El Gobierno del PSOE alude de nuevo al derecho de reunión entre insultos del PP.
- El PP aumentó ayer un punto más su presión sobre el PSOE para que no modifique la Ley de Partidos aprobada por ambos. Tras las declaraciones en las que José Luis Rodríguez Zapatero ponía anteayer cierta distancia respecto a esa norma, el presidente del PP, Mariano Rajoy, le llamó «cobarde» y le acusó de «humillarse ante una organización terrorista». La vicepresidenta del Gobierno del PSOE y el ministro de Justicia ratificaron las consideraciones de Zapatero.
- Batasuna responde que los derechos se garantizan aboliendo la Ley de Partidos.
- «Ridículos» como el de María San Gil (PP) que acaban en encarcelamientos.
- Denunciarán en Iruñea que «la unidad española se impuso a sangre y fuego».
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, ratificó tras el Consejo de Ministros las valoraciones hechas la víspera por José Luis Rodríguez Zapatero en una conversación oficiosa con periodistas, a los que indicó que la Ley de Partidos «es muy restrictiva» y abogó por compatibilizarla con el derecho de reunión establecido en la Constitución española.
«Batasuna es una organización ilegalizada, pero la ilegalización en ningún caso comporta la suspensión, limitación o desaparición de los derechos fundamentales de las personas», dijo Fernández de la Vega, que citó de nuevo expresamente los derechos de reunión y de manifestación.
A partir de esa consideración el Gobierno del PSOE se limita a remitir a los tribunales, que afirma que son los encargados de dilucidar si el acto de Batasuna en el BEC debe celebrarse o no. «Quien tiene que calificar la naturaleza del ejercicio de esos derechos son los jueces», indicó la vicepresidenta española antes de apostillar que «este gobierno quiere, por encima de todo, que se cumplan la ley y la Constitución».
Periodistas presentes en la rueda de prensa llegaron a preguntar a Fernández de la Vega si acaso el Gobierno cree que hay leyes «flexibles y rígidas». Esta, lógicamente, lo negó.
Dentro del organigrama del Ejecutivo del PSOE, hubo quien se desvinculó de este mensaje general y opinó directamente que la Fiscalía debe actuar contra la convocatoria de Barakaldo. Se trata del Alto Comisionado para las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, que ha remitido incluso una carta con este mensaje al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.
Preguntada por ello, Fernández de la Vega le restó importancia: «Es entendible y respetable desde la perspectiva de la naturaleza de las funciones que tiene encomendadas el Alto Comisionado», indicó en su comparecencia.
El ministro de Justicia fue el otro representante gubernamental que habló ayer de la cuestión, ciñéndose a las consideraciones de Zapatero y Fernández de la Vega. Juan Fernández López Aguilar detalló que «Batasuna no puede convocar ningún acto, ninguna actividad. A partir de ahí, estaremos hablando de lo que hagan personas individuales en el ejercicio de derechos fundamentales que no hayan sido restringidos. Y si hay posibilidad de que bajo esas actividades individuales pueda haber algún intento de defraudación, el Poder Judicial es quien puede decirlo», concluyó el ministro.
Rajoy, al ataque.
Antes de que el Gobierno español ratificara esta crítica a la Ley de Partidos, el presidente del PP, Mariano Rajoy, había dirigido durísimas críticas a Zapatero por sus palabras del jueves. En una rueda de prensa en Toledo, Rajoy le acusó directamente de «cobardía sin límite» y de haberse «humillado ante una organización terrorista», en referencia a Batasuna.
«Son las declaraciones más graves pronunciadas por un presidente del Gobierno español. Superan los límites de lo imaginable, porque ha defendido el derecho de reunión de una organización terrorista frente a una ley que él votó y que, como presidente del Gobierno, está obligado a cumplir», apuntó.
Ahondando en lo mismo, reseñó que afirmaciones de ese calibre «no tienen precedentes en un país civilizado», y advirtió que «desde el punto de vista democrático, el presidente de un país no puede amparar públicamente el incumplimiento de una ley, liderar una rebelión contra una norma o traicionarla. En democracia, la ley está por encima de cualquier cosa, del jefe del Estado o del jefe del Gobierno. No hay nada por encima de la mayoría».
