El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska, amplía la persecución de las actividades políticas de Batasuna.
Ni en el BEC, ni en ningún otro sitio. Ni Congreso, ni ningún otro tipo de acto. Al igual que hizo en 2002 Baltasar Garzón su predecesor en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el magistrado Fernando Grande-Marlaska decretó ayer la suspensión de actividades de Batasuna, una organización que ya se encontraba ilegalizada. El juez argumentó su decisión indicando que la formación independentista «sigue existiendo de facto al margen de la ley». Además, ordena al Gobierno de Lakua y a la Guardia Civil el cierre de las sedes que pueda utilizar Batasuna.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decretó ayer por la tarde la prohibición del acto de Batasuna previsto para el próximo sábado en Barakaldo, en un auto en el que prorroga durante otros dos años la suspensión de actividades de la formación independentista. El magistrado especifica que dicha medida incluye la clausura de las sedes y locales de Batasuna, así como el cierre de su página web.
En el auto se advierte que «cualquier actuación tendente a auxiliar su celebración pudiera ser constitutiva de un delito de colaboración con organización terrorista, bien un delito de omisión del deber de impedir delitos, bien de desobediencia».
Para garantizar el cumplimiento de todo ello, Grande-Marlaska ha remitido sendos oficios al Gobierno de Lakua para que actúe en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y a la Guardia Civil en Nafarroa.
Auto de Garzón en 2002.
En su parte dispositiva, Grande-Marlaska retoma las medidas dictaminadas por Baltasar Garzón en su auto del 26 de agosto de 2002, en el que también decretaba la suspensión de actividades de Batasuna en aquel caso por tres años y el cierre de sus sedes.
La principal diferencia entre ambos documentos, al margen de los relativo al acto del BEC, es que en este último no se alude a aquellas medidas que, debido a la ilegalización, se encuentran en vigor, tales como la suspensión de ayudas económicas, subvenciones, la capacidad de realizar contratos.
Cabe reseñar que las actividades a las que hace mención Fernando Grande-Marlaska venían llevándose a cabo con relativa normalidad por parte de Batasuna durante los últimos tiempos. Como ejemplo más reciente están las 300 asambleas celebradas en torno al proceso Bide Eginez.
En cuanto a la posibilidad de suspender las actividades de una organización cuya «muerte civil» ya fue decretada por los tribunales aspecto sobre el que la Fiscalía General del Estado expresó sus dudas la víspera, Grande-Marlaska solventa este punto afirmando que Batasuna «sigue existiendo de facto al margen de la ley».
Acto en el BEC.
En un auto de 37 folios al que GARA tuvo acceso, el magistrado indica que «se prohíbe la celebración del Congreso de Batasuna proyectado en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya) para el próximo día 21 de enero de 2006, e independientemente de donde pueda celebrarse».
Respecto a este mismo acto, ordena al Servicio de Información la Guardia Civil en Nafarroa, a la Unidad Central de Inteligencia (UCI)de la Policía española en este mismo herrialde, y a la Consejería de Interior de Lakua que «informen, a la mayor brevedad posible, sobre si el mismo ha sido celebrado o no, lugar, razones por las que no se ha impedido caso de materializarse, y cuya localización definitiva debemos entender factible al existir la previsión de asistencia de un determinado número de personas».
«Si bien, la actuación tendente a evitar la celebración del citado congreso, siempre que se trate de la Comunidad Autónoma del País Vasco, compete a la Consejería de Interior, la investigación e información sobre los extremos indicados, deberá desarrollarse por el conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», matiza. Además, ordena al Departamento que dirige Javier Balza que «informe a los representantes legales del Bilbao Exhibition Center se abstengan de ponerlo a disposición de los convocantes».
Actividades políticas.
Pero el titular del Juzgado de Instrucción número 5 no se detiene en el acto convocado para el próximo sábado. Así, declara suspendida la capacidad de Batasuna para «participar como partido, organización o grupo en cualquier actividad o ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional, ello independientemente de su ilegalización al amparo de la Ley de Partidos Políticos».
También suspende «la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos», así como «la capacidad para efectuar cualquier tipo de actividades propangandísticas, instalación de signos, utilización de espacios, elementos identificativos al grupo o partido».
Cierre de sedes.
