Oleada de detenciones en Lapurdi y Gipuzkoa, al menos 12 ciudadanos vascos estan incomunicados en estos momentos en manos policiales.
Doce conocidos rostros unidos por la militancia política y la represión.
Eloy Uriarte Díaz de Gereñu, de 64 años, es natural de Soraluze. Exiliado político, abandonó la localidad guipuzcoana hace ya 32 años. Detenido en 1989 en Baiona, estuvo confinado hasta 1991 y fue obligado después a residir en París, hasta que en 1995 decidió romper la asignación y regresar a Euskal Herria. En la actualidad reside en Biarritz junto a su esposa Izaskun Gantxegi Arruti (61 años), que fue detenida junto a él por la Policía francesa.
A principios de enero de 2003 el nombre de Uriarte saltó a la palestra a causa de que el juez Baltasar Garzón le acusara, en un auto en el que citaba a declarar a una veintena de mahaikides de HB y Batasuna, de «pertenecer a la dirección política de ETA» y afirmara que se encontraba en paradero desconocido. El día 3 compareció en Baiona (tal como se aprecia en una de las fotografías que ilustra estas páginas), acompañado de representantes del Colectivo de Exiliados Políticos Vascos, asociaciones de defensa de los derechos humanos, sindicatos y formaciones políticas, para desmentir las imputaciones.
«Tampoco me encuentro en paradero desconocido», señaló, citando que lleva una vida «pública y notoria. Mi trayectoria ha sido más que conocida para los que me conocen, pero también para las autoridades francesas». De hecho, destacó que «hay policías que me vigilan y tengo el teléfono más pinchado que un balón de juveniles».
Eloy Uriarte, que es el firmante del Acuerdo Democrático de Base en nombre del Colectivo de Exiliados, afirmaba en una entrevista concedida, junto al también refugiado Xabier Ezkerra, a GARA en enero pasado que «nuestro primer objetivo es que todos los refugiados puedan vivir en su tierra». Entre otras cosas, denunciaba la actitud de los estados, advertía que «si sólo la izquierda abertzale pone la carne en el asador no se podrá llegar a buen puerto» y remarcaba que «todos en la izquierda abertzale estamos con la propuesta lanzada en Anoeta».
También el arrasatearra Anjel Iturbe Abasolo (de 53 años) es exiliado. Hermano del histórico dirigente de ETA Txomin Iturbe, fue detenido en varias ocasiones por las autoridades francesas antes de que, tras un nuevo arresto en Biarritz, fuera deportado a Argelia (en octubre de 1987) y de allí a la República Dominicana, concretamente a Santo Domingo, adonde llegó en abril de 1989 junto a Eugenio Etxebeste y Belén González Peñalva. En 1998 rompió con su situación de deportación y volvió a Euskal Herria.
El tercero de los exiliados detenidos ayer es José Román Badiola Zabaleta, Ondarru, de 48 años. Natural de Ondarroa, vive en Hendaia, donde fue arrestado. Askatasuna informó a este diario que tiene una hija.
Acribillado en el Udalaitz.
Precisamente, el organismo pro amnistía mostró una preocupación especial por los estados de salud de Kristina Larrañaga Arando (actualmente en tratamiento médico) y José Antonio Cau Aldalur (recientemente operado de un ojo por desprendimiento de retina). La primera, arrasatearra de 51 años y ex corresponsal de “Egin” en Baiona, es una ex refugiada cuya trayectoria política y personal ha estado marcada por el conflicto que sufre Euskal Herria.
El 25 de junio de 1979, época en la que las acciones de guerra sucia contra los refugiados y militantes independentistas eran cada vez más numerosas, su marido, el también exiliado político Enrique Gómez Alvarez, Korta (de 25 años), fallecía en un atentado reivindicado por el Batallón Vasco español (BVE). La acción sucedió cuando Korta, después de percatarse de que un vehículo le seguía en su viaje diario entre Biarritz y Baiona, se detuvo en la calle Pannecau de la capital labortana y se introdujo en el bar Udalaitz. Cuando estaba pidiendo auxilio, cuatro mercenarios entraron en el establecimiento y dispararon contra él. Larrañaga estaba embarazada cuando sucedió todo esto.
Su hijo, Aratz Gómez, está ahora preso en la cárcel de Villabona (Asturias). Además, Larrañaga tiene otras dos hijas.
También tiene una hija Cau (62 años), según explicó Askatasuna, que agregó que este azpeitiarra lleva residiendo en Baiona unas cuatro décadas.
