EA, PNV y EB analizan con Batasuna el auto del juez Grande-Marlaska.
Pese a la suspensión de todas sus actividades decretada la víspera por la Audiencia Nacional española, Batasuna mantuvo ayer una intensa actividad política pública. Tras reunirse, con los reporteros gráficos como testigos, con los máximos dirigentes de EA en su sede de Bilbo, la delegación de la formación ilegalizada fue recibida discretamente en la sede nacional del PNV. Ya por la tarde, una reunión con Ezker Batua cerraba una primera jornada de contactos con agentes políticos, sindicales y sociales.
Representantes de Batasuna mantuvieron ayer sendas reuniones con delegaciones de EA y EB con el objetivo de analizar la situación creada tras el auto del juez Fernando Grande-Marlaska decretando la suspensión de la formación independentista y la prohibición del acto previsto para pasado mañana en Barakaldo.
La primera de estas citas se celebró por la mañana en la sede de EA en Bilbo. Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Pernando Barrena departieron con Begoña Errazti, Unai Ziarreta y Rafa Larreina.
Al término de la misma, Otegi recordó que, tras conocerse el auto, su formación ya dijo «con absoluta tranquilidad y serenidad que nos parecía que la decisión adoptada en la Audiencia Nacional era muy grave». El portavoz abertzale subrayó que esta situación llega «en un contexto político muy determinado» y cuyo «objetivo político» es «que se mantengan los escenarios de confrontaciones». Frente a ello, aseguró que la izquierda abertzale mantiene «con absoluta nitidez y de manera intacta» su apuesta por un «escenario de soluciones».
Begoña Errazti fue la encargada de trasladar a la opinión pública la postura de EA. Según indicó, su partido coincide con Batasuna en que la defensa de los derechos civiles y políticos debe ser unitaria.
«No descartamos una expresión popular masiva pasados estos días en favor de todos los derechos de todas las personas», manifestó. Una iniciativa que «excede a la propia celebración de ese Congreso del sábado», ya que se mostró confiada de que «Batasuna pueda celebrar su acto».
La presidenta de EA expresó su convencimiento de que la sociedad vasca «quiere dejar claro que apuesta por todos los derechos» y resaltó la importancia de que todos los partidos apuesten por las vías políticas. «Y entiendo que ésa sería la posición de Batasuna», apostilló.
«Todas a la misma diana».
«No entendemos que, en este momento en el que se está generando un clima de confianza, haya tantas casualidades que justamente todas vayan a la misma diana, y es generar más distorsión en nuetra vida política y social», añadió Errazti.
Ya por la tarde, Batasuna celebró un encuentro con tres representantes de Ezker Batua: el secretario de Organización Serafín Llamas, el parlamentario en Gasteiz Oskar Matute y el portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia, José Ferrera.
Tras la reunión, esta formación emitió un comunicado en el que se indicaba que EB había trasladado a la delegación abertzale su rechazo «categórico» a la Ley de Partidos porque es «antidemocrática, vulnera derechos fundamentales y es contraria a la normalización política y a la convivencia».
«Altura de miras».
EB instó a todos los agentes implicados a que «demuestren altura de miras, generosidad y mesura», ya que «dejarse llevar por los acontecimientos tan sólo favorece a aquellos que demuestran un nulo interés en que se abra un proceso de paz definitivo en Euskadi».
Unas horas antes, el portavoz de la Presidencia de EB, Mikel Arana, indicó que la «mejor respuesta» a la decisión judicial es «un compromiso público de todos los agentes políticos y sociales por la constitución de una mesa de partidos en Euskadi. La única respuesta válida y efectiva a la confrontación y el enfrentamiento que implica la prohibición de ideas y proyectos es la defensa del acuerdo y del entendimiento».
«Discreta» reunión con representantes del PNV.
Poco después de que Josu Jon Imaz anunciara que se reuniría con Batasuna aunque tuviera que trasladarse «a Baiona o a donde sea», ambas partes celebraron en Bilbo un encuentro, según indicó EiTB. GARA se puso en contacto con ambas formaciones para confirmar este hecho. Batasuna reconoció la reunión, mientras que el PNV mantuvo silencio. No trascendió el contenido. Sin embargo, el presidente jeltzale ya había adelantado que quería escuchar de primera mano qué iba a decir Batasuna en el BEC, sin entrar en posibles respuestas a la decisión adoptada por Grande-Marlaska.
Azkarraga pide «evitar enfrentamientos».
El consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, manifestó que el Gobierno autonómico acatará la sentencia judicial «evitando enfrentamientos. Tengo la seguridad de que Batasuna buscará la fórmula de trasladar a otra parte la actividad política del Congreso, y ojalá termine todo ahí», declaró a Punto Radio.
Azkarraga aseguró que los integrantes del Ejecutivo «discrepamos profundamente por el contenido y la forma en que se produce» esta actitud de la Audiencia Nacional debido a «las consecuencias que una decisión de estas características tiene en lo que es el desarrollo político normalizado de este país. Sobre todo, ahora que estamos en un momento político de cierta esperanza importante de debate de ideas y no de la judicialización de esas ideas».
Al respecto, consideró que esta situación no puede ser motivo para que «se acabe todo. Ni mucho menos. Creo que un proceso de normalización y pacificación va a tener muchos dientes de sierra y obstáculos. Este es uno de ellos. No es bueno pero no quiere decir que sea el fin».
La Policía española se apresura a precintar una oficina en Iruñea.
Agentes de la Policía española clausuraron ayer al mediodía una oficina sita en la calle Marcelo Zelaieta de Iruñea, uno de los inmuebles citados en su auto por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska.
La Delegación del Gobierno español en Nafarroa informó de que la clausura del local, situado en el barrio de Errotxapea, fue llevada a cabo por funcionarios de la Brigada de Información.
Los agentes colocaron varios precintos en los que se advertía de posible responsabilidad penal para quien los violente, y levantaron el acta correspondiente que será remitida al Juzgado de Instrucción número 5.
Según narraron a GARA testigos presenciales, cuatro furgonetas policiales hicieron acto de presencia sobre las 13.45 en las inmediaciones del complejo de oficinas donde se halla el local precintado.