Fernando Grande-Marlaska acuerda la clausura de tres oficinas ubicadas en la calles Portuetxe de Donostia, Marcelo Zelaieta de Iruñea y Pedro Egaña de Bilbo. Para proceder a estos cierres indica que «se den las ordenes oportunas a la Ertzaintza para que garantice la integridad de la medida, y a la Dirección de la Guardia Civil respecto de Navarra, y prevengan cualquier alteración de la paz pública».
En cuanto a la posibilidad de que existan otros inmuebles además de estos tres citados, el juez decreta que los tres cuerpos policiales con presencia en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Bizkaia «identifiquen las sedes, locales, centros o cualesquiera otros inmuebles o sitios de los que se aproveche directa o indirectamente, la formación cuya actividad se suspende cautelarmente».
Una vez identificados, ordena a la Ertzaintza y a la Guardia Civil «precintar los locales, sedes, establecimientos o sitios, que use HB-EH-Batasuna, con éste u otro nombre».
Web y medios de comunicación.
Fernando Grande-Marlaska ordena asimismo «cancelar las páginas web u otros servicios que pudieran tener contratados HB-EH-Batasuna en internet. A tal efecto añade, comuníquese al Servicio de Información de la Guardia Civil y a la UCI para su investigación y descubrimiento».
El magistrado dispone que se comunique la suspensión de actividades a «los diferentes medios de prensa escrita, radio y televisión», a fin de que «conozcan formalmente la misma, y que ésta se extienda a la utilización como tal grupo o asociación a espacios publicitarios».
Informe mensual.
Para controlar la aplicación de todas estas medidas contra la formación independentista, el juez remitirá un oficio «al Servicio de Información de la Guardia Civil, Ertzaintza y a la Unidad Central de Inteligencia para que presenten ante este Juzgado, y con carácter mensual informe que aporte datos sobre el cumplimiento de la presente resolución».
Una sola ponencia y el «anagrama de ETA» en el cartel.
En su auto, Fernando Grande-Marlaska señala que el proceso Bide Eginez de Batasuna es la conclusión de «un proceso iniciado hace aproximadamente cuatro meses y dirigido a fijar su estrategia, nunca ajena a las directrices de la rama militar de la organización terrorista ETA». Como prueba de ello, el magistrado indica que «sólo existe una ponencia, la oficial, a diferencia de procesos previos en el mismo sentido». Es decir, el juez entiende que, en este caso, el hecho de que no haya ponencias alternativas lo cual también sucede en otros partidos prueba la subordinación de Batasuna a las directrices de ETA. Fernando Grande-Marlaska también hace alusión al contenido del cartel en el que se anuncia el acto del BEC, y se suma a la apreciación de María San Gil de que en él aparece el anagrama de ETA «por mucho que haya tratado de argüirse, en contra del respeto a una mínima inteligencia, y lo que es más importante a las víctimas del sinsentido criminal, una acepción bien distinta, siempre extramuros de la esencia de Batasuna dentro de su concepto de ‘construcción nacional’».
Para Goirizelaia, Grande-Marlaska «se deja llevar por una campaña».
La jornada judicial en la capital española comenzó con la presentación por parte de la abogada Jone Goirizelaia de una recusación contra Fernando Grande-Marlaska, al considerar que el magistrado tiene interés en la causa, no es imparcial y ha actuado por presiones políticas y al margen de la legalidad.
La letrada interpuso contra el mismo juez una querella por «prevaricación» ante el Tribunal Supremo. «Fernando Grande-Marlaska se deja llevar por una campaña iniciada por un partido político y por determinadas asociaciones, de la que se hacen eco y amplían algunos medios de comunicación, y es a ese impulso al que obedece su actuación», señala la denuncia.
«Hasta el momento de iniciarse tal campaña el instructor no había tomado medida alguna de tipo cautelar que sustituyese a la agotada el 26 de agosto de 2002», se indica en referencia a la suspensión de actividades ordenada por Baltasar Garzón y cuyo plazo finalizó en agosto de 2005.
«Claro fraude de Ley».
Según el texto, en esa situación el juez «ha decidido actuar de forma impropia, contrariando la propia letra de la Ley, en un claro fraude de Ley y abuso de Derecho, forzando y retorciendo una norma legal para aplicarla de forma torticera en una situación a la que no es aplicable, y usando para ello de su posición jurisdiccional para tratar de imponer una situación de hecho inaceptable que no permita una corrección efectiva en el futuro, pues el daño causado sería de imposible reparación».