Ramón Sagarzazu Olazagirre, de 69 años, también es otro ex refugiado que tuvo que abandonar su localidad natal allá por 1972. Conocido entre sus allegados como Xenpe, tras su detención en 1986 en el marco del operativo de Sokoa fue entregado al Estado español y posteriormente encarcelado. Después fue deportado a Cabo Ver- de y Cuba, y regresó a Oiartzun en setiembre de 2003. En un acto en el barrio de Ugaldetxo, mostró orgulloso su Euskal Herriko Naziotasun Aitormena (EHNA) como muestra de la reivindicación del derecho a vivir libremente como vascos en Euskal Herria.
Su hijo, que se llama igual que él, fue detenido por la Policía francesa el 23 de mayo de 2005. Actualmente, se encuentra preso en la cárcel de Bourdeaux-Gradignan.
De esa misma localidad es natural Iñaki Aristizabal Iriarte (59 años), además de ex alcalde tras la muerte de Francisco Franco. Precisamente, el pasado 26 de mayo participó en la presentación en Donostia, junto a los también ex primeros ediles José Luis Elkoro e Iñaki Murua, del libro “Alcaldes en lucha. El grupo de Bergara en la transición, 1975-1979”, editado por Txalaparta y escrito por Txema Urrutia. En la comparecencia explicó que la labor de aquel movimiento consistió en «recoger las reivindicaciones e ir con ellas a Madrid». En la actualidad no vive en Oiartzun (donde sí trabaja), ya que tiene instalada su residencia en Mugerre junto a Janine Etxeberri.
Julen Madariaga Agirre es, a sus 73 años, el más veterano y seguramente el más conocido de los arrestados para la opinión pública. No en vano se trata de uno de los fundadores de ETA, tiene una amplia trayectoria política y actualmente es miembro de la ejecutiva de Aralar. El bilbaino, abogado de profesión, también ha conocido el exilio (fue expulsado en varias ocasiones por las autoridades francesas) y la cárcel.
En Aralar.
En el congreso constituyente de Aralar, celebrado en junio de 2002, Madariaga fue nombrado responsable de la Comisión de Garantías. Con posterioridad, fue candidato de la formación que lidera Patxi Zabaleta a diputado general de Bizkaia en las elecciones de mayo de 2003 y figuró en las listas al Senado y al Parlamento Europeo. Está casado y es padre de ocho hijos.
Joseba Elosua Urbieta, de 71 años, reside en Irun y regenta el bar Faisán de Behobia. Fue detenido en Santa Pola (Alicante) junto a José Carmelo Lukin, que es su yerno. Residente en Hondarribia aunque navarro, es el más joven de los arrestados (cuenta con 31 años).
Nacido hace 42 años en el Estado francés, aunque sus padres son vascos (su progenitor es de Senpere y su madre de Irun), Jean-Pierre Harocarene Kamio es conocido por su labor peridística: en la actualidad trabaja en la sección de deportes de la Cadena Ser en Irun.
Batasuna denuncia que las detenciones son un ataque frontal a las esperanzas de paz.
Doce ciudadanos vascos arrestados en una operación policial contra ETA ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska
La Policía francesa y la española han llevado a cabo conjuntamente la mayor redada de los últimos años. Anoche seguían en comisaría doce ciudadanos vascos, la mayor parte muy conocidos, a los que se acusa de actividades relacionadas con el cobro del «impuesto revolucionario» para ETA «en el pasado», según matizó el fiscal. El sumario fue abierto por Baltasar Garzón hace ocho años, pero la operación policial se ha activado ahora, en vísperas de que Zapatero acuda al Congreso a anunciar su disposición a emprender el diálogo con ETA. Así las cosas, varios ministros incidieron en asegurar que la redada no afectará al proceso, en contra de lo afirmado en su día por la organización armada en GARA. Batasuna también subrayó ayer que las detenciones suponen «un ataque nítido y frontal» a las esperanzas de solución.
Siete detenciones en Lapurdi, tres en Gipuzkoa y dos más, de forma circunstancial, en Alicante es el balance provisional de la operación conjunta de la Policía española y la Policía francesa, que se ha cebado en ciudadanos abertzales muy conocidos, en algunos casos refugiados, ex deportados o familiares de presos políticos vascos. La redada ha sido activada ahora por los magistrados especiales Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert a partir de un sumario que fue abierto por Baltasar Garzón hace ya ocho años y a cuenta de unas actividades que se relacionan con el «impuesto revolucionario» y que según fuentes policiales habrían tenido lugar durante los últimos veinte años.
Ninguna fuente explicó por qué se han decidido ahora estos arrestos, en lo que constituye la mayor redada de los últimos años. A las detenciones, además, hay que sumarles al menos catorce registros en Gipuzkoa, dos en Alicante, el bloqueo de medio centenar de cuentas bancarias (que estarían siendo investigadas) y el embargo de bienes patrimoniales por valor superior a 700.000 euros según fuentes de la investigación; se incluye aquí el cierre de un local de hostelería regentado por Joseba Elosua en Behobia.