Tras aparcar en la propia calle Marcelo Zelaieta, un grupo de agentes procedió a rodear el edificio, mientras otros entraban al interior. «La operación ha durado entre diez y quince minutos. Han entrado, han puesto los precintos y se han ido. Era la hora de comer y no había prácticamente nadie», explicaron los testigos a este rotativo.
Desde la formación independentista, Ainara Armendariz incidió en que esta acción se enmarca dentro de una dinámica puesta en marcha «por quienes se oponen a una salida». La mahaikide subrayó que estos «obstáculos» son «más evidentes en Nafarroa, donde hay sectores que se están enfrentando con dureza contra cualquier posible solución, y que están poniendo en marcha toda su maquinaria».
«No es casualidad».
En este sentido, consideró que «no es casualidad que la primera oficina cerrada haya sido la de Iruñea. Se ve muy clara la presión de ciertos sectores, y no sólo de los de la derecha. La actitud de la Delegación del Gobierno consiste en poner obstáculos». Armendariz apuntó que «la responsabilidad por el cierre de esta sede corresponde al Gobierno español y al PSOE».
Por otro lado, fuentes del Departamento de Interior de Lakua indicaron, según la agencia Europa Press, que agentes de la Ertzaintza procederán a precintar las sedes de Batasuna en Bilbo y Donostia en coordinación con la Audiencia Nacional, después de que este tribunal remitiera un auto aclaratorio corrigiendo la ubicación de una de las oficinas.
Auto aclaratorio.
Las mismas fuentes señalaron que la orden del juez Fernando Grande-Marlaska tenía un error en la identificación de una de las oficinas la que el magistrado situó en la calle Portuetxe de Donostia, por lo que ayer se remitió un auto aclaratorio. Interior no precisó en qué momento se llevará a cabo el precinto.
La agencia Efe señaló que en la puerta de acceso al inmueble de Bilbo que el magistrado señala en su auto en la calle Pedro Egaña hay colocado un cartel de alquiler que, según explicó el portero de la finca a los periodistas desplazados al lugar, se encuentra ahí desde el pasado verano.
El Supremo no admite a trámite la querella contra Grande-Marlaska.
El Tribunal Supremo (TS) acordó ayer la inadmisión a trámite de la querella por un delito de «prevaricación» que presentó el martes la defensa de Batasuna contra el juez Fernando Grande-Marlaska. En su auto, la Sala de lo Penal del TS explicó que se rechaza la denuncia «al considerar que los hechos objeto de la misma no son constitutivos de delito».
La querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional fue interpuesta con el argumento de que la decisión del juez de revisar la suspensión de actividades de la formación, que caducó el pasado verano, era premeditada e injusta.
El TS argumentó que el auto del juez en el que acordó pedir información a la Policía española y a la Guardia Civil sobre el posible desarrollo de actividades por parte de Batasuna «es una aplicación correcta de los artículos 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 129.2 del Código Penal. Por lo tanto, no puede configurar una resolución injusta».
«Actuación por impulso».
En su querella, la defensa indicaba que Grande-Marlaska «se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación, y es a ese impulso al que obedece su actuación».
«A la vista de una presión política inaceptable, que le exige actuar, ha sido consciente del error cometido desde su punto de vista al no haber actuado con diligencia y no haber prorrogado una medida cautelar que habría caducado y perdido efectividad hace meses», agregaba.
Para la formación abertzale, el juez «ha decidido actuar de forma impropia, contrariando la propia letra de la Ley, en un claro fraude de Ley y abuso de Derecho, forzando y retorciendo una norma legal para aplicarla de forma torticera en una situación a la que no es aplicable, y usando para ello de su posición jurisdiccional para tratar de imponer una situación de hecho inaceptable que no permita una corrección efectiva en el futuro, pues el daño causado sería de imposible reparación».
Jone GOIRIZELAIA | Abogada defensora en el proceso contra Batasuna.
«Frente a los saboteadores es preciso blindar las cosas y llegar a acuerdos».
Batasuna llevaba meses alertando sobre los «saboteadores», y Jone Goirizelaia admite que vio muchas cosas raras en el auto y en la actuación de Grande-Marlaska. Subraya que su decisión pone a Zapatero en la encrucijada más que nunca, y añade que se necesita avanzar en el diálogo para ir «blindando» mínimos frente a esos sabotajes.
Jone Goirizelaia acudió el martes a Madrid en calidad de abogada de Batasuna, y volvió no se sabe bien cómo. Del despacho de Grande-Marlaska salió un auto que, según subraya, impone un «estado de excepción» a todo quien tenga alguna relación con la formación ilegalizada. Pero, por encima de eso, supone la confirmación del sabotaje político-judicial a un proceso en el que remarca que hay que profundizar.
El martes había quizás pocas dudas sobre la prohibición del acto del BEC, pero el alcance de las medidas de Grande-Marlaska han sorprendido a todos. ¿Qué destaca de ese auto?
Que nos deja en una situación grave respecto a la seguridad jurídica y al respeto a la ley vigente. ¿Por qué? Normalmente, en el proceso penal español los jueces tienen que resolver en base a las peticiones de las partes, pero este juez va más allá de esas peticiones y más allá incluso del objeto de investigación. Demuestra que actúa con un criterio más político que jurídico, porque no responde a las peticiones de las acusaciones sino a las peticiones de partidos políticos y otros sectores.
Usted participó en la «vistilla» del martes. ¿Cómo vio la actitud del juez, hubo algún posicionamiento reseñable?
Lo que veo es que ese auto no se hizo en la mañana del martes... Hay datos curiosos: por ejemplo, el 10 de enero el juez plantea que la UCI y la Guardia Civil hagan unos informes, pero luego no tiene en cuenta ninguno de ellos, no se utilizan para el auto. Eso demuestra que hay algo que trasciende a la Audiencia Nacional. El auto tiene su base en otra cosa: en la instrucción que hizo Garzón y que le sirvió para dictar la suspensión de actividades el 26 de agosto de 2002. También hay que tener en cuenta la esencia de la Audiencia Nacional, que es un tribunal donde aplican medidas excepcionales y donde se pueden tener los sumarios bajo secreto un tiempo exagerado y sin ningún razonamiento, pero aquí vemos que existe además una implicación muy directa de unos jueces concretos en ejecutar decisiones políticas. Eso era muy claro con el PP, pero también está quedando muy claro ahora. Yhay otro dato que redunda en todo lo que digo:una reunión que mantuvo el juez tras la comparecencia.
