ENTREVISTA: «Hoy en día quizá no haya mucha gente que sepa qué está prohibido». Jon Mirena LANDA - Director de Derechos Humanos del Gobierno de Lakua.
Jon Mirena Landa lleva tres meses al frente de la Dirección de Derechos Humanos de Lakua, cargo en el que sustituye a Txema Urquijo. Buen conocedor de los entresijos del Derecho Penal, materia que imparte como profesor universitario, enfoca desde esta perspectiva puramente técnica toda la actuación del juez Grande-Marlaska, para remarcar que su auto ha creado un «terreno de nadie» marcado por la inseguridad.
Profesor de Derecho Penal en la UPV y sucesor de Txema Urquijo al frente de la Dirección de Derechos Humanos de Lakua, Jon Mirena Landa se declara preocupado por la falta de concreción y seguridad del auto de Grande-Marlaska o el «caso 18/98». Habla de «excesos ilegítimos» en la política penitenciaria, pero matiza en seguida que esa exigencia de respeto a los derechos debe aplicarse sobre todo al derecho a la vida.
La actualidad está marcada por las consecuencias del auto del juez Grande-Marlaska. Tanto los propios afectados como otras muchas instancias han denunciado que vulnera derechos fundamentales como el de reunión o el de expresión. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Desde el respeto que me merecen las resoluciones judiciales, entiendo que quizá el aspecto que suscita mayor preocupación puede ser el problema de cómo se individualizan los hechos probatorios. Se ha focalizado mucho en la aplicación del artículo 129, que es una medida cautelar, pero creo que el problema raíz es la articulación de los hechos probatorios. El dato más preocupante es que hoy en día quizá no haya muchas personas que sepan exactamente lo que está prohibido o lo que no está prohibido. Y ése no es un problema estricto de valoración política, sino que es un problema de que esa ampliación del relato fáctico y de la ampliación de los tipos ha originado que haya un terreno de nadie donde no sea tan fácil, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, determinar cuál es el ámbito de prohibición y cuál es el ámbito de ejercicio de los derechos fundamentales.
Esa inseguridad jurídica ni siquiera afecta sólo a los militantes de Batasuna. El magistrado ha manifestado que aquellos que le ayuden incurrirán en un delito de «colaboración con organización terrorista»...
Precisamente yo creo que ese es el punto nuclear. Se produjo una reforma de la normativa jurídico-penal en 2002 y 2003, en la que se amplió la definición de algunos tipos penales, y de circunscribir los delitos de terrorismo al núcleo lo que tiene una plena justificación se pasó a añadir otro tipo de conductas. Hay instrumentos que tienen una limitación mayor de derechos fundamentales y que están produciendo esta situación. La dogmática jurídica penal necesita precisión. Eso, en términos penales, son las categorías de participación en los delitos. Cuando las categorías parece que se diluyen y que todo es colaboración con banda armada y todo es integración con banda armada, prácticamente ni los juristas saben exactamente dónde están las líneas estrictas de esa constitución negativa que es el Derecho Penal.
Más allá del ámbito jurídico, ¿es admisible que una decisión de judicial condicione así la vida política de un país?
El problema, también desde el punto de vista del análisis de los derechos fundamentales y de las garantías penales, es que una resolución de tantísimo calado sea articulada a través de una consecuencia accesoria técnicamente. Si el proceso penal se rodea de tantísimas garantías es porque puede privar de derechos fundamentales en su sentencia firme. Aquí, sin embargo, tenemos que una medida cautelar puede tener semejante ampliación. En una medida cautelar tiene que primar el principio de necesidad. La medida cautelar tendría que tener un peso de motivación y de argumentación mucho mayor en término de necesidad y de proporcionalidad, precisamente porque los efectos son excesivamente extensos en términos cuantitativos.
También en la Audiencia Nacional, pero en este caso en la Casa de Campo, se está celebrando el juicio del 18/98. ¿Qué percepción tiene de este macroproceso?
Vuelvo a la raíz anterior. El problema que desencadena los desajustes de este sumario, o del auto que hemos hablado antes, parte de que hay un relato fáctico excesivamente poco individualizado. Es como si se hubiera percibido la realidad social en una progresión y se hubiera ampliado el campo de imputación. Entonces, con un material tan basto luego no cabe hacer un trazo fino de imputación de responsabilidades individuales. Con la articulación de un material probatorio en la que no hay individualización de conductas expresa, en el que los enlaces de «colaboración con banda armada» no están explicitados, falta el material probatorio suficiente como para hacer una proyección de lo que es un proceso penal lo suficientemente preciso. Esa es la raíz, y todo lo demás es la consecuencia.
Los procesados solicitaron al Departamento de Justicia ayudas para hacer frente a los costes del juicio, y que enviara observadores al mismo, sin que por el momento hayan recibido una respuesta positiva...
Hubo dos peticiones concretas. Una fue la del observador y otra la de las posibles ayudas. Una vía que se ofertó desde la Consejería de Justicia para paliar un problema real como es el del desplazamiento, que puede traer incluso consecuencias laborales a un número amplio de esas personas, era poner a disposición los Palacios de Justicia de la CAV para que se pudiera facilitar, si no todo el juicio, una parte sustancial del mismo. Esa es la oferta que en principio se les hizo, porque entendemos que podría atajar un problema real como el del desplazamiento. Pero eso depende también de la respuesta de los propios procesados y de sus abogados. El tema del observador está en principio en estudio y me va a permitir que no me pronuncie al respecto.