En su momento, el juez Garzón emprendió algunas diligencias relacionadas con este sumario. Así, por ejemplo, citó y dejó en libertad bajo fianza a responsables de la empresa Azkoyen a los que relacionaba con el pago del «impuesto». Y dictó medidas contra varios ciudadanos vascos, entre ellos el ex parlamentario de SA Jon Salaberria. Desde entonces no hubo nuevas actuaciones.
Arrestados en sus casas.
Las detenciones se produjeron de forma más o menos simultánea durante la madrugada. En Arrangoitze fue arrestado Anjel Iturbe;en Baiona, José Antonio Cau;en Senpere, Julen Madariaga; en Azkaine, Kristina Larrañaga;en Hendaia, José Román Badiola;en Biarritz, Eloy Uriarte e Izaskun Gantxegi; en Oiartzun, Ramon Sagarzazu e Iñaki Aristizabal; en Irun, Jean-Pierre Harocarene;y en Santa Pola, donde estaban de vacaciones, Joseba Elosua y José Carmelo Lukin.
En el caso de dos de estos detenidos, Askatasuna manifestó expresamente su preocupación por su estado de salud. Se trata de Kristina Larrañaga, que está en tratamiento por problemas vasculares, y José Antonio Cau, intervenido quirúrgicamente en un ojo en fechas recientes.
Otros detenidos son personas de edad avanzada. Elosua y Madariaga, por ejemplo, superan ya los 70 años, y Sagarzazu está próximo a cumplirlos.
Múltiples registros.
Tras las detenciones llegó una cascada de registros, en los que los arrestados fueron usados como testigos. Así, reporteros gráficos captaron a Madariaga en su casa de Senpere, mientras la Policía inspeccionaba la vivienda en una tarea que se prolongó durante muchas horas. En el caso de José Antonio Cau, el registro concluyó a las 11.00. Y en el de la casa de Iñaki Aristizabal, en Mugerre, se requirió la presencia de su compañera, Janine Etxeberri, a la que la Policía acudió a buscar a su lugar de trabajo:el hospital de Baiona. Ello hizo que en un primer lugar se pensara erróneamente que también había sido detenida.
En otros casos hubo constancia de los registros mucho más tarde. Fue el caso de la vivienda de Badiola, en Hendaia. Askatasuna aseguró que sus familiares encontraron el piso «en un gran desorden». Y a Sagarzazu se lo llevaron también a plena luz del día en Oiartzun, después de inspeccionar su vivienda; las cámaras de televisión captaron en este caso cómo algunos vecinos se encara- ban con los uniformados de la Policía española.
Ninguna fuente oficial determinó con claridad ni detalló con concreción el alcance de las acusaciones contra los imputados, y se limitaron a indicar que investigan diferentes grados de responsabilidad, desde la toma de contacto con empresarios hasta el cobro y el traslado del dinero. Los bloqueos de cuentas y embargos tienen como objetivo, explicaron, tratar de seguir el rastro del supuesto «impuesto revolucionario».
Fiscal: «Hechos pasados».
A preguntas de los periodistas, el fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral indicó que la investigación se refiere a «hechos pasados». El Gobierno español puso interés en remarcar que en los registros no habían aparecido cartas de ETA posteriores al alto el fuego iniciado el 24 de marzo.
Moral presentó además a los detenidos como personas relacionadas con ETA desde tiempo atrás y reclamadas por la Audiencia Nacional española, pero la realidad es que todos ellos hacían una vida completamente normal y pública.
Grande-Marlaska y Le Vert, en Behobia y Baiona.
Los dos jueces especiales anti-ETA que se sitúan al frente de esta vasta operación conjunta decidieron acudir a Euskal Herria para hacer seguimiento in situ de la misma. El español, Fernando Grande-Marlaska, se presentó incluso en el restaurante precintado en Behobia, propiedad de Joseba Elosua, a la hora en que las cámaras de televisión se encontraban concentradas allí. Por la mañana, se aseguró que había instalado el centro de operaciones en un despacho del Juzgado de Irun.
La francesa, Laurence Le Vert, fue mucho más discreta, pero varios medios aseguraron que se encontraba en Baiona con la intención de conocer el contenido de los interrogatorios a los detenidos. Se supone que los arrestados en varias localidades de Lapurdi se encontraban anoche en ese centro policial.
Otegik «bake itxaropenen aurkako eraso argitzat» jo ditu atxiloketak.
Batasunak, Askatasunak, EAE-ANVk, LABek eta Segik antzeko irakurketa politikoa egin zuten atxiloketen harira, denek ere jazoeren larritasuna nabarmenduz. Arnaldo Otegik «bake itxaropenen aurkako eraso argia» dela salatu zuen, eta Gobernu espainolak arazoa «herri batekin» duela erantsi. «Onartezina eta ulergaitza» da Askatasunaren ustez.