¿Con quién?
Nada más terminar, el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, llegó y estuvo con Grande-Marlaska. Es un dato muy curioso porque Gómez Bermúdez es un juez que está recusado en el 18/98 pero cuya sombra planea sobre ese caso según todas las lenguas de la Audiencia Nacional, que se ha posicionado contra las redenciones de los presos y que ha tenido una actitud bien conocida. Que justo terminar esa vista se entreviste con el juez es significativo si se une a todo lo anterior.
¿Yla posición del fiscal? ¿Hasta qué punto marcó la decisión de Grande-Marlaska?
El lunes estaba en internet el informe del fiscal general del Estado, donde se planteaba como muy dudosa la posibilidad de plantear una suspensión de actividades de un partido declarado ilegal; sin embargo, el fiscal de la Audiencia Nacional no hizo apenas mención a ello en su informe. Su actitud demostraba que tenía otras órdenes que no estaban directamente ligadas al informe del fiscal general. Lo que hizo fue pedir la suspensión de actividades en general, sin tiempo ni nada, y del acto del BEC.
En cualquier caso, ¿ese informe del fiscal general no resultaba contradictorio con las palabras de Zapatero sobre el dere- cho de reunión?
Estamos hablando de cosas diferentes. Por un lado está la cuestión de si los miembros de Batasuna tienen derechos o no. Yo entiendo que eso es lo que debe primar, pero ahí entran una serie de intereses políticos del PP y otros sectores del Estado. Para estos sectores, cuando Zapatero plantea el derecho de reunión lo está haciendo en realidad porque hay una apuesta para empezar a dar pasos en un hipotético proceso de resolución en clave democrática y para eso tiene que hacer declaraciones como éstas;ante ello, esos sectores ven necesario echarle un pulso, porque se oponen a ese proceso. Por eso le dicen que no al derecho de reunión y obligan a los jueces a intervenir. Saben que un mandato judicial crea una contradicción que no pueden solventar, y así ponen otra vez el problema en la mesa de Zapatero, que tiene que decidir ahora si sigue para adelante o no. En resumen, esto es lo que han conseguido.
Entonces, tratando de buscar elementos optimistas, ¿ve factible que Zapatero tenga ahora que dar un paso más?
Hombre, ya es hora de que Zapatero, y el PSOE en general, diga que quiere iniciar un proceso y que quiere llevar las cosas a un marco en el que todo el mundo pueda decidir y optar entre todos los proyectos, y que eso sea respetado. Pero para eso hacen falta actos de voluntad concreta. Estamos en esa encrucijada. Zapaterohace declaraciones, pero no se llegan a concretar. Y por contra, y ahí están las palabras de Arnaldo Otegi, Batasuna y la izquierda abertzale están en disposición de considerar Anoeta como una apuesta estratégica, no táctica, y seguir para adelante con ella.
¿En qué situación ha quedado Batasuna? Porque las cosas que ahora se prohíben expresamente se estaban haciendo con normalidad en los últimos tiempos...
Con el auto en la mano, si se hace una lectura estricta, Batasuna no podría hacer absolutamente nada. Aparte de recoger más cosas de las que se piden, llega a prohibir actuaciones en el orden internacional, incluso en lugares donde Batasuna es legal y saltándose las competencias propias de un juez del Estado español. Plantea cosas tan curiosas como que la gente de Batasuna no puede asistir a manifestaciones, no sólo convocarlas. O como indicaciones a los medios de comunicación sobre qué es lo que deben hacer... Lo que está haciendo es plantear un Estado de excepción para toda aquella persona que en algún momento haya tenido alguna relación con Batasuna. Se les deja sin derechos. Es muy grave y las organizaciones vascas tendrán que darle una respuesta.
Que esto ocurra cuando Batasuna tiene una interlocución abierta con el PSE, ¿no es el colmo del absurdo?
En todos estos procesos hay altibajos, y desde hace meses hemos oído a responsables de Batasuna decir que hay saboteadores. Ante ello, lo que se necesita es blindar las cosas y llegar a acuerdos para ver cómo se pueden ir creando las diferentes mesas. Para eso tienen que seguir las conversaciones. Las bases asumidas por todos que se buscan en esas conversaciones son ahora más necesarias todavía. Se necesitan unos mínimos irreversibles para avanzar.
El fiscal general, Conde-Pumpido, afirma que lo que se le está diciendo a la izquierda abertzale es que tiene que «dejar en la cuneta» la sigla de Batasuna. ¿Es efectivamente sólo eso?
No hay que focalizarlo en Batasuna. Es evidente que el auto va dirigido contra Batasuna, pero el trasfondo es que Batasuna ha hecho una propuesta para una solución al conflicto y que esa propuesta ha sido asumida por los agentes, con sus matices. Lo que se ataca es eso, independientemente de que el primer golpe sea contra Batasuna en la medida en que es el motor de este proceso. Si lo que Conde-Pumpido dice es que hay que dejar de lado la propuesta de Anoeta, se equivoca. En la izquierda abertzale nadie está pensando en eso.
Conde-Pumpido: «Cualquier camino pasa por que dejen en la cuneta a Batasuna».
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, trató ayer de restar importancia a la decisión de Fernando Grande-Marlaska apuntando que «cualquier camino que lleven adelante tiene que pasar necesariamente por dejar en la cuneta a Batasuna y no tenerla como referente». En su opinión, ése es el mensaje lanzado por la Audiencia Nacional. Los portavoces del PSOE y del Gobierno español siguieron ayer alineados en defensa de la decisión judicial.