Rajoy se extendió en calificativos contra Zapatero. Le acusó de «mendigar una tregua», le preguntó «qué imagen de España» van a tener otros países europeos y concluyó que su actuación «es de una desfachatez sin límites». El líder del PP aseguró, como conclusión, que «el Gobierno y el PSOE tratan mejor, con más deferencia y respeto, a Batasuna que al PP. Es indignante».
Todos estos epítetos fueron conocidos por la vicepresidenta del Gobierno español antes de su rueda de prensa. Consideró que «desgraciadamente, el líder de la oposición trata siempre de entorpecer en lugar de ayudar, de dividir y descalificar en lugar de sumar y unir». «Rajoy ha sustituido la razón y el argumento por la descalificación, y el ruido y el respeto por el insulto».
Conde-Pumpido no quiere «decisiones precipitadas».
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, pasó por Euskal Herria sin despejar la incógnita de su posición ante el acto del BEC. Se reunió en Donostia con los tres fiscales jefes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa para recabar información. Ante los periodistas, Conde-Pumpido se limitó a reiterar que Batasuna no puede realizar actos «como partido», pero matizando que «en principio, el derecho de reunión, de manifestación y de participación política están en vigor. No se pueden ejercitar a través de Batasuna, pero están en vigor». Y planteó, sobre todo, que es necesario «no tomar decisiones precipitadas» sobre esta cuestión.
Batasuna responde que los derechos se garantizan aboliendo la Ley de Partidos.
Derogar la Ley de Partidos. Esta es, a juicio de Batasuna, la única forma de que se garanticen derechos como el de reunión, el de participación política o el de organización. Así respondió la formación abertzale a las manifestaciones de la víspera de Rodríguez Zapatero, quien tildó de «muy restrictiva» la norma por la cual se declaró ilegal a Batasuna. Una ley que, según recordó Joseba Permach, permite la existencia de instituciones que niegan la voluntad popular.
Batasuna ofreció ayer su valoración de las manifestaciones realizadas el jueves por el presidente español en torno al respeto al derecho de reunión y su supuesto afán de compatibilizarlo con la Ley de Partidos. En respuesta, el mahaikide Joseba Permach indicó que «está bien» que Rodríguez Zapatero «reclame derechos como el de reunión y organización política». No obstante, apuntó que «el único paso que hay que dar para garantizar esos derechos es acabar con esa ley injusta que conculca los derechos civiles y políticos en referencia a la Ley de Partidos y que fue pactada con los herederos del franquismo».
El portavoz de Batasuna reclamó que se deje «sin efecto» una política de ilegalizaciones que ha tenido consecuencias como la existencia de «instituciones que no representan la voluntad popular» o la puesta en marcha de procesos como el macrojuicio por el 18/98.
La actitud de Balza.
Preguntado además por la postura de Javier Balza de no tomar en consideración el requerimiento del PP para impedir el acto del BEC, Permach señaló que «nos parece fenomenal», aunque recordó que la Ertzaintza continúa abriendo diligencias que acaban en la Audiencia Nacional y que las sedes de Batasuna siguen cerradas, buena parte de ellas a raíz de la actuación de la Policía autonómica. Por todo ello, reclamó al consejero de Interior de Lakua que «deje de acosar a la izquierda abertzale».
«Son muchos los pasos a dar para respetar los derechos de Batasuna y del conjunto de la ciudadanía», apostilló Joseba Permach en esta comparecencia, destinada a esclarecer las acusaciones lanzadas por María San Gil tras confundir uno de los símbolos del cartel anunciador del acto del BEC.
«Ridículos» como el de María San Gil que acaban en encarcelamientos.
«Esta Mesa Nacional nunca hubiera pensado que María San Gil haría un ridículo tan grande con un cartel de Batasuna en la mano». Joseba Permach se refirió así a las declaraciones en las que la presidenta del PP de la CAV identificó el símbolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el «anagrama de ETA».
El representante de Batasuna recordó que en el cartel se recogen mediante sus respectivos símbolos los diferentes ámbitos en los que se centra el proceso Bide Eginez. Junto a logotipos que representan el euskara, el feminismo, el medio ambiente o los derechos laborales, la serpiente enroscada a un palo simboliza «el derecho a una sanidad pública».
