Decretan prisión para seis detenidos más y confinan en París a Julen Madariaga.
Anoche concluían las comparecencias de ciudadanos vascos ante los tribunales especiales de Madrid y París. Durante la jornada quedaron libres sin cargos Iñaki Aristizabal, en la capital española, y José Román Badiola, en la francesa, y también salió a la calle Julen Madariaga, aunque en situación de procesado y castigado con el confinamiento en París y una fianza de 20.000 euros. Contra los otros seis detenidos se dictaron órdenes de prisión.
La redada franco-española llevada a cabo el pasado martes puede concluir con ocho ciudadanos vascos más encarcelados. Esta fue la decisión adoptada por Fernando Grande-Marlaska contra Joseba Elosua y Ramón Sagarzazu. Y en París, a falta del trámite del paso ante el llamado «juez de libertades», los magistrados Laurence Le Vert y Thierry Fragnoli habían reclamado también prisión para Kristina Larrañaga, José Antonio Cau, Eloi Uriarte y Anjel Iturbe.
El primero en declarar ayer ante el juez especial español fue Joseba Elosua, que regenta el restaurante El Faisán de Behobia. Tras responder durante cerca de tres horas, el magistrado lo envió a prisión incondicional, como había hecho los dos días anteriores con Jean-Pierre Harocarene y Carmelo Lukin. Fuentes policiales le relacionan con el cobro del «impuesto revolucionario» desde los años 80.
Sobre su situación no hay ningún dato, ya que se le mantiene incomunicado desde el arresto, producido en la madrugada del lunes al martes, igual que ocurre con Harocarene y Lukin. El magistrado tendría intención de prorrogar esta situación hasta que declaren los dos empresarios a los que hizo detener también el viernes, algo que no se espera que ocurra hasta mañana. Para entonces, los detenidos ya llevarían una semana entera sin poder contactar con sus abogados ni con sus allegados. Askatasuna criticó además que los abogados de oficio que les asistieron no hicieron preguntas al respecto.
«Con esta situación de incomunicación buscan mantener la presión policial y el aislamiento hasta el último momento», remarcó Askatasuna.
Sagarzazu: «Mentiras».
Quien cerró el turno de comparecencias en Madrid fue Ramón Sagarzazu, para quien se dictó también orden de prisión, pero en este caso comunicada. El fiscal lo pidió argumentando que había algunos indicios poco claros contra él y que se había negado a declarar con abogado de oficio. Askatasuna explicó que está prevista otra vista la próxima semana en la que se reclamará su libertad.
Al salir de la incomunicación, Sagarzazu sí pudo hablar con sus allegados, a los que indicó que había recibido un trato correcto pero que las acusaciones estaban basadas en «un montón de mentiras», según transmitió Askatasuna.
Iñaki Aristizabal fue el único que quedó libre desde la Audiencia Nacional. Después de cinco días incomunicado, el fiscal y el juez aceptaron que no había motivos para enviarle a prisión.
En París.
Mientras tanto, también por la tarde en París pasaban ante Le Vert y Fragnoli los seis detenidos en Lapurdi que llevaban cinco días en dependencias policiales. Tras todo este tiempo de interrogatorios, la magistrada decidió que uno de ellos, José Román Badiola, ni siquiera debía ser procesado porque no había motivos para ello.
Badiola quedó libre y tomó un tren con el que pudo regresar a Euskal Herria a última hora de la tarde, según indicó Askatasuna.
Poco después se confirmó la liberación también de Julen Madariaga, con el matiz de que éste sí ha sido procesado por la juez y se le ha impuesto un confinamiento que, en principio, le obligará a quedarse en París. Además, se le obligará a pagar una fianza de 20.000 euros que puede abonar en plazos mensuales de 1.000 euros.
Fuentes judiciales francesas citadas por la agencia Efe aseguraron que a Madariaga se le imputan «asociación de malhechores», «financiación del terrorismo» y «complicidad en extorsión de fondos para bandar organizada».
Antes de conocerse la aplicación del confinamiento, Aralar, formación a cuya ejecutiva pertenece Julen Madariaga, hizo pública una nota en la que le daba «la más calurosa bienvenida a Euskal Herria» y destaca «su firme compromiso con la lucha por la pacificación y la libertad». El partido que lidera Patxi Zabaleta añade junto a ello que «queremos reafirmamos en la creencia de que esta operación policial sólo se puede entender como un movimiento, uno más, de la judicatura española en contra del proceso de paz que este país necesita llevar a cabo».