El día después de que Grande-Marlaska determinara la suspensión de Batasuna por dos años más, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, negó que la decisión de la Audiencia Nacional suponga una desautorización a sus tesis. Frente a lo que afirman algunos dirigentes del PP, recordó que la Fiscalía pidió la prohibición del congreso de Batasuna. Además, aunque el informe de Conde-Pumpido hablaba de «serias dudas» al respecto, el fiscal Juan Moral respaldó en la «vistilla» que se decretara esta suspensión por dos años más.
A partir de ahí, Conde-Pumpido se dedicó a ilustrar a la izquierda abertzale sobre el sentido del mensaje que le habría lanzado la Audiencia Nacional con este auto: «El significado para los que se denominan ‘izquierda abertzale’ es que cualquier camino para el abandono de la violencia que lleven adelante tiene que pasar necesariamente por dejar en la cuenta a Batasuna, porque está disuelta y suspendida como asociación ilícita, por lo que cualquier actuación de carácter político tendrá siempre que ser sin tener a Batasuna de referente, porque orgánicamente ya no puede funcionar».
En declaraciones realizadas en una visita a Cádiz, el máximo responsable de la Fiscalía pidió además que se eviten debates políticos sobre esta cuestión, «porque frente al terrorismo tenemos que estar todos conjuntamente, ya que cada institución cumple su papel, y en este campo cualquier debate sólo sirve para quebrantar la dureza que debemos tener».
«Han tensado la cuerda».
El presidente del Ejecutivo del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, no hizo valoración alguna sobre el polémico auto judicial. Para su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, no cabe atribuírseles ninguna responsabilidad. «Pensar que el Gobierno puede relacionarse con el Ministerio Fiscal a través del fiscal general del Estado es un equívoco muy extendido», esgrimió.
Trató igualmente de sostener que con ello no se contradicen las palabras de Zapatero sobre el derecho de reunión. Insistió en que éste «no es ilimitado», sino que puede impedirse en procesos penales como éste.
En el PSOE tampoco hubo voces contra la medida. El diputado Ramón Jáuregui la calificó en una entrevista radiofónica de «incidente colateral» y, si bien asumió que durante los últimos tiempos Batasuna ha actuado con normalidad (con cita expresa a las asambleas de Bide Eginez), añadió que «esta vez han tensado la cuerda».
Carlos Chivite, líder del PSN, fue más lejos y mostró satisfacción por la decisión de Grande-Marlaska, que calificó de «correcta, ajustada a la legalidad y políticamente positiva». Dio «tres días» a Batasuna «para rechazar y condenar» a ETA.
Rajoy: «Una de las mayores satisfacciones».
Portavoces del PP siguieron ayer evidenciando su alegría por el desenlace del conflicto desatado por el acto del BEC. Para su presidente, Mariano Rajoy, la decisión firmada por Fernando Grande-Marlaska debe ser entendida incluso como «un acto de solidaridad con el conjunto de los españoles decentes y honrados, de una magnitud política muy importante».
Destacó que la medida deja tocado además al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, e incluso al fiscal general del Estado, pese a que éste apoyó la suspensión del acto. Dijo que están desautorizados porque «no han movido un músculo para evitar la celebración del acto».
Admitió que el auto judicial le parece «una de las mayores satisfacciones» de los últimos tiempos, y no sólo a nivel personal sino también para los miembros del PP y del PSOE en Euskal Herria, «porque es la primera noticia buena que reciben en materia de lucha antiterrorista en los últimos años. Hasta ahora sólo había habido insinuaciones de pactos de tregua por parte del Gobierno, y entiendo que no hubiera sido justo que la noticia recibida ahora fuera un congreso de una organización ilegal y terrorista».
San Gil, vigilante.
En Euskal Herria fue María San Gil quien presentó de nuevo la decisión de la Audiencia Nacional como un triunfo del PP. «Estoy convencida de que si no es por nosotros y por la presión ejercida, el acto se habría celebrado», estimó.
«La Justicia funciona, pero lo que me asombra es que tenemos un presidente del Gobierno que no quiere ver la verdad en estos asuntos. Está tan cegado por la voluntad de llegar a un acuerdo con ETA y por sus conversaciones subterráneas que niega la evidencia», apostilló.
Tanto Rajoy como San Gil indicaron que estarán vigilantes para ver si el auto judicial se ejecuta.
Errores, dislates y maledicencias.
EIñaki IRIONDOn las ultimas horas se han dicho y escrito(incluso en autos judiciales) algunas cosassobre batasuna, su congreso y la prohibicion de sus actividades que invitan a la reflexion y asu cotejo con la realidad.
La prohibicion no guarda relacion con la ley de partidos.
Han sido múltiples los comentarios que tenían como punto en común que la decisión adoptada el martes por Fernando Grande-Marlaska es la consecuencia ineludible de la existencia de la Ley de Partidos. «La ley está para cumplirla», dicen sus defensores y algún que otro detractor. Incluso desde sectores contrarios a esta ley se aboga por su derogación para evitar este tipo de situaciones que calificaban abiertamente como contraproducentes.
Sin embargo, lo cierto es que la decisión de la Audiencia Nacional no guarda ninguna relación con la Ley de Partidos, sino que se sitúa en otra esfera la penal que va por otros derroteros. Cabe recordar que la primera suspensión de actividades de Batasuna, dictada por Baltasar Garzón el 26 de agosto de 2002, fue anterior a la ilegalización de esta formación política, que el Tribunal Supremo acordó al año siguiente, el 17 de marzo de 2003. Por lo tanto, las medidas adoptadas por Grande-Marlaska son independientes de la Ley de Partidos, es decir, podrían adoptarse igualmente si ésta no existiera.Al parecer, son también independientes del momento político, es decir, podrían adoptarse también en una situación de alto el fuego por parte de ETA y con todas las fuerzas políticas sentadas en la mesa de partidos. Y según algunos juristas, las decisiones de Grande-Marlaska son también ajenas a la legalidad, pues hay muchas dudas sobre que en la fase de instrucción pueda ordenarse dos veces la suspensión cautelar de las actividades de una misma organización o pueda suspenderse una organización inexistente.