Además, en la querella se sostiene que «si la organización que al parecer es objeto de su atención no existiese ya sería absurdo pretender adoptar una medida cautelar sobre ella. Y si existiese, la posibilidad de actuar pasa por un evidente fraude de ley y un abuso del Derecho».
La recusación fue rechazada por el propio magistrado, quien negó tener cualquier tipo de interés personal en esta causa.
Solventado este punto se celebró la vistilla, en la que la Fiscalía reclamó al juez la suspensión de actividades, al considerar que Batasuna continúa desarrollando una labor pública al margen de la legalidad. «Existe de facto, no de derecho», señaló el fiscal Juan Moral. Este fue el mismo argumento utilizado por el magistrado para justificar su intervención en la causa.
Por su parte, el letrado de la acusación que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Juan Carlos Rodríguez Segura, fue aún más lejos y llegó a solicitar la identificación y detención de los organizanizadores del acto de Barakaldo «por un delito de colaboración con ETA».
El PSOE se declara «satisfecho» y alega que «el Estado de Derecho funciona».
José Luis Rodríguez Zapatero marcó distancias la pasada semana respecto a la Ley de Partidos, pero ayer ningún portavoz del PSOE ni de su Gobierno cuestionó la decisión del juez Grande-Marlaska. José Blanco, por ejemplo, se declaró satisfecho, y Juan Fernando López Aguilar destacó que «el derecho de reunión no es ilimitado».
Después de una semana en la que todos sus portavoces se han alineado dialecticamente en favor del derecho de reunión, tras la decisión de la Audiencia Nacional de prohibir el acto del BEC y toda la actividad de Batasuna los mismos representantes del PSOE mostraron comprensión hacia la misma, cuando no satisfacción. Este último fue el caso de José Blanco, secretario de Organización de este partido, que afirmó que «nos da satisfacción cualquier decisión que sea la de aplicar el Estado de Derecho, en este caso la que resulta de aplicar la Ley de Partidos».
El presidente del Ejecutivo español, que había tachado esa misma norma de «muy restrictiva» la pasada semana, no habló ayer. Sí lo hizo su ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que trazó un argumento algo enrevesado sobre el derecho de reunión. Comenzó diciendo que la Ley de Partidos «no significa que sus miembros tengan intervenidos todos sus derechos fundamentales», pero a continuación matizó que «el derecho de reunión no es ilimitado:puede ser intervenido en el curso de una investigación penal conducida por un juez penal, y es lo que ha sucedido».
Respecto a la ejecución de esta medida, López Aguilar recordó que corresponderá en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa a la Ertzaintza, «que es la que tiene competencias integrales en materia de seguridad en este territorio».
«Esto es un Estado de Derecho funcionando, esto es una democracia madura y que tiene derecho a tener confianza en el modo en que actúan sus instituciones», resumió el ministro de Justicia español.
En una lectura más política, el portavoz de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, no sólo no consideró que la prohibición de sus actos vaya en contra de la participación política de Batasuna, sino que consideró que debe alentarla:«Va a tener la oportunidad, si lo desea, de hacer el pronunciamiento que el conjunto de la inmensa mayoría de la sociedad vasca espera, que no es otra que decir que ni ampara ni justifica la violencia terrorista y que quiere hacer política respetando la democracia, las reglas de juego y los derechos humanos», valoró.
«Gracias a Dios está el PP», concluye María San Gil (PP).
Aunque siguieron criticando la postura del Gobierno del PSOE y la Fiscalía General del Estado al considerarlas erráticas, los dirigentes del PPno ocultaron su abierta satisfacción por el desenlace de este litigio, y se lo atribuyeron como un éxito de su partido.
«Gracias a Dios está el PP y no ha permitido que esto pase desapercibido», dijo María San Gil en los micrófonos de Radio Euskadi, antes incluso de conocer la decisión final del juez Fernando Grande-Marlaska. «Hemos conseguido que la Fiscalía General del Estado se ponga en funcionamiento dando la orden al juez de la Audiencia Nacional».
«Para volver a la vida política lo tienen facilísimo:Arnaldo Otegi no tiene más que renunciar a la violencia, pedir perdón, contar todo lo que sabe y que ETA entregue las armas», añadió. Insistió además en que sigue viendo el anagrama de esta organización en los carteles del BEC: «Es como si en un congreso de nazis hubiera una cruz gamada un poco desdibujada y cuando alguien lo denunciara ellos dijeran que es el signo de la Cruz Roja».
