Los tratos secretos del juez Garzón. Editorial de La Jornada.
Las revelaciones sobre la participación de Garzón en la trama de los GAL constituyen un duro golpe a la imagen del magistrado, quien se autodefine como una persona de izquierda y un férreo defensor de los derechos humanos y la justicia universal.
La actuación de Baltasar Garzón como juez de la Audiencia Nacional de España ha sido cuestionada a raíz de la publicación del libro La conspiración, el último atentado de los GAL. En esta obra autobiográfica, José Amedo, ex subcomisario de policía, relata cómo en 1994 Garzón supuestamente participó en una conspiración orquestada por la derecha española. Un secreto a voces en España para involucrar a las más altas esferas del gobierno socialista del ex presidente Felipe González en la investigación sobre los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Este grupo paramilitar fue creado en aquellos días por el gobierno encabezado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para atacar a los integrantes de la organización separatista vasca ETA; de hecho, los GAL fueron acusados de perpetrar asesinatos y de emplear la tortura, y sus miembros, entre ellos Amedo, fueron procesados por diversos delitos en un escándalo que le significó al PSOE perder las elecciones de 1996 y que afectó profundamente la imagen de Felipe González.
De acuerdo con la versión de Amedo, en diciembre de 1994 el juez Garzón habría decidido presionarlo a él y al policía Michel Domínguez, condenado también por el caso de los GAL, para involucrar a varios funcionarios del gobierno socialista luego de que el presidente González no lo llamara para formar parte de su gabinete. Es decir, la participación de Garzón en la presunta conspiración se habría debido a una vendetta política.
En el libro, Amedo afirma que el juez, mediante entrevistas irregulares llevadas a cabo en su despacho, lo amenazó con procesar a su esposa a pesar de que nada tenía que ver en el caso si se negaba a testificar en contra de Rafael Vera, entonces secretario de Estado para la Seguridad. En concreto, Garzón le habría dado instrucciones precisas sobre qué declarar ante el tribunal para implicar a Vera en el financiamiento de las actividades de los GAL a partir de fondos reservados del Estado, aunque Amedo nunca tuvo constancia de ello. En pocas palabras, el juez habría preparado y orientado el testimonio de Amedo.
Adicionalmente, el ex policía admitió que recibió cuantiosas sumas de dinero por su falso testimonio de parte de Pedro J. Ramírez, dueño del diario El Mundo y uno de los presuntos conspiradores, junto con Francisco Alvarez Cascos, entonces secretario general del derechista Partido Popular, y José María Aznar, quien sucedió en el poder a Felipe González.
Aunque las notas previas sobre el libro dejan en el aire muchas incógnitas, las revelaciones sobre la participación de Garzón en esta supuesta conspiración constituirían un duro golpe a la imagen del magistrado, quien se autodefine como una persona de izquierda y un férreo defensor de los derechos humanos y la justicia universal: el juez perdería el reconocimiento internacional que adquirió cuando se encargó del proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, en 1999. Es más, tales revelaciones darían más fuerza a los señalamientos en el sentido de que Garzón es un funcionario motivado principalmente por sus ambiciones políticas personales, en detrimento de los principios fundamentales que deben regir su desempeño como juez, como lo es la imparcialidad a la hora de llevar un caso.
Asimismo, si se confirman las acusaciones de Amedo, el sistema de justicia español quedaría en entredicho, ya que dejaría en claro que la actuación de los magistrados podría estar determinada por intereses políticos extrajudiciales. En resumen, el libro de Amedo podría significar el fin de las aspiraciones políticas de Garzón y afectar la credibilidad de la Audiencia Nacional y del Partido Popular.