Askatasuna, por su parte, resaltó la «indefensión» de los detenidos y añadió que «si el conflicto político se quiere resolver en parámetros democráticos, debe cesar la utilización de la represión para obstaculizar el proceso». Cita concretamente «las detenciones, las torturas, las citaciones judiciales, los juicios, la persecución policial, la Audiencia Nacional española y la Sección 14 de París».
Periodistas denuncian el tratamiento mediático.
Informadores de medios vascos (‘‘Le Journal’’, GARA, ‘‘Berria’’, ‘‘Diario de Noticias’’, ‘‘Diario Vasco’’, Radio Euskadi o Argazki Press) han mostrado su «profunda indignación por la ausencia total de respeto a la presunción de inocencia mostrada por algunos colegas» ante el caso de Jean-Pierre Harocarene, también periodista, «juzgado y condenado por multitud de medios». Recuerdan que esta presunción no sólo es un derecho de todos, sino un principio deontológico.
Kale borroka ekintzak Bizkaiko hainbat herritan.
Aurreko asteko atxiloketen ostean ugaltzen ari dira kale borroka ekintzak. Atzo Bilbon, Elorrion, Zornotzan eta Barakaldon izan ziren. Lehena, 22.00etan izan zen, Elorrioko Valentin Berriotxoa kalean, hain zuzen.
Lakuako Barne Sailak azaldu zuenez, bertan dagoen BBVAren kutxazain bat kaltetua izan zen, ezezagun batzuek kutxazainaren kristala apurtu eta barrualdeari su eman ostean. Gauerdian, Deustuko Madariaga etorbi- deko Sabadell-Atlantico bankuaren kutxazaina kaltetua izan zen beste eraso baten ondorioz.
Goizeko 3.00etan Zornotzako Epaitegiaren kontra lau molotov koktel jaurti zituzten, eta, ordubete geroago, Barakaldoko Gurutzeta auzoko PSEren egoitzaren kontra hiru molotov koktel bota zituzten. Barne Sailaren arabera, horietako batek ez zuen eztanda egin. Guztietan, kalte material txikiak izan zirela ziurtatu zuen Barne Sailak.
Ekintza horiek gogor gaitzetsi zituzten hainbat alderdi politikok. Hala, PSEko idazkari nagusi Jose Antonio Pastorrek ohar batean adierazi zuen ekintza horiek bakearekin «guztiz bateraezinak» direla. «Euskadin bakea eta askatasuna lortzeko sozialistek lanari uztea ez dute lortuko», ziurtatu zuen.
Aldarrikapena.
Bizkaiko PPko presidente Antonio Basagoitiren iritziz, kale borrokako azken ekintza hauek argi utzi dute «erradikalek ez diotela ezeri uko egin», eta, hortaz, «euskal gizartearen kontrako mehatxuari ere» eutsi egiten diotela.
«Azken erasoak bake prozesu baten ziurtasunak dira, edo, aldiz, ETAk eta bere inguruak euskal gizarteari bakean bizitzen ez diotela utziko frogatzen du?», galdetu zuen Basagoitik, bidalitako prentsa ohar baten bidez.
Komunikabideetan gertatutakoari buruz beren iritzia eman duten Batasuneko ordezkariei «mehatxatzea» leporatu zien PPko agintariak, eta «kaleko terrorismoa justifikatzen» dutela argudiatu.
EBk ere salaketa adierazi zuen. «Eraso horiek bake eta normalkuntza politikako prozesuan aurrera egiteko oztopoak besterik ez dira», ohartarazi zuen ohar batean eta behin betiko desagertzeko eskatu zuen.
Bestalde, ezezagun batek Elorrioko BBVAren kutxazainaren kontrako ekintza aldarrikatu zuen, baita errepi- dean egindako su-barrikada ere.
Biek aurreko astean izandako atxiloketak eta horiek «prozesuari eragingo dizkioten oztopoak» salatzeko izan zirela azaldu zuen. «Gainera, erasoak dauden bitartean, Euskal Herriak erantzun egingo du», ohartarazi zuen.
Los empresarios detenidos en Navarra declararán este lunes.