No obstante, Permach recordó que «declaraciones de este tipo realizadas por este tipo de personajes» suelen originar diligencias judiciales, detenciones y encarcelamientos.
Ante la evidencia, el PP abandonó el discurso de los anagramas sin explicaciones para señalar que «ETA está en el cartel de Batasuna y estará en el BEC» porque «son la misma realidad». Su secretario general en la CAV, Carmelo Barrio, consideró que es «el colmo» que la formación abertzale «presuma de exhibir el símbolo de la salud».
Declaraciones:
«El PSOE intenta reconstruir lo que quedó destrozado»
JOSEBA EGIBAR |Portavoz parlamentario del PNV
Convencido de que el acto de Barakaldo «se va a celebrar», Egibar consideró que el PSOE está intentando «tejer o reconstruir» lo que quedó «destrozado» con la aprobación de la Ley de Partidos y su posterior aplicación, algo que consideró «complicado». No obstante, descartó que el Congreso de Batasuna vaya a tener «una repercusión estructural en lo que entiendo es un proceso de pacificación».
«La práctica gubernativa es un puedo y no puedo»
XABIER ARZALLUZ | Ex presidente del EBB del PNV
Para Arzalluz, las declaraciones de Rodríguez Zapatero muestran que «la práctica gubernativa está metida en un cuento, en el que se aplica el quiero y no quiero, puedo y no puedo». Preguntado por su opinión sobre el acto del BEC en una emisora de radio, el anterior dirigentes del PNV respondió que «no había motivos para que los ilegalizaran, así que de ahí para abajo, imagínate lo que pienso».
«El problema está en la propia Ley, no en su aplicación»
MIKEL ARANA | Portavoz de la Presidencia de EB
Arana estimó que «el problema no está en la aplicación de la Ley de Partidos sino en la ley en sí misma, que vulnera derechos y libertades de nuestro ordenamiento jurídico». Por ello, instó al presidente español a derogar esta norma «de manera urgente». «No podemos seguir jugando al 'talantismo' y a los juegos de palabras. Lo que hay que hacer es reafirmar y ratificar las palabras con hechos».
«El de Zapatero es un paso hacia la distensión»
AINTZANE EZENARRO | Parlamentaria de Aralar
Saludó las declaraciones del presidente español sobre la Ley de Partidos como «un paso hacia la distensión» y deseó que pueda contribuir a avanzar «hacia un inicio real del proceso de paz». En una entrevista a ETB, consideró que «es un paso en la buena dirección» aunque matizó que la ley que permitió la ilegalización de Batasuna «no sólo es restrictiva, sino que tiene bases antidemocráticas».
«Las FSE han sido decisivas frente a actos de Batasuna»
VICENTE RIPA | Delegado del Gobierno en Nafarroa
Mientras el Gobierno español alude al derecho de reunión, en una comparecencia para valorar el año recién concluido el delegado en Nafarroa, Vicente Ripa, destacó que las FSE «han tenido un papel decisivo» en la prohibición de actos que considera que eran convocados por Batasuna en este herrialde. Citó que fueron cinco las movilizaciones impedidas de esta forma, entre ellas la del Aberri Eguna.
Etenaldia orain luzatzea «iruzurra» izango zela adierazi dio defentsak Grande-Marlaskari.
Fernando Grande-Marlaska epaileak BECeko ekitaldia debekatzeko abiatu duen bideak ezusteko bat topatu du: Baltasar Garzonek 2002. urteko abuztuan agindu zuen Batasunaren etenaldia amaituta dago, hiru urtean ez baitzuten berretsi. Hori dela-eta, alderdiaren defentsak helegitea aurkeztu zuen atzo Auzitegi Nazionalean, GARAk atzo jakinarazi zuenez, etenaldi hori erabiliz, epaileak Poliziari eta Guardia Zibilari eskatu zizkien Batasunaren jarduera politikoaren inguruko txostenak agintzearen aurka.