Gogor gaitzetsi zituen Arnaldo Otegik atxiloketak, eta «bake itxaropenen aurkako eraso argiak» direla esan zuen. Hain zuzen, agintari abertzaleak operazioaren harira agerraldia egin zuen Donostian Joseba Alvarezekin, eta bertan ohartarazi zuten «eraso guztiak bukatu» behar direla, bai eta horren ardura Gobernuarena dela ere.
«Eraso guztiak amaitu behar dira, konfiantza desagertu egiten delako eta herri honen esperantzari kalte egiten diolako. Beraz, hori ezin da onartu», esan zuen. Batasuneko eledunaren ustez, gainera, iritzi bera dute euskal herritarrek ere.
Prentsaren aurrean azaldu zuenez, atxiloketa horiek ezkutatu nahi dutena hauxe da: Gobernu espainolak arazoa ez duela ezker abertzalearekin, baizik eta «herri batekin, nazioa den eta erabakitzeko eskubidea duen herri batekin»: «Herri honetako herritarren gehiengoarekin, gehiengo politikoarekin, instituzionalarekin eta sindikalarekin du arazoa».
Horiek horrela, atxiloketak abian den prozesuari ez dagozkiola esan, eta Gobernu espainoleko kideentzat «berri ona» ea zergatik den itaundu zuen. «Notizia ona zeinentzat eta zertarako? Zein da operazio honen helburua, zer bilatzen dute? Norbaitek uste al du halakoekin herri honetan bake prozesua sustatzea bilatzen dutenik?», galdetu zien gobernu espainol zein frantsesari, eta bereziki Rodriguez Zapatero presidenteari, Maria Teresa Fernandez de la Vega presidenteordeari, zein Barne eta Justizia ministerioetako buru Alfredo Perez Rubalcaba eta Juan Fernando Lopez Aguilarri, hurrenez hurren.
«Gobernuak erabakita».
Atxilotutakoei dagokienez, haien adina errepasatuz gero «herri honen alde ausardiaz lan egiten urteak daramatzaten» herritarrak direla esan zuen, eta operazioa «Gobernuak erabakitakoa» dela erantsi zuen.
Zapaterok gaur du agerraldia Kongresuan, eta bezperan halako operazioa egin izanaz ere itaundu zioten. Batasuneko eledunak uko egin zion atxiloketak «Gobernuaren kontrolari» ihes egiten ote dioten esateari, baina Estatuko Komunikazioko idazkari Fernando Moraleda jazotakoaz poztu izana aipatu zuen.
Atxiloketek «bake itxaropenari eraso» egiten dietela berretsiz, gobernu espainol eta frantsesari «lasaitasunerako» deia egin zien: «Operazio hauek guztiak amaitu behar dira ez dutelako prozesu bat eraikitzeko konfiantza klima egoterik uzten». Izan ere, halakoek beti eragiten dute nolabaiteko samina bere ustez, baina egungo egoeran «amorrua are handiagoa izan daiteke, inork ez baititu ulertzen».
Bestetik, euskal herritarrei dei egin zien itxaropena mantentzeko: «Prozesu honetan borrokatu eta lan egin behar da, inork ez baitu ezer oparituko».
Ildo beretik mintzo zen Joseba Permach ere. Atxiloketek, bere aburuz, berriz utzi dute agerian Estatu espainolak «bide errepresiboa eta gerra estrategia» mantentzen dituela, justu Euskal Herritik bake eta irtenbidezko agertoki bat eraikitzeko apustuari ekiten zaionean.
Auzitegi Nazionalaren atarian egin zituen adierazpen horiek, 18/98ren aurkako epaiketan lekuko gisa deituta baitzegoen. Esan zuen, atxiloketak aipatu «gerra estrategiaren» parte ez badira, norbaitek erantzun beharko liekeela. Bere ustez, Zapaterok, Fernandez de la Vegak eta Rubalcabak publikoki esan beharko lukete ea zergatik egin den operazio hori.
«Larria, onartezina, ulergaitza».
Askatasuneko Jean-François Lefortek eta Joxean Agirrek ere salaketa gogorra egin zuten. Azken horren ustez, alegia, «hainbeste aukera eta perspektiba sortzen ari diren uneotan, sarekada hau benetako neurgailua» da. Bi estatuek «hitz politak» erabiltzen dituzten arren, «tresneria errepresiboa» abian dutela gaitzetsi, eta operazioa «larria, onartezina eta ulergaitza» dela adierazi zuen.