Es más, hay quien entiende que la actuación de la Audiencia Nacional no sólo no guarda relación con la Ley de Partidos sino que es contraria a ella, puesto que en el artículo 12.2 fija de manera indubitable que «corresponde a la Sala sentenciadora (la del 61 del Tribunal Supremo) asegurar, en trámite de ejecución de sentencia, que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político». Por lo que, una vez decretada la ilegalización por parte del Supremo, la actuación de la Audiencia Nacional sería una intromisión en las funciones de la Sala del 61 que, además, podría haber intervenido de oficio.
Un auto que se deja arrastrar por prejuicios indemostrables.
Pese a figurar en el apartado de «Razonamientos Jurídicos», en el auto de Fernando Grande-Marlaska se deslizan algunas afirmaciones como la de que la estrategia fijada por Batasuna en “Bide Eginez” «no es ajena a las directrices de la rama militar de la organización terrorista ETA, buena prueba de lo cual sólo existe una ponencia, la oficial, a diferencia de procesos previos en el mismo sentido, así el desarrollado en los años 2000 y 2001 y que permitió la exclusión de los disidentes». La manifestación del juez es ciertamente descorcentante, pues si algo caracteriza a los procesos congresuales de cualquier partido tómese como ejemplo el de EA de noviembre 2003, el del PNV de enero de 2004 o el del PSE de octubre de 2005 es la existencia de una única ponencia, la oficial, a la que se presentan enmiendas y aportaciones, como ha ocurrido en “Bide Eginez”. La relación entre la existencia de una única ponencia y la subordinación a «la rama militar de ETA» es difícilmente sostenible desde la lógica y desde el Derecho. ¿Quiere eso decir que en el proceso Batasuna como hubo más de una ponencia (quizá por su carácter constituyente) no había subordinación a ETA? ¿Por qué suspendió entonces la Audiencia Nacional sus actividades?
También resulta anómalo que se utilice como argumento jurídico y además condenatorio que en la iconografía del proceso “Bide Eginez” aparezca, «y como tal en posición principal, lo que debe identificarse con el anagrama de la organización terrorista ETAmilitar por mucho que haya tratado de argüirse, en contra del respeto a una mínima inteligencia, una concepción bien distinta». El debate sobre «lo que debe identificarse» a la vista de una vara y una serpiente enroscada en ella, como «lo que debe identificarse» a la vista de un bolígrafo, una careta, una mano abierta o una E, que también figuran en los carteles, sin que se correspondan a ningún organismo de la izquierda abertzale está bien para una discusión de barra de bar. Pero un juez debiera atenerse a los hechos. Y los hechos indican que el anagrama que aparece es una vara y una serpiente, idénticas a las que cualquiera puede encontrar en la página web de la OMS (www.who.int) cambiando el mapa del mundo por el de Euskal Herria. El anagrama de ETA es un hacha y una serpiente. Son, por tanto, dos anagramas distintos. Esos son los hechos. No se trata de «lo que se debe identificar», como escribe Fernando Grande-Marlaska, sino de «lo que se identifica». Se trata de definir lo que se ve, no lo que se quiere ver. Eso sería un juicio de intenciones.
La imaginacion de batasuna y la certeza de que el acto se celebrara.
Conocida la prohibición e incluso cuando no era más que una amenaza, portavoces políticos y comentaristas mostraron sus seguridad de que la imaginación que caracteriza a la izquierda abertzale daría con la fórmula para superar cualquier decisión judicial, dando por hecho que el congreso de Batasuna acabará celebrándose en uno u otro lugar, en una u otra fecha. Semejantes elogios de la capacidad de Batasuna para sobreponerse a las peores circunstancias, a buen seguro deben alegrar a sus dirigentes y al conjunto de su militancia y base social. Sin embargo, tras esas palmaditas en la espalda también puede esconderse un intento de minimizar la gravedad y repercusiones de la decisión adoptada por la Audiencia Nacional. Además, muchos dirigentes políticos pueden utilizar este tipo de afirmaciones para eludir sus propias responsabilidades a la hora de dar respuesta a la grave situación política que origina la actuación judicial.
Llamamientos a la serenidad y a tener vista larga y altura de miras.
Otra corriente de opinión, en ocasiones coincidente y complementaria con la que alaba la imaginación de Batasuna, es la que critica los ataques sufridos, los identifica como «obstáculos en el proceso» e inmediatamente hace un llamamiento a las víctimas a ser conscientes de que en una coyuntura como la actual va a haber resistencias al cambio y esto hay que tenerlo en cuenta para saber encajar los golpes y sortear las trabas que se pongan en el camino. Este discurso es coherente y certero. Lo que llama la atención es que nunca se emplee cuando son otros los agredidos.
Pero es más, el PNV hizo público ayer un documento en el que afirma que «es importante que Batasuna pueda reunirse públicamente con los suyos allí donde considere más oportuno, pero es aún más importante que Batasuna» diga de una vez lo que el PNV quisiera escuchar. Esto se lo dicen a una formación a la que acaban de ordenar, de nuevo, el cierre de todas su sedes, lo que a no mucho tardar hará la Ertzaintza con el apoyo explícito que ayer le dio Josu Jon Imaz. ¿Sería imaginable que ante un ataque a una sede de otro partido político, por ejemplo el PSE, las últimas en ningún caso han supuesto el cierre de las mismas el PNV incluyera en su comunicado un párrafo en el que, además de condenar los hechos, se añadiera que «solicitamos al PSOE y al presidente del Gobierno español, que tome las medidas necesarias para superar la herencia de la época negra de Aznar, como la Ley de Partidos tan negativa para un Estado de Derecho»? Sabemos que el PNV lo piensa, porque lo dijo ayer. ¿Pero lo repetiría tras el ataque a una sede?.
Batasunak «indarkeria baztertzeko» aukera duela esan dute EAJk eta EBk.
Auzitegi Nazionalaren debekua gaitzetsi zuten atzo Josu Jon Imaz EAJko buruak eta Mikel Arana EBko bozeramaileak egindako prentsaurreko banatan. Balorazio politikoa egiterakoan, baina, Batasunari «Indarkeria baztertzeko» exijitu zioten. «Edozein debekuren gainetik», esan zuen Aranak. «Alderdien mahaia osatu ahal izateko», gaineratu zuen Imazek. Azken honen esanetan, larunbatean hori egiteko asmorik ez balu, debekua bere aldekoa izango zen.
