuentran en una situación insólita. Según se ha podido saber de fuentes jurídicas, en las notificaciones de los autos de prisión dictados por el juez Fernando Grande-Marlaska contra Joseba Elosua, José Carmelo Lukin, Jean-Pierre Harocarene, Ramón Sagarzazu y Emilio Castillo únicamente se notifica la parte dispositiva, es decir, la decisión judicial; no se recogen ni los hechos ni los fundamentos jurídicos.
A causa de que esos cinco presos se encontraban incomunicados, sus abogados no han tenido conocimiento de esa circunstancia hasta ahora. Una situación que los letrados califican como «evidente conculcación de derechos». Ante ello, el abogado de Harocarene, Lukin y Elosua ha solicitado la nulidad de sus autos de prisión, algo que la defensa de Sagarzazu y Castillo harán mañana.
El juez instructor de esta causa, en la que se imputa a los arrestados tener relación con «la red organizada de extorsión de ETA», alude al secreto de sumario para argumentar que sólo notifique la parte dispositiva de los autos de prisión.
De hecho, según aclaran las fuentes consultadas por este diario, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) señala que, cuando una causa se encuentra bajo secreto, existe un «régimen especial» por el que el magistrado puede notificar únicamente el fallo, como ha hecho Grande-Marlaska en estos cinco casos. «Sin embargo, el artículo 506 de la LEC explicita que, aun siendo secreta la causa, en ningún caso se omitirá en el auto de prisión una sucinta descripción del hecho imputado. En ese aspecto la ley es rotunda», advierten.
Sin tutela judicial efectiva.
Ese mismo artículo indica que, junto a una breve descripción de los hechos, en el fallo deben aparecer «el objetivo o los objetivos que se pretenden conseguir con la medida de prisión». La legislación habla en este caso de los supuestos de «eludir la acción de la Justicia, obstaculizar la investigación y la reiteración delictiva». Por tanto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que el auto de prisión al menos contenga esos dos elementos, algo que en las órdenes relativas a Castillo, Lukin, Harocarene, Sagarzazu y Elosua no ocurre.
«Se ocultan así al propio imputado y a la defensa los fundamentos de la decisión adoptada, con lo cual se anula la posibilidad de impugnación de ese fallo», censuran las mismas fuentes, quienes expresan gráficamente que el ejercicio del derecho a la defensa «resulta aquí absolutamente simbólico». Es por ello que los abogados de estos cinco ciudadanos vascos consideran que se ha vulnerado la tutela judicial efectiva, por lo que piden la nulidad de esos autos de prisión.
«El propio Tribunal Constitucional afirma que los elementos fácticos y los jurídicos son esenciales para la defensa, y si no se le notifican se le causa indefensión. Pues estamos ante esa situación», agregaron.
Las peticiones de nulidad deberá resolverlas Baltasar Garzón, ya que Grande-Marlaska abandonó el viernes el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española y todas sus causas han quedado en manos del titular del juzgado. «Si las aceptara, Garzón estaría obligado a dictar y notificar nuevos autos, en este caso con esos dos elementos mínimos estipulados por la LEC. Y cuando levante el secreto de sumario, deberá notificar el auto en su integridad», explicaron.
«¿Quién es el filtrador?».
El diputado del PNV en el Congreso de los Diputados Emilio Olabarria advirtió ayer que podría solicitarse la nulidad de las actuaciones judiciales contra el miembro de la ejecutiva jeltzale Gorka Agirre ante «las múltiples filtraciones del sumario», y denunció que no se haya abierto investigación alguna para esclarecer «quién es el filtrador».
Además, Olabarria manifestó que «revelar secretos es un delito penal que podría ser objeto de la correspondiente querella», y denunció que «no nos consta que el juez Grande-Marlaska esté investigando quién es el filtrador de parte del sumario, de lo que debe ser información de naturaleza sumarial».
Manifestación en Irun.
Unas 130 personas participaron ayer en la manifestación que convocó el movimiento pro amnistía de Irun para denunciar la detención de sus convecinos Jean-Pierre Harocarene, Joseba y José Inazio Elosua y Emilio Castillo. La movilización recorrió el municipio, que en estos días se encuentra inmerso en sus fiestas patronales.
Por otra parte, un comunicante anónimo asumió el sabotaje realizado el pasado 23 de junio contra el Juzgado de Zornotza en respuesta a las últimas detenciones practicadas por orden de Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert. «Los juzgados sólo sirven como instrumento de represión», denunció.
Los refugiados creen que se abre «una nueva fase de lucha» para su colectivo.
Fortalecer el proceso político abierto, realizar su propia contribución al mismo, mostrar las razones que se encuentran en el origen del conflicto y poner, con su propia actuación, garantías en contra de «falsas soluciones» son los aspectos de la «nueva fase de lucha» que, a juicio de sus integrantes, se ha abierto para el colectivo de refugiados políticos. Así lo manifestaron ayer en una comparecencia ante los medios de comunicación realizada en Arbona.