Grande-Marlaska acusa a José Javier Azpiroz y Juan Mari Saralegi, dueños de la empresa de construcción AZYSA de colaboración con organización terrorista, por haber pagado supuestamente el "impuesto revolucionario" a ETA.
Dos empresarios navarros, José Javier Azpiroz y Juan Mari Saralegi, vecinos de Leitza y dueños de la empresa de construcción AZYSA, fueron detenidos el viernes por la noche, acusados de haber pagado el "impuesto revolucionario" a ETA, según han informado fuentes jurídicas. Las detenciones han sido ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, al hilo de las investigaciones sobre el supuesto aparato de extorsión de ETA.
Los detenidos, que están acusados de un delito de colaboración con organización terrorista, ya han sido trasladados a Madrid y está previsto que comparezcan ante Grande-Marlaska el próximo lunes.
Reacciones a las detenciones de los empresarios.
El presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, calificó ayer de "grave" el pago a ETA del "impuesto revolucionario", aunque mostró su "solidaridad" con los dos empresarios detenidos en Navarra por orden del juez Grande Marlaska.
Ayesa indicó que la recomendación de la Confederación de Empresarios de Navarra "siempre es la de no pagar". "Hay que ser respetuoso con las circunstancias personales de los extorsionados", matizó.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Navarra, Alberto Catalán, expresó su "respeto a las decisiones judiciales", aunque precisó que pagar a ETA es un hecho que "podemos comprender pero no compartir".
El coordinador general de EB-IU, Javier Madrazo, criticó al juez de la Audiencia Nacional y señaló que las órdenes de detención de los dos empresarios son "desproporcionadas y tienen una clara intencionalidad política".
La presidenta de EA y parlamentaria foral, Begoña Errazti, exigió "la liberación inmediata" de los dos empresarios navarros detenidos. Errazti acusó al juez de la Audiencia Nacional de orientar sus acciones a "dinamitar el clima de confianza generado en la sociedad vasca", por lo que pidió al Gobierno central que "ponga freno a las actuaciones de un juez que responde a la voluntad de aquellos que no quieren que alcancemos la paz".
Jaime Ignacio Del Burgo: «Si esos empresarios pagaron, tienen todo mi desprecio».
La detención de dos empresarios de la constructora Azpiroz y Saralegi (AZYSA) ha provocado estupor en el ámbito político, pero también ha sido justificada desde las filas del PP. El más explícito fue el diputado navarro Jaime Ignacio del Burgo, que aseguró en declaraciones a Europa Press que en caso de confirmarse que los arrestados efectuaron pagos a ETA «evidentemente merecen todo mi desprecio».
Del Burgo argumentó que «es posible que así garanticen su seguridad, pero eso sirve también para que otras personas puedan perder la vida». «A mí eso me parece tremendamente miserable», aseveró.
Junto a ello, el diputado de UPN-PP aprovechó la operación de los jueces Grande-Marlaska y Le Vert para defender que «sigue habiendo una actividad de extorsión a pesar del proceso de paz» y eso «desmiente claramente la posición del Gobierno de que la banda se encuentra inactiva».
Del Burgo dice no creer que las cartas que reclaman el «impuesto revolucionario» sean anteriores al alto el fuego permanente decretado por ETA el 24 de marzo, y aseguró que «si el Gobierno miente en esto, habría que exigir responsabilidades porque sería ya algo inaceptable».
Alberto Catalán sí «comprende».
El Gobierno de UPN-CDNno secundó la opinión de Del Burgo. Así, el portavoz, Alberto Catalán, afirmó «no compartir» que haya empresarios que puedan haber pagado a ETA, pero matizó a la vez que «comprende» su situación.
Para Catalán, por encima de esta cuestión «el culpable y responsable de toda la situación es ETA». Junto a ello, justificó la actuación de Grande-Marlaska, pese a que apenas tiene precedente, usando el argumento del «respeto a las decisiones judiciales». Consideró que «no se le puede decir al Poder Judicial que no tome medidas, eso sería un auténtico despropósito».
También valoró la cuestión el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, que se ha distinguido desde el 22 de marzo en afirmar reiteradamente que a los empresarios de Nafarroa y otros herrialdes les siguen llegando algunas cartas de extorsión. Ayer, tras las detenciones de los directivos de AZYSA, explicó que «yo en principio me tengo que mostrar solidario con ellos, porque ignoro las circunstancias y el tipo de presión recibido». Sin embargo, abundó también en que la recomendación de la CEN «siempre es la de no pagar».