Barakaldoko larunbateko ekitaldiarekin batera, datozen bi urtez Batasunaren edozein jarduera ere debekatu egin zuen Fernando Grande-Marlaska epaileak herenegun. Erabaki horren balorazioa egiterakoan, ordea, alderdi independentistari «indarkeria bazter» dezala eskatu zioten atzo bai EAJk bai EBk.
Bilboko Sabin Etxean egindako agerraldian, Josu Jon Imaz EBBko buruak Auzitegi Nazionaleko erabakia gaitzetsi eta epaiak Euskadiko bake eta bizikidetza prozesuari trabak jartzeko borondate politikoa eragiten duela adierazi zuen. Ahalegin horiek eragozteko aukera, baina, Batasunaren eskuetan kokatu zuen berriz, eta, bide politiko hutsak aukera baino ez dezala egin eskatu zion.
Horrek alderdien mahaia osatu ahal izatea ekarriko lukeela ziurtatu zuen Imazek, eta, jokaera desberdina ez erakutsiz gero, Auzitegi Nazionalak Batasuna «laguntzaile» izango zuela ohartarazi zuen.
Mikel Arana EBko bozeramailea bide beretik aritu zen atzo Bilbon egindako prentsaurrekoan. Bertan, alderdi independentistak edozein debekuren gainetik ere, oraindik ez duela bide politikoekiko konpromiso hartzen azaldu zuen Aranak, eta «terrorismoa behingoz baztertzeko» exijitu zion. Horren haritik, bai PSOEri bai Batasunari «Aznarren garai beltzetera itzuli nahi dutenen iruzurrean ez erortzeko ardura politikoa» eskatu zien EBko Presidentziaren bozeramaileak.
Josu Jon Imazek, berriz, «Aznarren garaia gainditzeko» eta Alderdien Legea baliorik gabe uzteko deia egin zion presidente espainolari.
Diversos agentes vascos critican la decisión de Grande-Marlaska.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska de prohibir tanto el acto del BEC como toda actividad de Batasuna en los próximos dos años recogió ayer las críticas de diversos agentes vascos. El coordinador de Elkarri, Jonan Fernández, la calificó de «despropósito muy grave» y advirtió que afecta tanto a derechos fundamentales como al pluralismo social ya que «Batasuna representa una parte de la sociedad», recordó. Asimismo, Fernández opinó que el auto supone «un obstáculo importante» para el proceso de resolución aunque negó que pueda acarrear «una vuelta atrás».
Gesto por la Paz, por su parte, consideró «difícil de comprender» la decisión de Grande-Marlaska aunque, en una nota de prensa, afirmó respetarla. «Somos conscientes de la tensión generada por Batasuna al realizar la convocatoria, y al diseñar sus carteles, pero con esta decisión se está debilitando la petición de que se desvincule totalmente de la violencia», manifestó.
«Intereses ocultos».
Batzarre consideró el auto «contrario a cualquier principio democrático» y señaló que «es tiempo de distensión y diálogo y no de enfrentamiento y tensión». En este contexto, solicitó a ETA que abandone la lucha armada y pidió al Estado español que «aplique medidas de distensión democrática y apueste por normalizar la participación política de Batasuna».
Por su parte, Zutik tildó la decisión de la Audiencia Nacional de «auténtico mazazo contra todo intento de solución del conflicto político» y lo relacionó con «intereses ocultos que buscan recortar más las libertades para impedir la apertura de un proceso de normalización y pacificación democrática».
En la misma línea, el sindicato STEE-EILAS denunció «la utilización perversa del poder judicial» y acusó al PSOE de «incapacidad para hacer frente a los vestigios de un pasado no muy lejano». No obstante, a través de un comunicado llamó a «seguir apostando por el diálogo y la distensión».
Errazti: «Zapatero no puede limitarse a hablar».
La presidenta de EA, Begoña Errazti, advirtió ayer que «los conflictos políticos nunca se resolverán en los tribunales sino a través de las vías de diálogo entre los partidos políticos» por lo que llamó a «redoblar» los esfuerzos para constituir una mesa de partidos. «Lo importante es que estemos todos los partidos políticos en las vías políticas», aseguró. Ante la actitud del juez Fernando Grande-Marlaska al señalar en el auto que «auxiliar» a Batasuna puede llegar a ser considerado como «colaboración con organización terrorista», Errazti denunció la «utilización política de su papel judicial» y señaló que «en EA no nos gustan las amenazas». Asimismo, calificó de «injusta» la Ley de Partidos. En este contexto, apeló a José Luis Rodríguez Zapatero para que «rompa lazos» con el PP. «El presidente del Gobierno español no puede limitarse a hablar de paz, tienen que actuar y no quedarse anclado según lo dictado por el PP», indicó. Errazti también pidió a ETA que abandone las armas.
Zabaleta: «Operación de aniquilamiento a Zapatero» .
El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, aseguró ayer el proceso que ha llevado a la prohibición del acto previsto para el sábado en Barakaldo obedece a «una operación de cerco y aniquilamiento político» contra José Luis Rodríguez Zapatero. «Nos recuerda a la forma en que hace 25 años se pretendió arrinconar a Adolfo Suarez cuando trataba de legalizar el Partido Comunista», señaló. Zabaleta, que ayer se reunió con el secretario general de ELA, José Elorrieta, para analizar la actual situación política, aseguró que el auto de Fernando Grande-Marlaska «conculca derechos democráticos esenciales recogidos y consagrados en la Constitución», a la vez que «representa la criminalización de un colectivo». No obstante, consideró que «el camino más adecuado» a seguir a partir de ahora pasaría por el Foro de Debate Nacional, aunque reconoció que le corresponde a Batasuna tomar la iniciativa. Asimismo, pidió al tripartito que «vigile» pero permitan el acto de Barakaldo.
«Gazteok ezinbestekoa dugu Batasuna indartua», adierazi du Segik.