En una comparecencia en la que participaron decenas de refugiados, y en la que no faltaron tampoco las fotografías de sus dos compañeros detenidos en la última operación policial (Eloy Uriarte y Anjel Iturbe), este colectivo afirmó que, también para él, se abre «una nueva fase de lucha».
En el texto leído ayer en Arbona por Lore Zeziaga y Xabier Susperregi se explicita que las características de dicho tiempo consistirán en «fortalecer el proceso», en hacer su propia contribución al mismo, en mostrar «las razones que se encuentran en el origen del conflicto» y en aportar, a través de la actuación del propio colectivo, «garantías» para que «las heridas no se cierren en falso».
Los refugiados reconocieron que ambos estados siempre han querido condicionar el futuro de los miembros de este colectivo, pero, asimismo, quisieron lanzar un mensaje «alto y claro» a Madrid y París: «En adelante, nosotros decidiremos los pasos que vayamos a dar para ser dueños de nuestro futuro». Lo que sí exigieron a los estados y, en especial al francés, fue que reconozca y respete sus derechos.
En el turno de preguntas, a la formulada sobre si, además de esta declaración política, los refugiados tenían prevista alguna otra acción concreta, Lore Zeziaga respondió que el debate sobre sus actuaciones futuras está abierto, pero explicó que para desarrollarlo hay que tener en cuenta que éste es un «colectivo plural» que se encuentra disperso por diferentes continentes del mundo.
Lejos de la precipitación.
La comparecencia de ayer se produjo tras más de tres meses de que ETA decretara el alto el fuego, tal y como recogieron los refugiados en su texto. En este tiempo, el colectivo no ha hecho pronunciamiento alguno, pese a que, según explicaron, «damos una gran importancia a la nueva situación», en la medida en que «abre puertas a un avance firme en el camino de la resolución del conflicto».
No obstante, matizaron que no han querido caer en la vorágine creada, pues tras todos estos años saben que «las reacciones y análisis precipitados pueden crear confusión y falsas expectativas».
Para este colectivo, la nueva situación, «llena de oportunidades y de peligros», no se ha alcanzado gracias a quienes apostaron por la vía autonómica, sino gracias a aquellos que «han hecho frente a los estados y han luchado». «Nosotros, como colectivo, queremos reafirmar el valor de la lucha», apostillaron.
Tras resaltar la oportunidad abierta para avanzar hacia la consecución de los derechos de Euskal Herria, advirtieron que su propia experiencia de los últimos meses demuestra que «por desgracia, nada hay aún ganado». De este modo hicieron alusión a los ataques que ha sufrido el colectivo en los últimos tiempos. Además de enumerar las últimas detenciones y extradiciones (en el caso de México), informaron de que se han efectuado solicitudes de extradición contra un grupo de refugiados que vive normalmente en Ipar Euskal Herria.
Con todo, y pese a todas las dificultades, el colectivo manifestó ver «con confianza» el futuro, puesto que «gracias a la generosidad, compromiso y lucha de tantas generaciones se ha abierto una nueva oportunidad para que nuestros derechos sean reconocidos y respetados. En ese camino concluyeron resulta imprescindible la participación de todos, y el propio colectivo de refugiados políticos hará todo lo que esté en su mano para que, algún día, todos podamos vivir libres en Euskal Herria».
Un colectivo en el «punto de mira» de ambos estados por su carácter político.
La representación congregada ayer en Arbona de aquellos que se han visto obligados a huir de sus hogares por la represión entrelazó dos ideas: que se encuentran en «el punto de mira» de los dos estados, como lo demuestran la numerosas actuaciones policiales y judiciales, y que constituyen un colectivo de carácter marcadamente político.
En su escrito, los refugiados recordaron las medidas excepcionales que se les han aplicado y que aún se les aplican, como las expulsiones, las extradiciones, las asignaciones o las deportaciones (hay quien lleva 20 años en esa última situación). A todo ello hay que sumar que, en muchos casos, se produce una situación de ausencia de de- rechos, como ocurre en el propio Estado francés.
Toda esta persecución, a su juicio, «demuestra lo que los estados intentan negar: el carácter político de los refugiados».
Para remarcar esta misma idea, hicieron alusión a la reacción habida por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores francés con motivo del comunicado difundido recientemente por ETA y dirigido a las autoridades y la opinión pública del Hexágono. Aunque en la citada reacción París insistió en que la cuestión vasca atañe en exclusiva al Estado español, no pudo sino reconocer que la misma necesita una «solución política». Por lo tanto, para el colectivo, «si tal como ellos dicen hay que encontrar una solución política al conflicto, los refugiados que somos su consecuencia también tenemos carácter político». Añadieron que «al Estado francés le ha llegado la hora de reconocer» esta realidad.