Baionan egin agerraldian esan bezala, PSOEk konponbidean urratsak egiteko borondatea adierazten du, baina «ez da sinesgarria». Izan ere, munduan eman diren antzeko prozesuetan elkar erasoka ez ibiltzeko «gutxieneko joko-arauak errespetatzen diren bitartean, hemen ez da horrela gertatzen ari»: «PSOEk eta UMPk ondo asko ezagutzen dituzte joko-arau horiek eta, halere, ez dituzte errespetatzen. Horregatik are eta larriago dira gertakizunok eta bakerako edozein aukera zapuzteko nahita egindako ahalegintzat jo daitezke».
Segik Zapatero eta Chiraci ardura nagusia egotzi, eta zera esan zuen: «Bide errepresiboak behin betiko agortu zaizkiela dakite, Euskal Herria eta bere aldeko militantzia eta borroka behin eta berriz kolpatuz soilik porrotaren bidea hautatzen ari direla badakiten bezala».
EAE-ANVk eta LABek operazioa arbuiatu eta atxilotuak aska ditzatela exijitu zuten. Sindikatuak PSOEri eskatu zion euskal gizartearen aurrean argitu dezala bake prozesuaren eta irtenbide demokratikoen alde dagoen ala errepresio estrategiak sustatzen jarraituko ote duen.
«Sorpresa» e «incredulidad» de Lakua y Aralar ante las detenciones.
El Gobierno de Gasteiz y la dirección de Aralar coincidieron en mostrar de algún modo su extrañeza por algunas de los detenciones. Así, mientras la portavoz del Gabinete de Ibarretxe, Miren Azkarate, consideró «sorprendente» que entre los doce arrestados haya personas «que se desmarcaron hace tiempo públicamente del uso de la violencia», Patxi Zabaleta tildaba de «increíbles» las acusaciones que Grande-Marlaska pueda dirigir contra Julen Madariaga, miembro de la Ejecutiva del partido. Zabaleta subraya que «fue en tiempos de Franco fundador de ETA y es desde hace muchos años un luchador por la paz y la libertad».
A preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno semanal, Azkarate eludió pronunciarse en torno a la influencia que pueda tener la operación en el proceso abierto tras el alto el fuego de ETA, justificando esta postura en que Lakua «carece de información directa» sobre los arrestos. «El Gobierno lo único que reclama es que se esclarezca cuanto antes este asunto y podamos ver qué es lo que hay detrás y a qué han obedecido las actuaciones policiales», subrayó. De todos modos, eso sí, cree «sorprendente» el hecho de que en la lista haya «personas que hace tiempo se desmarcaron públicamente del uso de la violencia y han mantenido esa actitud de forma constante en los últimos años».
Por su parte, Zabaleta, que compareció en Iruñea acompañado por varios miembros de la ejecutiva nacional de Aralar, señaló que la operación «carece de toda credibilidad», y advirtió de que las acusaciones que puedan realizar contra Julen Madariaga militante, miembro fundador de ese partido y miembro de su ejecutiva «no tienen ninguna credibilidad, ni para los miembros de Aralar, ni para el conjunto de la sociedad de Euskal Herria» .
El líder de Aralar indicó que la operación «sólo se puede entender como un movimiento, uno más, de la judicatura española en contra del proceso de paz que este país necesita llevar a cabo. La estrategia de tensión que está intentando llevar a cabo el PP, con la inestimable ayuda de ciertos jueces, tiene que terminar ya».
Se solidarizó con los arrestados, sobre todo con Madariaga, y exigió su puesta en libertad.
ARALAR pide la inmediata puesta en libertad de los detenidos. Considera increíbles las acusaciones de Grande Marlaska.
Miembros de la ejecutiva nacional y cargos públicos de ARALAR han ofrecido esta mañana una conferencia de prensa en la que han señalado que “la operación desarrollada hoy por Grande Marlaska carece de toda credibilidad”. El coordinador general de ARALAR, Patxi Zabaleta, ha advertido sobre la detención de Julen de Madariaga que “Julen de Madariaga, es militante, miembro fundador de este partido y miembro de su ejecutiva.
Las acusaciones que le pueda hacer el juez de instrucción Grande Marlaxka no tienen ninguna credibilidad, ni para los miembros de Aralar, ni para el conjunto de la sociedad de Euskal Herria”.
Zabaleta ha recordado que “Julen Madariaga fue en tiempos de Franco fundador de ETA y es desde hace muchos anos un luchador por la paz y la libertad”. El coordinador de ARALAR ha indicado que “esta operación policial sólo se puede entender como un movimiento, uno más, de la judicatura española en contra del proceso de paz que este país necesita llevar a cabo. La estrategia de tensión que está intentando llevar a cabo el partido popular, con la inestimable ayuda de ciertos jueces tiene que terminar ya”.