«Segi eta bere kideak buru-belarri aritu dira Bide Eginez prozesuan. Izan ere, gazteok ezinbestekoa baitugu, gureak diren eskubideak defendatzeko eta gure beharrei erantzuteko, Batasuna indartua eta Euskal Herria ezkerretik eraikiko duen alternatiba sendo bat», adierazi zuen atzo gazte erakundeak prentsa ohar baten bitartez. Hainbat gaztek agerraldia egin zuten Errenterian indar abertzaleari eta azken hilabeteotan egin duen eztabaida prozesuari sostengua adieraztearren.
«Gazteok ezinbestekoa dugu Batasuna egungo gizarte antolaketa neoliberal eta kapitalista eraldatu eta bestelako oinarrietan gizarte berri bat eraikitzeko; prekarietatearen, kriminalizazioaren, emakumeen aurkako indarkeriaren, espekulazioaren eta hezkuntza sistema inposatuaren aurka egiteko; estatuen inposaketa desaktibatu eta Euskal Herriarentzako alternatiba errealak eskaintzeko; gazteoi eragiten dizkiguten arazo, oztopo eta erasoen aurrean gazteon beharrei erantzuten dien politika sendo, erreal eta integrala duelako; euskal gazteria aske bilakatu eta gudara kondenatuko ez duen demokrazian oinarrituko den Euskal Herri baten alde lan egin eta borrokatzen duelako; gure herrian demokrazia eraikitzen diharduelako; gureak diren eskubide demokratikoak gauzatu eta beren defentsan diharduelako egunero», nabarmendu zuen Segik.
Hartzen dituen erabakiekin bat.
Beste arrazoi pare bat ere jarri zituen mahai gainean Batasunaren garrantzia agertzeko: «Euskal Herriak bi estatuekin bizi duen gatazka politiko-armatua konponbidean jartzeko borrokan dabilelako eta Euskal Herria ezkerretik eraikitzeko alternatiba erreala duelako».
Indar independentistaren aurkako azken erasoaren oinarrian Alderdien Legea dagoela onartu arren, «ilegalizazio estrategia kinka larrian» dagoela uste du gazte erakundeak.
Gazte oro «herritar batasunean parte hartzera» deitu ostean, Segik jakinarazi zuen Batasunak har ditzakeen erabaki guztiekin bat egiten duela, eta erabakiok bere egiten dituela.
«Pretenden superar el conflicto desde parámetros no democráticos».
Askatasuna remitió ayer un comunicado en el que denunció el auto dictado por Fernando Grande-Marlaska, una resolución que, a su juicio, «es el termómetro de la verdadera voluntad de los aparatos del Estado. El sueño de quienes observan ‘voluntad política’ en las palabras bonitas se desvanece cuando todos los aparatos del Estado, por unanimidad, deciden dar pasos renovados en la opresión de los derechos más elementales de los ciudadanos vascos».
En opinión del organismo antirrepresivo, «no hay ninguna duda: las parejas políticas Aznar-Zapatero, PP-PSOE, impulsan la misma estrategia en la guerra política respecto a Euskal Herria. Y las declaraciones de José Blanco confirman que su pretensión pasa por superar el conflicto desde parámetros no democráticos. Si es éste el reflejo del buen funcionamiento del estado de Derecho, si en Ferraz [sede central del PSOE] acogen con satisfacción tales agresiones, estamos convencidos de que el conflicto se prorrogrará y recrudecerá».
Además de exigir la desparición de «un instrumento de guerra como la Audiencia Nacional» para que sea posible la resolución, señaló que la paz llegará sólo «desde unas bases democráticas».
ANV censuró la actitud del PSOE «el imperialismo español nos ofrece su actuación al mejor estilo franquista» y la de Lakua por declarar que acatará el fallo. Además, mostró su solidaridad a Batasuna.
Askatasunaren gogoeta Grande-Marlaskaren ebazpena dela-eta.
Auzitegi Nazionaleko epailea den Grande-Marlaskak plazaratu berri duen ebazpena dela eta, Askatasunak ondoko gogoeta egiten du.
Beste behin ere, Estatuaren botere guztiek daukaten borondate errealaren neurgailu adierazgarria da Batasunaren jardunbidea eta BEC-eko ekitaldi politikoa debekatzeko argudiatutakoa. Adierazpenen politen kariaz borondate politikoa antzeman nahi dutenen ameskeria urtzen da, izan ere, estatuen botere guztiek aho batez euskal herritarron eskubide oinarrizkoenak zapaltzeko emandako urrats zahar-berriekin. Ez dago inolako zalantzarik: Aznar-Zapatero, PP-PSOE bikotekide politikoek estratejia bera bultzatzen dute Euskal Herriaren kontrako gerra politikari dagokionean. Estatuen apostuak sakontzen du orain arteko ildo errepresiboa, eta PSOEko eraketa arduraduna den Jose Blanco-ren adierazpen lizunek ezin argiago berresten dute behin eta berriro Askatasunak salatu duena: gatazka gainditu nahi dute demokratikoak ez diren parametroetan. Hau baldin bada Zuzenbide Estatuaren funtzionamolde egokiaren adierazpidea, halako erasoaldiak pozaz eta atsegin handiz hartzen badira Ferraz-en, ziur gara gatazka betikotu eta larriagotuko dela. Kontrara, ordea, auzitegi honen eskuhartzea ekiditeko berau desegitea urrats nabarmena dela uste dugu.
Konponbide Demokratikora eramango gaituen eszenatoki politiko berria sortzeko ezinbesteko baldintza, alegia. Auzitegi Nazionala gerrarako tresna bat da, beraz, konponbiderako borondateak bere desagertzea exijitzen du. Horren ezean, Rodriguez Zapateroren ekinbidea Mena jeneralarena, Grande-Marlaskarena edota Rajoy-rena bezain gerrazalea izango da. Hitzak ekintza eduki behar baitu bidaide.
