Batasuna afirma que las prohibiciones han de ser respondidas «como pueblo».
Decisiones como la del juez Grande-Marlaska de prohibir el acto que tenía previsto celebrar hoy Batasuna en Altsasu tienen «un claro objetivo saboteador» con respecto a la apertura de un escenario de solución, manifestó ayer la mahaikide Ainara Armendariz, quien, por esa razón, instó a ser «consecuentes» y a «responder como pueblo». Precisamente, agentes políticos, sociales y sindicales de Sakana darán a conocer hoy su respuesta a este último veto.
Después de que el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska dictara la víspera un auto en el que prohibía la celebración hoy de un acto político en Altsasu que tenía como fin difundir la propuesta «Orain herria, orain bakea» que finalmente ha sido suspendida, Ainara Armendariz denunció ayer «este nuevo ataque a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Euskal Herria». Un hecho que, a su juicio, merece una respuesta «consecuente» con la situación actual: «Hay que obrar con responsabilidad y compromiso, y responder como pueblo a estos ataques a la posibilidad de paz y democracia».
La mahaikide navarra censuró, en declaraciones efectuadas a Euskadi Irratia y Radio Euskadi, la actitud «represiva y vulneradora» del titular del Juzgado de Intrucción número 5 de la Audiencia Nacional, una actuación que, a su parecer, va más mucho más allá de obstaculizar la actividad política de Batasuna. «Se observa claramente un objetivo saboteador. Las decisiones de este juez y los actos y las declaraciones de otros sectores de la derecha, la Iglesia y el Ejército son elementos de una misma estrategia para obstaculizar la posibilidad de que se pueda abrir un proceso que resuelva democráticamente el conflicto político y armado», destacó.
Es por ello que concluyó que estas agresiones, además de a la izquierda abertzale, tienen como objetivo a «todos aquellos que en este país estamos trabajando por impulsar un proceso de diálogo y acuerdos que traiga la paz y la democracia».
La responsabilidad del PSOE.
En consecuencia, Armendariz emplazó al resto de agentes políticos, sociales y sindicales vascos a «seguir trabajando y comprometiéndonos en la lucha por el reconocimiento de los derechos de este pueblo, por una paz justa y duradera».
La dirigente independentista responsabilizó al PP de la conculcación de derechos civiles y políticos y de «esa estrategia para obstaculizar la vía de las soluciones», aunque no olvidó que el PSOE también participó en su diseño. «Y como partido que gobierna en el Estado español, tiene una responsabilidad clara y directa en todo lo que está aconteciendo. Tiene una responsabilidad ineludible con tomar o no tomar decisiones adecuadas para avanzar en el camino de la distensión y el diálogo, el camino para conseguir la resolución del conflicto y, por tanto, la paz», aseguró.
También dirigió sus críticas al delegado del Gobierno de Zapatero en Nafarroa, Vicente Ripa, de quien dijo que «desde que llegó al cargo no ha hecho sino prohibir, reprimir y recortar los derechos y las libertades democráticas de los navarros; no está haciendo sino colaborar activamente con actuaciones como las últimas decisiones del juez Grande-Marlaska».
Con motivo de la prohibición del acto de Altsasu por parte del magistrado del tribunal especial, Batasuna ha celebrado una ronda de contactos de carácter urgente con diversos agentes de Sakana en busca de una respuesta conjunta en favor de los derechos y de la resolución del conflicto, cuyas conclusiones se darán a conocer hoy por la tarde en una comparecencia en Altsasu.
No admiten la querella del Foro Ermua contra la Mesa Nacional de Batasuna.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 del TSJN ha resuelto no admitir a trámite la querella criminal presentada por el Foro Ermua contra todos los integrantes de la Mesa Nacional de Batasuna, a quienes imputaba trece delitos de «desobediencia» por otros tantos actos protagonizados por miembros de la formación independentista. La jueza no observa infracción penal.
Al margen de los defectos de forma que observa en el escrito de querella y que, según resalta en el auto fechado el pasado día 25, «podrían determinar directamente su inadmisión a trámite», la magistrada se centra en las cuestiones de fondo. «El mero incumplimiento de lo dispuesto en una resolución judicial [se refiere a la sus- pensión de actividades dictada por Garzón en agosto de 2002 y a la sentencia de ilegalización del Supremo en marzo de 2003] no da lugar a responsabilidad penal, sino que es necesario que haya existido un previo requerimiento expreso y concreto en orden a exigir al sujeto obligado el cumplimiento».
Indica que el requerimiento «se hace esencial» porque «es necesario desligar las actividades de una organización ilegalizada de las que puedan realizarse a título individual. No es bastante con que la querella se dirija contra ‘los presuntos integrantes de la Mesa Nacional’, sino que habrá que individua- lizar si las personas que participaron en los actos denunciados fueron requeridas para abstenerse de realizarlos y si actuaban a título individual o en nombre de un grupo ilegalizado».