En este sentido, Zabaleta ha valorado que “estas actuaciones no se entienden más que como una participación política por parte de la judicatura española, como en tantos otros procesos. Le corresponde al gobierno del PSOE dar pasos que hagan irreversible el proceso de paz, y darlos a la mayor brevedad posible”.
Por último, Zabaleta ha señalado que desde “Aralar queremos mostrar nuestra solidaridad a todos los detenidos en esta operación policial, muy especialmente a Julen Madariaga y su familia”, así como ha exigido su “inmediata puesta en libertad de todos los detenidos”. Asimismo, el coordinador de ARALAR ha exigido “una vez más la desaparición de la Audiencia Nacional, por esr un tribunal de excepción”.
Zabaleta ha estado de acompañado de Mikel Basabe, vicecoordinador de ARALAR, de Aintzane Ezenarro, parlamentaria en la CAV, Ernesto Merino, coordinador de Gipuzkoa, Txentxo Jiménez, coordinador de Nafarroa, y los miembros de la ejecutiva nacional Iosu Murgia (Bizkaia), Ainhoa Beola (Gipuzkoa), Jon Abril (Nafarroa), así como el parlamentario foral, Patxi Telletxea, y la responsable de organización de Nafarroa, Itziar Gómez.
Mas valoraciones:
«No hacen ningún favor al proceso» Joseba Egibar | Presidente del GBB del PNV
Consideró que operaciones como la de ayer «no hacen ningún favor al proceso de paz», aunque auguró que éste «seguirá adelante a pesar de estas noticias». Indicó que las FSE y los jueces siguen investigando «con datos del pasado» y efectuando detenciones. «No son buenas noticias», reiteró Egibar.
«Llamativo por fechas y tipología» Unai Ziarreta | Secretario general de EA
Ziarreta indicó que «resulta llamativo» que la operación se produzca «a escasas fechas» de que Zapatero «vaya a pedir autorización para iniciar un diálogo con ETA», así como por «la tipología de las personas detenidas». Pidió «responsabilidad» para que este tipo de hechos «no interfieran en el proceso».
«Intimidación confusionista» ABERTZALEEN BATASUNA
Criticó con dureza los arrestos de «personas reconocidas como militantes históricos que han tomado riesgos y aportado mucho para hacer avanzar nuestro país», pues esos «nuevos obstáculos pueden dificultar y poner en peligro el proceso. Es otro intento de intimidación confusionista de los estados».
Madrid dice que no afectará, pero ETA avisó de que no habrá proceso con detenciones.
El Gobierno español no se escudó esta vez en el argumento de la actuación independiente de los jueces, sino que asumió con claridad su responsabilidad en la operación nada más producirse. Así, entrevistado en Antena-3 a primera hora de la mañana, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda portavoz oficioso de Zapatero, indicó que «la realidad derrumba las críticas al Gobierno» por su supuesta pasividad ante ETA. «A la vista están los resultados», dijo tras aseverar que «sólo cabe felicitarse».
Las afirmaciones de Moraleda sobre críticas al Gobierno parecen traer como causa el artículo publicado el domingo por ‘‘El Mundo’’, abriendo portada, en el que se aseguraba que «dos etarras transportan 60.000 euros a Baiona bajo vigilancia policial». En él se hablaba de que los autores del supuesto traslado del dinero estaban jubilados y se apostillaba que «la Comisaría General de Información alega que no los detiene para controlarlos mejor».
El Gobierno español, a tenor de lo indicado por Moraleda, decidió activar la redada, que lleva la firma de los jueces Fernando Grande-Marlaska y Laurence Le Vert, pese a que la información de ‘‘El Mundo’’ no despertó ninguna polémica especial. Sólo el diputado del PPIgnacio Astarloa pidió explicaciones al Gobierno español el domingo, y el ex ministro Jaime Mayor Oreja indicó que «es un atropello más».
«No altera el curso».
Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, puso interés en su comparecencia en resaltar que la fecha de la redada había sido fijada exclusivamente por Le Vert y Grande-Marlaska, «por lo que yo sé, hace más de una semana».
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, trató de poner más distancia respecto a la redada al indicar que fue impulsada «sobre todo por las autoridades judiciales especializadas en terrorismo».
A partir de ahí, el titular de Justicia sí recalcó que «esto no altera en lo más mínimo el curso de ruta del que es responsable el Gobierno para el aprovechamiento de una oportunidad histórica de poner punto final a la violencia de ETA y a sus manifestaciones intimidatorias y coactivas».
«No hay ningún dato significativo que impida continuar con el proceso de paz», argumentó poco después, en la misma línea, su compañero de gabinete Pérez Rubalcaba.
«Ataques contra el proceso».