Por parte del PSE, Rodolfo Ares reclamó que los jueces tengan en cuenta la «angustia» provocada por estas situaciones y «se dediquen mucho más a combatir en todo caso a quienes extorsionan a los empresarios».
En cuanto a estos dos detenidos, tras dormir el viernes en la comisaría de Iruñea ayer fueron llevados a Madrid, pero se aseguró que Grande-Marlaska quizás no les tome declaración hasta el lunes. Se les imputaría «colaboración» por el pago de una cantidad que se les habría exigido en el año 2001.
Adierazpenak:
«Biktimak dira, ez delituaren egileak; oker dabil epailea»
EMILIO OLABARRIA
EAJ
EAJren diputatu eta abokatuaren ustez, oker dabil Grande-Marlaska bi enpresa-gizon horiek atxilotzerakoan: «Delitu baten biktimak direnak ezin direlako izan delituaren egileak. Horiei ETArekin kolaboratu izana egoztea neurriz kanpokoa da erabat», esan zuen. Haren ustez, legearen ikuspuntutik ulertezina da Grande-Marlaskak egin duena.
«Zapaterok jarri behar dio galga Grande-Marlaskari»
BEGOÑA ERRAZTI
EA
Enpresariak «berehala aske uzteko» exijitu zuen EAko buru Begoña Erraztik, eta Del Burgok egindako balorazioak gaitzetsi zituen. Gero, Zapaterori egin zion deia, Grande-Marlaskaren «eromenezko kanpaina, bake prozesua desorekatzeko helburu duena», geldi dezan: «Bakea nahi ez dutenen zerbitzura dago hori, eta Gobernuak jarri behar dio galga».
«Helburu politiko garbia dute atxiloketok»
JAVIER MADRAZO
EB
Orain arte enpresari horien kontra ez zirela neurriak hartzen gogora ekarri ondoren, orain ekiteak ez duela «inolako zentzurik» ondorioztatu zuen Madrazok. Haren ustez, Marlaskaren agindua «neurriz kanpokoa» da, eta «helburu politiko garbia du». Batasunari ere dei egin zion, kale borrokaren aurka egin dezan, «sinesgarritasuna izan nahi badu».
Llaman a declarar a Gorka Agirre y Xabier Arzallus.
El primero tendrá que declarar como imputado por colaboración con ETA este martes a las 10:00 horas y el segundo declarará como testigo a las 11:00 horas.
Según una información difundida pasada la medianoche de este sábado, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado al miembro de la ejecutiva del PNV Gorka Agirre para que declare ante él el próximo martes, imputado por un delito de colaboración con ETA, en relación a su posible vinculación con la supuesta red de extorsión, dedicada al cobro del llamado impuesto revolucionario, contra la cual este martes se desarrolló una extensa operación policial en el Estado español y en el francés.
El titular de instrucción del juzgado central número 5 también ha citado a declarar, pero en calidad de testigo, al ex líder del PNV Xabier Arzalluz, para que declare en relación al conocimiento que la Ejecutiva del partido nacionalista podría tener sobre el pago de empresarios vascos y navarros a ETA.
Según informaciones que han sido publicadas esta semana en varios medios de comunicación, Gorka Agirre, encargado de relaciones exteriores del PNV, miembro de su ejecutiva e interlocutor ante ETA en las negociaciones que condujeron a la tregua de 1998, habría contactado en abril de este año con la red de extorsión de la banda armada.
El auto se hará público el lunes.
Fuentes jurídicas han informado de que previsiblemente el juez hará público el lunes el auto íntegro con los indicios que existen contra los detenidos en la operación, coordinada por el juez Grande-Marlaska y la magistrada francesa Laurence Levert, a partir de las investigaciones realizadas durante los dos últimos años en los estados francés y español por un equipo conjunto de investigación.
El lunes también está previsto que comparezcan ante el magistrado los dos empresarios navarros detenidos ayer acusados de haber pagado el "impuesto revolucionario". El juez Grande-Marlaska considera que podrían haber incurrido en un delito de colaboración con organización terrorista.