Hace casi dos años que el PSOE llegó al Gobierno español, y la política penitenciaria no ha variado ni un ápice. Al contrario, se ordenan embargos a ex presos, se revisan las condenas, se les aleja aún más... ¿Tiene crédito Zapatero?
En la política penitenciaria existen excesos ilegítimos que deben corregirse desde un punto de vista de los estándares de derechos humanos y fundamentales. Incluso desde el propio ordenamiento jurídico español, que preconiza que en el ámbito penitenciario primen los principios de resocialización, y también de humanidad de las penas. Por lo tanto, hay una serie de derechos que deben ser escrupulosamente dotados de contenido y ese es un déficit que hay que cargar a la articulación de las políticas penitenciarias. Creo que sería in- teligente, y además justo, ir cancelando determinadas políticas que son vulneradoras de determinados estándares de derechos fundamentales.
A la hora de hacer frente a esa situación, ¿cree que las instituciones vascas están haciendo lo suficiente?
Creo que cada uno tiene sus marcos de competencia. Tendríamos que hacer todos un esfuerzo, no sólo las instituciones. Lo mismo que somos absolutamente escrupulosos en medir los estándares de derechos fundamentales en el macroproceso 18/98, en los posibles excesos que haya en el auto de Grande-Marlaska... esa cultura de exigencia hay que proyectarla todos sobre todas las realidades. También sobre los supuestos en que se conculca el derecho a la vida, el derecho a la libertad, amenazas, extorsiones... vengan de donde vengan. Si eso calara, nos ayudaría a todos a tomar aire.
Pero, ¿para las instituciones no parece que hay víctimas de primera y de segunda?
Creo que no deben existir víctimas de primera o de segunda clase. Ahí donde haya transgresiones de derechos fundamentales, éstas deben ser denunciadas, y en la medida de lo po- sible canceladas. Y cada transgresión tiene su contenido. Cualitativamente es distinto privar, segar el derecho a la vida, o limitar el derecho de reunión, de asociación, o determinados derechos civiles y políticos. Pero una cosa no quita la otra, ni le añade ni le pone. Creo que las instituciones vascas, y en concreto la Dirección de Derechos Humanos, tienen muy claro que «todos los derechos humanos para todas las personas». Eso debe ser una carta de presentación, y también una carta de coherencia para que sean legitimadas las demandas en esas materias.
Dice que cualitativamente la vulneración de unos derechos es diferente a la de otros. En los últimos casi tres años las únicas víctimas mortales, sin embargo, han sido presos, familiares y refugiados, y no parece que hayan sido tratados como pudieran serlo otras víctimas...
Es muy difícil valorar los arropes o no arropes. Quizá no me corresponde ni institucional ni competencialmente valorar esto. Lo que vuelvo a insistir es que con la sensibilidad adecuada y bien enraizados en una cultura de derechos humanos, nos tienen que doler todas las vulneraciones. Y hay algunas que duelen más que otras, porque están en la cúspide. El derecho a la vida es la cúspide de los derechos fundamentales.
«Hay que conectar con organismos internacionales».
E l nuevo director de Derechos Humanos de Lakua fija sus tres líneas principales de actuación en las víctimas originadas por el conflicto, la violencia de género y la inmigración. Aboga por «reconocer» a las víctimas.
Antes incluso de que se aborde un proceso de resolución del conflicto, determinados sectores ponen a las víctimas como dique para evitar cualquier movimiento ¿Qué papel cree que deben jugar estos colectivos?
Lo que toca en primer lugar es reconocer a las víctimas. Y ese reconocimiento no es una palabra de un día, sino que es una fase de maduración social en la que tomemos todos conciencia del daño que hemos causado. Creo que eso abrirá puertas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ha habido mucho sufrimiento, y que ese sufrimiento tiene que quedar cancelado y reconocido. Y tenemos que poner en orden en ese sentido nuestra historia reciente, y a partir de ahí articular la política de futuro.
¿Cuáles van a ser las prioridades en su actuación?
Existen tres líneas fundamentales de actuación: en primer lugar, todo lo que tiene que ver con las violencias que giran en torno al conflicto vasco. Además, hay una línea de actuación en materia de violencia de género, y una línea de actuación en materia de inmigración. Son tres líneas concretas de violaciones de derechos humanos que evidentemente tienen que ocupar el trabajo de la Dirección de Derechos Humanos. Y también hay una línea de trabajo que ya se ha empezado a explorar y que se tiene que profundizar, que es toda la puesta en conexión de la actuación de la Dirección de DDHH con los organismos internacionales que trabajan a favor de los derechos humanos en el ámbito europeo, y también en el ámbito universal, por cuanto que la lucha por los derechos humanos no es algo que nos podamos de inventar. Se trata de algo que está en marcha y que tiene muchas décadas de recorrido en nuestros entornos jurídicos inmediatos, y tenemos que conectarnos con esas redes de trabajo, aportar lo que podamos aportar, y beneficiarnos de esa corriente de humanización.