Pero la organización armada vasca no mostró la misma opinión en la entrevista realizada por GARA y publicada el 14 de mayo. En ella, interpelados sus interlocutores sobre las detenciones, los controles policiales o el mantenimiento de la ilegalización, ETA afirmaba que «tenemos que decir claramente que si los ataques de los aparatos de los estados prosiguen será imposible seguir adelante con el proceso».
ETA lo argumentaba indicando que «el proceso necesita algunas condiciones democráticas básicas para que pueda desarrollarse. Para que esas condiciones puedan ser garantizadas es imprescindible detener la ofensiva de los estados, desterrar las actitudes represivas. Está en manos de los gobiernos de España y Francia dar los pasos necesarios para ello. Es más, algunos ataques que se han producido los entendemos como un ataque dirigido directamente contra el proceso», añadía.
Demasiadas cartas en la manga. Iñaki IRIONDO.
En asuntos de Estado las casualidades no existen. Y resulta difícil desligar esta sonora operación policial de la decisión del presidente del Gobierno español de anunciar en el Congreso de los Diputados el inicio del diálogo con ETA. Debe de entender que acudir a la sesión con doce ciudadanos vascos detenidos desactiva, o al menos debilita, la munición de críticas del PP. José Luis Rodríguez Zapatero escondía esta carta en una de sus bocamangas para esta ocasión, al igual que durante la primera jornada del “Debate del Estado de la Nación” ocultó en la otra el anuncio del PSE de reconocer como interlocutor a la izquierda abertzale y no la sacó hasta que Mariano Rajoy hubiera acabado sus intervenciones. Lo llamativo es que ambas puedan formar parte de la misma jugada.
Hay indicios suficientes para concluir que cuando el 30 de mayo Zapatero jugó la baza del anuncio de Patxi López, conocía que antes de que este mes Grande Marlaska deje el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional esta operación se habría desarrollado. Por lo tanto, cabe preguntarse si cuando el presidente del Gobierno español afirmó que retrasaba el anuncio del inicio de conversaciones para tratar de retomar un cierto consenso con el PP no estaba en realidad esperando a la intervención de Marlaska y Le Vert, con quien, por cierto, el secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, se reunió en París en los primeros días de junio. Es decir, dio el primer paso sabiendo que luego llegaría el segundo en una especie de juego de compensación.
El problema es que el efecto balsámico que estas detenciones pueden tener en la derecha española es directamente proporcional al malestar que producen en la izquierda abertzale. Y en un proceso de negociación, en el que es indispensable generar una base de confianza entre las partes, no es recomendable que una de ellas se destape tan pronto como un tahúr.
Atxiloketei mobilizazioekin erantzun diete herrietan.
Mobilizazioen bidez erantzun zieten euskal herritarrek Polizia espainolak eta frantsesak elkarlanean egindako hamabi atxiloketei. Egunero, berean jarraituko dute gainera atxiloak inkomunikazio egoeran egon bitartean. Bestalde, ostiral honetarako nazio mailako mobilizazio egunera deitu dute azken atxiloketa horiei erantzuteko.
Egunean bertan jaso zuen erantzuna Grande-Marlaska epaile espainolak eta Le Vert epaile frantsesak elkarlanean egindako polizia operazioak. Polizia espainolak eta frantsesak atxilotutako hamabi euskal herritarren sorterrietan batzarrak eta manifestazio jendetsuak izan ziren, baita beste hainbat udalerritan ere. Ostiralean Euskal Herri osoan mobilizazioak izango dira atxiloketei erantzuteko.
Soraluzen, Eloy Uriarteren sorterrian, herri batzarra egin zuten, eta jarraian manifestazioan abiatu ziren. Ehun bat lagunek hartu zuten parte mobilizazioan. Hala ere, Ertzaintza agertu zen eta hiru lagun identifikatu zituen. Oiartzunen, Ramon Sagarzazuren eta Iñaki Aristizabalen herrian, batzarraren ostean 300 laguneko manifestazioa izan zen. Inkomunikazio epealdian 20.00etan herriko enparantzan biltzeko hitzordua jarri dute.
Irunen, Joseba Elosuak eta Jean-Pierre Harocarenek bizimodua egiten duten herrian, 70 lagunek hartu zuten parte informazio-batzarrean, eta gaur eta bihar batzarrak eta elkarretaratzeak egingo dituzte 20.00etan Urdanibia plazan. Ondarroan ere, Jose Roman Badiolaren herrian, 350 lagun izan ziren manifestazioan, eta egunero 20.00etan mobilizazioak izango dira bertan.
Arrasaten, Angel Iturbe eta Kristina Larrañagaren herrian, 150 laguneko manifestazioa egin zuten, eta inkomunikazio aldian 19.30ean elkartuko dira Sebero plazan.
Kalera irteteko deia.