Gertakari larri hauen aurrean, Askatasunak irmoki salatu nahi du Estatuaren apostu errepresiboa. Dei egiten diogu herritarrei parte har dezaten larunbaterako Batasunak antolaturiko ekimen guztietan, eta horrekin batera ohartarazi nahi dugu autonomia erkidegoko agintariek zein Gasteizko gobernua sostengatzen duten alderdi politikoek une honetan daukaten erantzukizunaren gainean. Izan ere, hautu bat egin behar dute Ibarretxek, Balzak eta PNV-EA-IUk: edo Vichy-ren gobernuaren pareko jarrera makurra izanik, Auzitegi Nazionala eta espainiar alderdi nagusien jarrerarekin bat egin, edo Herri honen gehiengo politiko eta sozialaren nahia defendatzeko determinazio osoaz jardun, eskubide zibil eta politikoak bermatuz. Ostrukarena egiteko garai politikoa gaindituta dago egun, eta ezin daiteke legea errespetatu eta betearazi legedia euskal herritarron eskubideen ukazioan oinarritzen denean. Barakaldon agertu ez, Ertzaintza bidali dezatela eskubideak zapuztu eta konponbide demokratikoa nahi ez dutenen egoitza eta ekimen publikoetara. Bestela, Grande-Marlaskaren argudiobideak beren gain hartuko dituzte ekinaren ekinez, eta beren ardura izkutuezina izango da euskal herritarren begietara.
Amaitu baino lehenago, jakin dezala PSOEk espetxe politika eta Auzitegi Nazionala medio baloratzen dugula bere borondate politikoa. Deklarazioen adiera politikoak estatuaren jardunbidean hartzen du pisua eta sinesgarritasuna. Azken hilabeteotan, Zapatero jaunak esandakoa eta gerra estratejiaren aldeko dinamika ez dira bide beretik etorri. Estatuen apostua zein den jakiteko argigarri gerta daitezkeen gertaera hauek guztiak aintzat hartuta, beraz, Konponbide Demokratikorako gakoen ordenamendua azpimarratu nahi ditu Askatasunak: demokrazioa oinarro, bakea ondorio. Ez dezala inork pentsa Herri hau indarrez bake bidean jarriko duenik.
Bide Eginez nazio osoan egin izana nabarmendu dute.
Bide Eginez prozesuaren balorazioa egiteko Batasunak atzo Baionan eginiko prentsaurrekoak bi hizpide izan zituen: lehenengoa, aurretik zetorrena, Bide Eginez prozesua bera; bigarrena, azken berriak behartuta, BECeko ekitaldiaren debekuaren haritik sorturiko egoera.
Bide Eginez-en datuak (7.000 partaide baino gehiago 260 herri eta auzotan) eman eta gero, Mirentxu Lakok prozesua Euskal Herri osoan garatu dela nabarmendu zuen, Baionan Batasunak eginiko prentsaurrekoan.
Agerraldian, Lakorekin batera Batasuneko beste dozena erdi ordezkari izan ziren; horien artean, Xabi Larralde bozeramailea. Hark egin zuen Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako balorazioa. 12 herritan egin dituzte batzarrak, eta 235 pertsonak hartu dute parte. Batasunaren sorreran izan ez ziren lagun batzuk ere honako honetan Bide Eginez-i lotu zaizkiola jakinarazi zuen. Larraldek emandako argibideen arabera, hiru izan dira eztabaidagai nagusiak: ibilmolde nazionalaren abantailak eta zailtasunak; Ipar Euskal Herriko egituratze instituzionala; eta herrietan aritzeko beharra.
Barakaldoko ekitaldiaren debekuaz eta bestelako neurriez irakurketa politikoa egin zuen Larraldek. Eztabaida, haren aburuz, ez da ekitaldi baten gainekoa, gatazka gainditzeko prozesuaren gainekoa baizik. Madrilen «pultsua» izan dela eta PPk «botere faktiko guztiak» aktibatu dituela esan zuen. «Zapaterok, aldiz, ez du borondaterik edo gaitasunik izan egoera horri aurre egiteko», gaineratu zuen Larraldek. Ondorioz, haren iritziz, bake prozesuaren kontrako sektoreak nagusitu dira oraingoan ere.
El TS obliga a repetir un juicio que condenó a Arnaldo Otegi.
El TSJPV tendrá que volver a juzgar a Arnaldo Otegi por la causa por «enaltecimiento del terrorismo» abierta tras el funeral de Olaia Kastresana, después de que el Tribunal Supremo español admitiera ayer un recurso del mahaikide en el que denunciaba la parcialidad de los jueces de esa instancia. El riesgo de prisión por este sumario se disipa.
El Tribunal Supremo español decidió ayer anular la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que en 2004 condenó a Arnaldo Otegi a 15 meses de prisión por «enaltecimiento del terrorismo» durante el entierro Olaia Kastresana y decidió la repetición del juicio ante una nueva sala del TSJPV.
Así lo acordó ayer la Sala de lo Penal del Supremo tras estudiar a puerta cerrada el recurso de casación interpuesto por Otegi contra la citada condena, según informó el Alto Tribunal en una nota de prensa que explica que la sentencia se dará a conocer en toda su extensión la próxima semana.
El Supremo añade que la decisión de que se repita el juicio ante una nueva sala del TSJPV se debe a que estiman que «existe vulneración del derecho al juez imparcial al haber intervenido de forma relevante en el trámite procesal anterior al juicio dos de los magistrados que han dictado la sentencia».
Funerales de Kastresana.
Arnaldo Otegi fue juzgado por su participación el 30 de julio de 2001 en los funerales por Olaia Kastresana, militante de ETA fallecida en Torrevella al estallar los explosivos que manipulaba en un piso, y fue condenado por el TSJPV a 15 meses de cárcel y ocho años de inhabilitación.
El mahaikide, que portó el féretro de Olaia Kastresana en el acto celebrado en el cementerio donostiarra de Polloe, realizó una breve intervención tras en el entierro en la que mostraba su respeto por la fallecida. Otegi señaló al parecer que «sin los gudaris que han caído no sería posible el debate que actualmente existe en torno a la autodeterminación».
Tras estas palabras, el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó a la Fiscalía del TSJPV que interpusiera una querella contra Otegi, que posteriormente derivó en la condena anulada ayer.
El Supremo ha tomado esta decisión de acuerdo con la tesis del fiscal, que en su informe se adhería a uno de los motivos del recurso de Otegi, al considerar que el TSJPV vulneró su derecho a un juicio justo.