Desde Madrid, Eduardo Zaplana estimó que «el juez ha desautorizado a Zapatero» y exigió cumplir su orden «sin engaños».
Batasuna: «Este pulso lo han ganado los sectores golpistas».
Nada más conocer el auto de Grande-Marlaska, Arnaldo Otegi resaltó que «aquí no ha habido un debate jurídico sino un gran pulso entre sectores golpistas y de la derecha más reaccionaria, que quieren prolongar el conflicto, y los que apostamos por la democracia y la paz». Desde «la serenidad y la perspectiva política», calificó la resolución de «muy grave».
«Desde la serenidad, el único calificativo que merece esta decisión es el de ‘muy grave’. No encontramos otro», subrayó Arnaldo Otegi que, tras conocerse el contenido del auto de la Audiencia Nacional, compareció en Donostia con Joseba Permach para realizar una valoración de urgencia.
Así, resaltó que la resolución de la Audiencia Nacional, de carácter «profundamente político», simboliza «el pulso entre quienes apuestan por la democracia y la paz, y sectores golpistas, fascistas y de la derecha más reaccionaria que quieren alargar el conflicto y sabotear cualquier intento de superación del conflicto». Señaló que, de momento, «han ganado» estos últimos pero que «éste no es la madre de todos los pulsos».
«El PP ha instrumentalizado todo lo que tiene a mano, desde los grandes obispos, tenientes generales, cadenas radiofónicas y audiencias nacionales. Quieren impedir que se ponga en marcha un proceso. Tienen pavor a la paz y a que se construya un proceso de superación», insistió Otegi.
Dejó claro que «esto no es un mero incidente» y que «lo que está en juego no es la realización de un acto concreto de Batasuna, sino el pulso anteriormente citado». Por ello, consideró que la respuesta debe darse con perspectiva «de pueblo».
En tal sentido, hoy comenzarán a reunirse con el «conjunto de fuerzas políticas», sindicales y sociales con las que compartirán «más a fondo» la reflexión expuesta en la rueda de prensa de ayer. «La respuesta no debe ser habilitada sólo por la izquierda abertzale», incidió.
Manifestó quela nueva suspensión de actividades y la pro- hibición del acto del BEC «únicamente satisface a quienes mantuvieron 40 años de dictadura y pretenden imponer un régimen dictatorial».
Otegi no dudó de que «los partidos políticos se reunirán con nosotros. En el auto también hay amenazas contra otros sectores que no son la izquierda abertzale». Destacó nuevamente que el objetivo de esta decisión es «provocar el conflicto. Así difícilmente se construye un proceso». No obstante, advirtió que «el cambio político no se va a parar con Audiencias Nacionales».
«El Gobierno no puede o no tiene voluntad».
Sobre la actitud mostrada por el Gobierno de José Luis Zapatero, Arnaldo Otegi estimó que «no puede o no tiene voluntad para impedir que los sectores de la derecha más reaccionaria y franquista condicionen permanente la vida política» de Euskal Herria, «algo es muy grave», concluyó.
Reiteró que el auto de la Audiencia Nacional busca «fotos de conflicto» y «generar un clima de crispación y una falta de confianza a la hora de poner en marcha un proceso». «Todo el mundo sabe que provocará hechos y fotos de conflicto. Por eso lo han hecho, para trasladar la situación política unos meses atrás», remarcó.
Preguntado sobre si se mantiene la celebración del acto previsto para el sábado en el BEC, respondió que «de momento, sí». No obstante, la decisión final sobre este congreso se tomará tras la ronda de contactos de hoy.
Las declaraciones realizadas por PNV, EA y algunos sindicatos le hacen confiar en que «podrán hacer alguna reflexión en común». «A partir de ello, veremos si podemos dar una respuesta contundente, democrática y popular», añadió Otegi.
Erabakiari "erantzuna ematea denei dagokielako" alderdi politiko eta sindikatuekin bilduko da bihar Batasuna.
Arnaldo Otegi Batasuneko bozeramaileak adierazi duenez Espainiako Auzitegi Nazionalak gaur hartutako erabakia "bakearen eta prozesuaren aurkako erabakia da". Otegik adierazi duenez, Batasuna alderdi politiko eta sindikatuekin bilduko da bihar erabakiari "erantzuna ematea denei dagokieleako". Epaiak epai larunbateko deialdiari eutsi dio Batasunak.
