El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado frances, por violar el artículo 8, que protege el derecho al respecto de la vida privada y familiar, del Convenio Europeo de Derechos Humanos de una ex refugiada política vasca.
Es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre un caso de este tipo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló ayer a favor de una antigua refugiada política vasca, que había demandado a Francia por denegarle durante 14 años el permiso de residencia al que tenía derecho.
El Tribunal de Estrasburgo resolvió que Francia violó el artículo 8, que protege el derecho al respecto de la vida privada y familiar, del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por lo tanto, condenó a Francia a pagar 50.000 euros a la demandante, María Isabel Aristimuño Mendizabal, además de 2.800 euros por costes legales.
Se considera que es la primera vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia sobre un caso de este tipo, indicó la defensa de Aristimuño.
Desde que en 1979 le fue retirado el estatuto de refugiada política a Aristimuño le fueron concedidos permisos de residencia de un año de validez.
Pero, cuando en diciembre de 1989 pidió su renovación así como un permiso de trabajo, las autoridades francesas le entregaron un recibo de su petición válido para tres meses, que fue prorrogado 15 veces por el mismo período de tiempo.
En 1994, la mujer acudió antes los tribunales administrativos franceses. Aunque el tribunal administrativo de Pau dio la razón a la demandante en 1996, el Gobierno siguió denegándole en la práctica un permiso de residencia de larga duración.
Finalmente, las autoridades dieron a Aristimuño un permiso de residencia de 10 años en 2003, cuando los países comunitarios europeos ya no necesitaban ese documento para instalarse en Francia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la no entrega de un permiso de residencia durante un período tan largo, cuando ella ya residía regularmente en el Estado francés desde hacía más de 14 años, era una injerencia en la vida privada y familiar de Aristimuño.
Por su parte, Askatasuna ha denunciado la actitud del Gobierno francés en cuanto a los refugiados políticos vascos y ha señalado que "les obliga a vivir en la precariedad". La organización ha puesto como ejemplo este último caso.