Ipar Euskal Herrian ere izan ziren mobilizazioak. Senperen 40 lagun elkartu ziren, 75 Azkainen, 53 Biarritzen, 60 Hendaian, eta Baionan 100 lagun elkarretaratu ziren ordu eta erdiz Polizia frantsesaren polizia-etxearen aurrean. Ostean, manifestazioan abiatu ziren.
Gainerako herrietan ere izan ziren atxiloketen aurkako mobilizazioak. Adibidez, Aretxabaletan 37 lagun elkarretaratu ziren arratsaldean, eta Ugaon, aldiz, 20. Algortan 105 lagunek elkarretaratzea egin eta gero, giza katea egin zuten. Lekeition 100 lagun elkartu ziren eta Gasteizen 91.
Batasunak, «egoeraren larritasuna» dela medio, atxiloketei erantzuteko dei egin du, Askatasunak eta Segik bezala, baita larunbateko preso politikoen aldeko manifestazioan parte hartzeko ere.
¿Es ésta la aportación de Madrid y París?. Editorial Gara.
Las policías española y francesa detuvieron ayer a doce ciudadanos vascos, nueve de ellos con edades superiores a los 50 años, a los que relaciona presuntamente con el denominado «aparato financiero de ETA». La operación tendría su origen en una investigación que data de 1998, en el caso de la Audiencia Nacional española, y de 2005, en el de la XIV Sección Antiterrorista de París. La redada, que se desarrolló en varias localidades de Lapurdi y Gipuzkoa, y que se extendió a la población de Santa Pola (Alicante), dio lugar al embargo de diversos bienes y cuentas corrientes.
La práctica totalidad de los agentes políticos vascos remarcaron la gravedad de esta nueva incursión policial, que interpretaron en clave de obstáculo cuando no de abierto sabotaje al proceso político abierto en Euskal Herria. Esa valoración generalizada contrastaba con la afirmación del Gobierno español de que la operación ordenada por los jueces Le Vert y Grande-Marlaska no afectaría de modo alguno al plan de diálogo con ETA.
La lógica y la experiencia de otros países, como hicieron patente recientemente en sendos comunicados el ANC sudafricano y el Sinn Féin irlandés, indican, sin embargo, que la detención de personas vinculadas a una de las partes implicadas en cualquier proceso de negociación supone lanzar un torpedo contra la línea de flotación del mismo.
En la entrevista con ETA publicada por GARA el pasado 14 de mayo, interpelados sus interlocutores sobre las detenciones, controles policiales o el mantenimiento de la ilegalización de organismos abertzales, la organización armada afirmaba tajantemente que «si los ataques de los aparatos de los estados prosiguen será imposible seguir adelante con el proceso». En otro momento de la primera entrevista concedida por ETA desde que anunciara el pasado 22 de marzo su alto el fuego permanente, estos portavoces respondían que «España y Francia deben tomar y cumplir sus compromisos de ‘tregua’ para que el proceso pueda desarrollarse». Conocida esa posición, y a la luz de la vasta operación policial desarrollada ayer, cabe plantear algunos interrogantes: ¿qué buscan Madrid y París? ¿es ésta su aportación al proceso? ¿a qué objetivo sirve y a qué responde esta actuación?
Ayer, el Ejecutivo español ni tan siquiera se escudó en el manido y falaz argumento de la actuación independiente de los jueces, sino que asumió con claridad la paternidad de la actuación policial y, sin ningún rubor, agregó a renglón seguido que «esto no altera en lo más mínimo el curso de ruta del que es responsable el Gobierno para el aprovechamiento de una oportunidad histórica».
Pese a tal afirmación, nadie puede abstraerse del hecho de que el proceso político abierto atravesará por gravísimas dificultades si alguien, en este caso los estados español y francés, pretende continuar por la senda represiva, a sabiendas de que esa dinámica no se corresponde en absoluto con los parámetros de un proceso de paz y resolución del conflicto. (Ante cualquier acción atribuida a ETA, gobiernos y medios hablarían sin duda de sabotaje al proceso. Por tanto, ¿qué consideración habría que dar a las detenciones llevadas a cabo ayer?).
Cuando están a punto de cumplirse tres meses de la declaración de alto el fuego permanente de ETA, Madrid y París continúan sin dar los pasos ni adoptar los compromisos acordes al momento. Hechos como los de ayer, unidos a precedentes operativos, o al mantenimiento del juicio por el macrosumario 18/98, entre otros ataques, deben ser valorados como lo que son, un obstáculo para el diálogo y una amenaza en toda regla para el logro de la paz. Por ello, se hace más imperiosa cada día la necesidad de que los agentes y ciudadanos de este país trabajen para evitar que los estados puedan condicionar el proceso democrático, fijando definitivamente en Euskal Herria su centro de gravedad.