Gaurkoan Espainiako Auzitegi Nazionaleko Fernando Grande Marlaskak Batasunak larunbaterako BECen deitua zuen ekitaldi politikoa debekatu du. Halere Auzitegi Nazionalaren erabakia ez da horretara mugatu; bi urtetarako debekatu du Batasunaren jarduna; bere egoitza guztiak eta interneteko web orria ixteko agindua ere eman du.
Auzitegi Nazionalak harturiko erabakia erabat larria da. Beste behin, Fernando Grande-Marlaskak protagonimoa bereganatuz, erabaki erabat antidemokratikoa hartu du, milaka herritarron adierazpide politikoa den Batasunaren jarduna debekatuz. Epaile honek harturiko erabakiak "impulso" politiko bati erantzuten dio.
Beraz, gaurko erabaki honen aurrean Batasunak zera adierazi nahi du:
1.-Ez gaude inolaz eztabaida juridiko batean. Arazoa politikoa da eta sakontasun handikoa. Herri honetan eszenatoki berri bat irekitzen ari da, baina tartean eraso zenbait gertatzen dira, gaurkoa horren azkena. Herri honetan markoen agorpena guztiok onartzen dugunean, gehienak lanean ari garenean herri honi irtenbide demokratiko bat emateko, beste eraso berri bat onartzen da.
2.-Herri honetan eztabaida bi sektoreen artean ematen da: gatazka gainditzearen alde daudenen eta eszenatoki berri bat oztopatu nahi dutenen artean. Bigarren honetan kokatzen da Alderdi Popularra. PPk bere pieza guztiak mugitzen ari da eta makinaria guztia erabiltzen ari da gatazka gainditzeko bidean lanean ari direnen kontra. Zentzu horretan, PSOEk ere bide ematen diola ikusten ari gara, behar diren tamainako neurriak hartu gabe.
3.-Azkenik, Batasunak zera esan nahi du: lasaitasunarekin aztertu behar direla gertatzen ari diren guztiak. Lasaitasuna eta perspektibarekin aztertu behar dira. Beroan burua hotz mantentzen jakin behar da.
Lakua: «Legeak dioena beti bete dugu eta beti beteko dugu, ez gustatu arren».
«Epaileek esaten dutena esaten dutela ere, eta nahiz eta legea ez gustatu», Lakuak «beti legea bete du eta beti beteko» duela esan zuen atzo Miren Azkarate eledunak, Fernando Grande-Marlaska epailearen erabakia jakin aurretik. Ondoren, arratsaldean, berretsi egin zuen asmo hori. «Zentzugabekeria da Batasunari eskatzea bere ideiak bide politiko eta demokratikoetatik ager ditzala eta, ondoren, ideia politiko horiek azaltzea debekatzea», gehitu zuen.
Herenegun Lakuako Barne sailburu Javier Balzak esan zuen, eta atzo Gobernuko eledun Miren Azkaratek berretsi:«Legeak dioena beti bete dugu eta beti beteko dugu, nahiz eta gustatu ez». Adierazpenok eguerdi-partean egin zituen Azkaratek, Auzitegi Nazional espainoleko epailearen erabakia ezagutu baino lehen. Hala ere, behin epaia publiko egindakoan, Lakuako Gobernuko Barne Saileko eta Lehendakaritzako iturriek Efe agentziari berretsi egin zioten zein den beren asmoa; legea betetzea, alegia.
Gobernu Kontseilua egin eta gero eman zuen prentsaurrekoa Lakuako bozeramaileak, eta adierazpen instituzionala irakurri zuen agerraldian. Idatzian, besteren artean, Batasunaren edozein ekitalditara ideia politikoak entzutera joaten diren pertsonak euren eskubide zibil eta politikoak erabiltzen ari direla agertu zuen Gobernuak.
Horiek hala, kargu-hartzean Juan Jose Ibarretxe lehendakariak esandakoa gogorarazi zuen Azkaratek. «Gobernu honentzat Batasuna beste mintzaide bat da; guztiok aintzat hartu eta ordezkatuko gaituen akordioa lortzeko beharrezkoa dena, hain zuzen ere», nabarmendu zuen. Horren haritik, «zentzugabekeria» da, Azkarateren aburuz, alde batetik Batasunari eskatzea bere ideiak bide politiko eta demokratikoetatik ager ditzala eta, bestetik, hain justu, ideia politiko horiek azaltzea debekatzea.
«Hendaian bai, hemen ez?».