Salaketa hori egia zela laster frogatu zuen epaileak. Izan ere, asteartean auzi horretan inplikatuta dauden alde guztiak biltzeko dei egin du, etenaldi hori luzatu behar den edo ez aztertze aldera. Grande-Marlaskaren asmoa ezintasun hori «konpontzea» eta, ondorioz, BECeko ekitaldia debekatzea litzateke.
Hala ere, helegite horri aurrea hartu dio defentsak, eta zera jakinarazi dio Auzitegi Nazionaleko epaileari: bukatuta dagoen etenaldi hori orain luzatu nahi izatea «lege iruzurra» eta «aginkeria» litzateke. Hori azaldu zion GARAri Jone Goirizelaiak.
Helegitean Batasunaren abokatuek adierazten dutenez, Fernando Grande-Marlaskak ezin zituen polizi txosten horiek eskatu, Batasunaren ekimenak bertan behera uzten zituen Garzon epailearen erabakiak hiru urteko ibilbidea baino ez zuelako, eta hori iazko abuztuan amaitu zen.
Legezkoa izan edo ez, txosten horiek eginak daude, eta hainbat berri agentziaren bidez zabaldu zituzten. «Oso antzekoak» omen dira Poliziarenak eta Guardia Zibilarenak, eta biek BECeko ekitaldia Batasunarena dela ondorioztatzen dute. Horretarako, hura iragartzen duten kartelak eta Batasuneko agintarien agerraldiak erabili dituzte bereziki. Falta zaien datu bakarra Barakaldoko eraikina nork alokatu zuen zehaztea omen da.
Txosten horiek Fiskaltzaren eskuetara ere heldu dira. Conde-Pumpido fiskal nagusiak esan duenez, arretaz aztertu behar dituzte, baina auzi horretan segurutzat jotzen dute Juan Moral fiskalak etenaldia luzatzearen alde egingo duela astearteko bileran.
Defentsak, berriz, dei hori ez du jaso ere egin mementoz. Hori ohiko kontua dela salatu du Goirizelaiak. Poliziaren txostenen mandatuaren berri ere hedabideen bitartez jakin zuten.
Balzak ezezkoa eman dio ekitaldia debekatzeko eskaerari.
Iragan astean, PPko legebiltzarkide Carlos Urquijok Lakuako Barne sailburu Javier Balzari eskatu zion Batasunak Barakaldoko BEC aretoan egin behar duen Nazio Biltzarra debeka zezala. Balzak ezezkoa eman zion atzo eskaera horri, haren iritziz, «Justiziari soilik» dagokiolako datorren asteko ekitaldia eragozteko erabakia hartzea.
Hiru orrialdeko idazkia igorri dio Barne sailburuak PPko buruari haren erabakiaren berri emateko. Bertan, bi argudio nagusi erabiltzen ditu ekitaldia debekatzeko eskaera errefuxatzeko. Alde batetik, aipatzen du Barakaldoko ekitaldia esparru itxian egitekoa dela, eta ez kalean; beraz, azaltzen du legediak ez diola Barne Sailari gaitasunik ematen baimena emateko edo ez emateko, edo ekitaldia kontrolatzeko.
Beste aldetik, adierazten du ez dela botere Exekutiboa, «eta hare gutxiago alderdi politiko bat», aurreko erabaki judizial bat urratzen den edo ez erabaki behar duena.
Aurreko argudioari lotuta, gogora ekartzen du esparru itxietan egindako ekitaldietako antolatzaileek eskubidea dutela «aginpideko ordezkariak» bertan egon daitezela eskatzeko, baina nabarmentzen du halako eskaerarik izan ezean, Gobernuak ezin duela ekitaldian eskurik sartu.
Horiek hala, azaltzen du Barakaldoko ekitaldiko antolatzaileek ez diotela Barne Sailari halako eskaerarik egin, eta horregatik berek ezin dutela «inolako ekinbiderik» abiatu.
Urquijori zuzendutako idazki horretan, Balzak argudio juridikoekin batera hausnarketa politiko bat ere egiten du, eta adierazten du PPk «bortizkeriaren manipulazio partidistaren bidea» sakontzen duela, eta alderdi horri aurpegiratzen dio euskal gizartea «beharrik gabe tentsionatzea», eta konponbide politikoak ukatzea.
«Gorenari dagokio».
