El Ararteko ya rechazó que el registro corporal fuera una práctica sistemática.
Un informe del Ararteko de 1998 presentado y aprobado por el Parlamento de Gasteiz sobre las intervenciones policiales en el barrio bilbaino de San Francisco, es frontalmente opuesto a las intenciones que esta semana ha desvelado el alcalde de la capital vizcaina, Iñaki Azkuna, de impulsar los «cacheos» preventivos dentro de lo que él bautizó como «guerra al navajeo». El Ararteko rechazó en su día los registros corporales como práctica habitual.
La «guerra al navajeo» declarada en esos mismos términos por el alcalde bilbaino, Iñaki Azkuna, deberá sortear una voz que hasta el propio primer edil considerará autorizada para opinar, la del Ararteko. Iñigo Lamarka no se ha pronunciado aún sobre esa «orden» del mandatario bilbaino de que «unidades uniformadas y de paisano identificarán y realizarán cacheos preventivos a individuos con antecedentes o sospechosos de llevar armas», pero sí lo hicieron sus antecesores.
Durante finales de 1997 y todo el año 1998, la oficina del Ararteko llevó a cabo un estudio sobre actuaciones policiales con personas de origen inmigrante en la zona del barrio bilbaino de San Francisco. Fue ese año cuando presentó su informe al Parlamento de Gasteiz y dos años después dio cuenta del cumplimiento hecho a sus recomendaciones.
Entre estas últimas, recoge la que define como «registros corporales» y en ella el Ararteko deja claro que la «idea motriz» de esa recomendación es que «el registro corporal no puede convertirse en una práctica sistemática aplicable a todas las detenciones».
El informe indicaba que «todo hace pensar que la práctica del registro siempre centrada en esta zona de la ciudad en plena calle o en un portal es la práctica habitual y primera, y no siempre va acompañada de identificación de las personas que son registradas».
El Ararteko, en este informe especial, recordaba que la legislación «únicamente permite un ‘control superficial’ de los efectos personales que, normalmente, se limitará al denominado ‘cacheo’ por encima de la ropa». Si, además, se realiza un registro de pertenencias, el agente deberá expresar el motivo existente: «Salvo circunstancias excepcionales, los agentes deben ofrecer a la persona afectada una explicación, siquiera sucinta, sobre los motivos de su actuación».
En cualquier caso, especifica que «los controles sobre los efectos personales deben realizarse de modo respetuoso, evitando en general actitudes o maniobras que puedan resultar vejatorias como, por ejemplo, obligar a vaciar los bolsillos o el bolso volcando los objetos en el suelo».
El documento aprobado por el Parlamento de Gasteiz a instancias del Ararteko, especifica en sus indicaciones que «en ningún caso la Policía puede llevar a cabo actuaciones discriminatorias basadas exclusivamente en estereotipos o en determinadas características externas de las personas». Un extremo que tanto la Policía Municipal como la Ertzaintza, en ese mismo informe, rechazaban que pusieran en práctica.
La orden de Azkuna se aplica desde el día 5.
El anuncio del lunes del alcalde bilbaino no era un aviso a navegantes. Al parecer, esta campaña arrancó ya el pasado día 5 y su balance es ya de 45 personas identificadas, y ocho armas decomisadas. La orden se acordó el día 3 con los responsables políticos y policiales de Seguridad Ciudadana.
Denuncia que le requisaron su navaja multiusos en un «cacheo».
Un vecino de Basauri, Constantino V, de 42 años, denunció ayer el «cacheo» al que fue sometido a mediodía por dos agentes de la Policía Municipal, en un portal de la zona de El Arenal bilbaino, cuando conversaba con un conocido y tras participar en una concentración de la plataforma Gureak 1936 frente a la sede de EA.
Los hechos que denunció a este diario tuvieron lugar poco después de las 12.30, cuando tras acudir al final de este acto, se quedó junto a un amigo. En ese instante, según su testimonio, dos policías locales se le acercaron y le preguntaron si portaba «algún instrumento cortante», a lo que él respondió que su navaja multiusos.
A continuación, los agentes le llevaron hasta un portal, «el número 2, creo que de la misma calle de la sede de EA», y le requisaron la navaja. «Sólo se dirigieron a mí, en ningún momento a la persona con la que hablaba. Tampoco me dijeron la razón por la que me registraban ni por qué se llevaban la navaja que tenía», explicaba Constantino V., quien afirma que se identificó con el ENA, carnet al que los policías no quisieron dar validez.
Este ciudadano se decidió a denunciarlo, dice, «después de leer ayer por el martes lo que había dicho el alcalde Azkuna en los medios de comunicación sobre los cacheos».
PSE: «Declaraciones racistas, clasistas y ultraderechistas».
El portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Bilbo, Txema Oleaga, calificó ayer de «racistas, clasistas y ultraderechistas» las declaraciones del alcalde, Iñaki Azkuna, que anunció el lunes que ha ordenado a la Policía Municipal identificar a las personas susceptibles de portar un arma blanca, «para realizar una guerra al navajero», dado que, a su juicio, «no es de recibo que los navajeros pululen por la ciudad como si fueran los pasillos de sus casas».
Para el responsable del PSE, el lenguaje utilizado por Azkuna «deja mucho que desear y es intolerable». A su juicio, es «un lenguaje de la más pura ultraderecha, donde se habla de mano dura, de actuar contra la gente en función de la vestimenta, de clases y de razas».
Estas palabras esconden, según Oleaga, una actitud «clasista, racista y llena de prejuicios». Para este político, el combate contra la delincuencia «no está reñido con el respeto a la Ley, y Azkuna no ha actuado con seriedad y sosiego, como corresponde al responsable de la seguridad de una ciudad como Bilbao».
El portavoz de otro grupo municipal, pero esta vez del Ayuntamiento de Gasteiz, Antton Belakortu, de EA, opinó ayer en la emisora Radio Euskadi que las declaraciones de Azkuna «no me han gustado, porque querría saber cuál es el estándar de imagen del señor Azkuna».
Según él, es mejor apostar por trabajar contra la exclusión social, que atajar la inseguridad ciudadana con medidas de mayor presencia policial.
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