«Batasunak bere ideak azaldu behar dizkigu denoi, eta, ondoren, herritarren ordezkariek haiek aztertu beharko dituzte», gaineratu zuen Azkaratek. Eta ondoko galdera egin zuen, segidan: «Zer irabaziko du demokraziak Batasunari bere ideia politikoak helaraztea debekatzen bazaio? Gainera, justu hemen ondoan, Hendaian, Iturgaitz jaunak hainbestetan gogo- rarazten digun Europa horretan, alderdi horrek askatasun osoz hitz egin dezake».
Azkarateren esanetan, gertatzen dena gertatzen dela ere, Lakuako Gobernua ziur dago Batasunak bere gogoeta politikoak plazaratuko dituela, «eta hori positiboa da».
«Norbaitek uste al du bake eta normalizazio politikorako agertokiari horrek guztiak laguntzen diola? Izan ere, Gobernu honetan inork ez baitu ha- lakorik uste», esan zuen, eta ironia ere baliatu zuen zenbaiti kritika egitearren: «Norbaitek nahi baldin bazuen Batasunaren gainean eta bere helburuen gainean ez hitz egitea, egia esan, lortzen ari da».
Jose Luis Rodriguez Zapaterori ere zuzendu zitzaion, joan den astean Alderdien Legea «murriztailea» dela esan zuela-eta. Lege hori baliorik gabe uzteko «ausardia» izan dezala eskatu zion presidente espainola- ri. Aurrez ikusita zeuzkan helburuak ez betetzeaz gain, konpontzen dituenak baino arazo gehiago sortzen dituela salatu zuen Azkaratek. «Horrelako lege bat indargabetu egin behar da. Porrot egin du eta ezker abertzalea ez da desagertu, inork uste zuen bezala».
Joseba Azkarraga ere mintzatu zen BECeko ekitaldiak sorturiko ika-mikaz, hori ere erabakia ezagutu aurretik, eta «PPren presiopean erortzea bake prozesurako ikuspuntu txarra» dela ohartarazi zuen. Hala ere, eledunaren tankeran hitz egin zuen: «Erabakia [epailearena] edozein izanda ere, onartu beharko dugu».
«Behin eta berriz Batasunak bide politikoen aldeko apustua egin behar duela esaten ari gara instituzioetatik eta alderdi politikoetatik eta, saiatzen denean, ideien eztabaida galarazten saiatzen gara», argitu zuen.
Alderdien Legea indargabetzeko eskatuz, ez legezko proposamena aurkeztuko du EBk.
Datozen egunetan Alderdien Legea indargabetzeko eskatuz, ez legezko proposamena aurkeztuko du EBko taldeak Gasteizko Legebiltzarrean.
Horrela jakinarazi zuen atzo Oskar Matute EBko legebiltzarkideak goizean. Aurreko legegintzaldian, Gasteizko Legebiltzarrak Alderdien Legearen kontra dagoeneko egin zuela onartu arren, EBk lege hori indargabetzeko eskatzen jarraituko duela berretsi zuen.
Erabakia ezagutu ostean, berriz, Grande-Marlaska epailearen erabakia, adierazpen askatasuna eta biltzeko oinarrizko eskubideak urratzeaz gain, Estatuaren botere faktikoen presioaren ondorioa dela salatu zuen.
Gainera, debekuak Euskal Herriko «normalizazio politikoa eta bake prozesua eragozten» dituela ziurtatu zuen.
Aralarreko buru Patxi Zabaleta, berriz, harago ere joan zen ebazpenaren berri izan ostean. Alegia, Lakuako Gobernuari dei egin zion Batasunaren jardunaldia toleratzeko «desobedientzia zibileraino» ere iristeko.
Ertzaintza BECen gertatzen edo gertatzen ez denaren inguruan agintari judizial espainolei informazioa pasatzera muga dadila eskatu zuen hala Zabaletak, eta Grande-Marlaskaren erabakia «erabat antidemokratikoa» dela esan zuen oro har.
Ildo beretik, bestetik, atzo ezagutarazitako erabakiak «eskubideen aurka» egiten duela esan zuen Elkarri-k ere. «Bazterketa aukeraren mementoa oztopatzen» duela ohartarazi zuen.
Batzarre, berriz, Batasunaren larunbateko ekitaldia debekatzearen kontra agertu zen. Hala, bere garaian Alderdien Legea salatu zuela ere gogorarazi zuen.
Balza y tres mahaikides, citados ahora como imputados por el acto de Anoeta.
Los mahaikides Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Alvarez han sido imputados por un delito de «exaltación del terrorismo y reunión ilícita» por la Audiencia Nacional por el acto del Velódromo de Anoeta de noviembre de 2004, mientras que el TSJPV acusa a Javier Balza de «denegación de auxilio» por permitir el acto.
El juez de la Audiencia Nacional española Félix Degayón ha citado a los mahaikides Arnaldo Otegi, Joseba Permach y Joseba Alvarez como imputados por los delitos de «reunión ilícita» y «exaltación del terrorismo» en relación con el acto de Batasuna que tuvo lugar en el Velódromo de Anoeta en noviembre de 2004 y en el que se presentó la propuesta «Orainherria, orain bakea».A Otegi le imputan también un delito de «desobediencia». Los tres mahaikides están citados para declarar en la Audiencia Nacional el próximo día 26.
Paralelamente, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJPV revocó el archivo de la querella del Foro Ermua contra el consejero de Interior del Gobierno de Lakua, Javier Balza, quien también tendrá que declarar como imputado.
Félix Degayón adoptó la decisión de imputar a Otegi, Permach y Alvarez tras recibir del TSJPV la querella que presentó en enero de 2005 contra los entonces parlamentarios de SA por los delitos de «enaltecimiento del terrorismo» y «reunión ilegal» en relación con el acto de presentación de «Orain herria, orain bakea».
La Fiscalía remitió el caso al TSJPVpor tratarse de tres personas aforadas, pero una vez que, tras las elecciones, perdieron su condición de parlamentarios, la causa fue trasladada a la Audiencia Nacional.
Asimismo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo verá hoy el recurso de casación presentado por Otegi contra su condena a 15 meses de prisión por «enaltecimiento del terrorismo» durante el homenaje a Olaia Kastresana. Si se confirmase esta pena, Otegi podría ser obligado a ingresar de forma efectiva en prisión, ya que se sumaría al año de cárcel que le impuso el mismo Supremo el pasado 4 de noviembre por el delito de «injurias al Rey», aunque su defensa llegaría hasta el Tribunal Constitucional.
Por lo que se refiere a la causa contra Balza, la magistrada instructora, Nekane Bolado, decidió en noviembre del año pasado archivar este querella al considerar que Balza no cometió un delito de «denegación de auxilio» por no impedir el acto de Anoeta, tal y como reclama el Foro Ermua.
«Instrucción insuficiente».
En un auto dado a conocer ayer, en cambio, el TSJPV, sin entrar en el fondo de la cuestión, determina que la juez debe tomar declaración a Balza y practicar «cuantas diligencias considere necesarias».
La decisión del TSJPV responde a un recurso presentado por el Foro Ermua contra la decisión inicial de Nekane Bolado, al considerar que «la instrucción ha sido insuficiente» hasta el momento.
El Foro Ermua se querella por «desobediencia» en Iruñea.
Antes de que Grande-Marlaska determinara la suspensión de actividades, en los juzgados de Iruñea el Foro Ermua presentó una querella contra los integrantes de la Mesa Na- cional de Batasuna por presuntos delitos de «desobediencia».
Este colectivo ultraderechista destaca que «Batasuna no puede realizar actividad alguna, ni convocar, ni realizar actos públicos o privados, ni efectuar manifestación, ni declaraciones de ningún tipo» debido a la ilegalización decretada por el Supremo y a la suspensión de actividades de la Audiencia Nacional.
El Foro Ermua acompaña su querella de trece ejemplos que, a su juicio, suponen una actuación en contra de las decisiones judiciales. Entre ellos se encuentran actos para pedir el voto nulo en 2004, el envío de cartas exigiendo la dimisión de concejales, asambleas para apoyar a EHAK, ruedas de prensa y reuniones de la Mesa Nacional.
A juicio del Foro Ermua, estos hechos «son constitutivos de trece delitos de desobediencia a la orden de cesar en todas sus actividades», una situación que califica de «extremadamente grave, dado que la ilegalización de Batasuna se produce por haber sido instrumentalizada por una organiza- ción terrorista».
Se da la circunstancia de que la Delegación del Gobierno español en Nafarroa ha mantenido una actitud extremadamente rígida y ha prohibido varias manifestaciones convocadas por distintos colectivos sociales y sindicales con el argumento de que el verdadero convocante era Batasuna.