Alde horretatik, Lakuako sailburuak uste du «agerian» geratu dela PPren jardueraren eta Zuzenbide Estatu baten oinarrian dauden irizpideen arteko urruntzea. «Beste behin ere, PPk nahita apurtzen du botereen banaketaren printzipioa, Estatuaren ikuspegi polizialaren bidetik bilatzen baitu Exekutiboak bere erabaki eta funtzioetan Betere Judiziala ordezkatzea», gaineratzen du.
Balzak Auzitegi Goren espainoleko presidentearen hitzak ere ekarri zituen gogora, eta azaldu zuen auzitegi horri dagokiola gai honen gainean erabakia hartzea, betiere Estatuko abokatuaren edo Fiskaltzaren ekimenez.
«Hari dagokio epaitzea PPk bere aldetik jada epaitu duena», gaineratzen du.
Denunciarán en Iruñea que «la unidad española se impuso a sangre y fuego».
Ciudadanos navarros se han movilizado con rapidez ante la convocatoria del Foro de Ermua «por la unidad española» el próximo día 21. Un día antes, llevarán a cabo una manifestación en Iruñea «contra la imposición» en la que recordarán que esa unidad «se impuso a sangre y fuego en Nafarroa» y exigirán que se le devuelva la decisión.
Ante la convocatoria el próximo sábado 21 de un acto en Iruñea «por la unidad española» que continúa al celebrado hace un par de meses en la Puerta del Sol de Madrid, ciudadanos navarros han promovido una manifestación la víspera bajo el lema «No a la imposición, respetad Navarra». Partirá a las 19.00 del Paseo de Sarasate y concluirá ante la sede del Gobierno foral, cuyo presidente, Miguel Sanz, tiene previsto participar en la concentración del Foro de Ermua con sus compañeros de UPN Jaime Ignacio del Burgo o Yolanda Barcina.
Los convocantes consideraron «un escándalo» esta implicación «en un acto contrario a la libertad y los derechos de Navarra». Lo compararon con el apoyo dado por los requetés navarros en 1936 al alzamiento franquista. De hecho, en el cartel anunciador la imagen de Franco se une a la de Barcina, Del Burgo y Sanz, todos ellos haciendo el saludo nazi.
En la rueda de prensa participó Progreso Mangado, miembro de la asociación de familiares de fusilados en la Guerra del 36; los miembros del movimiento vecinal Piru Zabaltza, Jacinto Martínez Alegría y José Luis Díaz; e Irati Mujika, del movimiento juvenil. Recalcaron que «la unidad española» que se pretende homenajear el sábado se impuso en Nafarroa «a sangre y fuego».
De Amaiur a Berrueta.
Citaron muchos ejemplos de todo ello: las víctimas de las batallas de Amaiur, Noain y Orokieta; los 3.000 muertos en 1936;y, más recientemente, los tiroteados en Montejurra, Germán Rodríguez, Gladys del Estal, Mikel Zabaltza o Angel Berrueta como último ejemplo.
Para los promotores, ni este acto de Iruñea ni las declaraciones del general Mena y otros ejemplos son casuales. «Buscan mantener cerrada la puerta de la actual cárcel de pueblos que es España. Justo ahora, cuando se abre un ciclo lleno de oportunidades, como ocurrió a finales de los años 70 se activan las fuerzas vivas de la extrema derecha, para intentar evitar que Navarra pueda expresar libremente su voluntad y el conjunto de los vascos podamos elegir libremente nuestro futuro territorial y político, sin coacciones ni injerencias del exterior».
Estos ciudadanos han decidido salir a la palestra porque consideran que el momento es clave. Y avisaron de que «esta vez no vamos a permitir que se nos imponga nada sin un previo acuerdo que sea refrendado a través de una consulta popular. La salida al conflicto pasa por el respeto a Navarra».
El llamamiento.
«El Foro de Ermua viene para imponer desde fuera nuestro anexionismo involuntario a España. La unidad de España se ha construido a sangre y fuego, a costa de la libertad de Navarra».
«No podemos quedarnos de brazos cruzados ante los que defienden las ideas de los que llenaron las cunetas de fusilados, los que justifican la tortura, los que se posicionan a favor de la intervención del Ejército español».
«Una vez más, vienen de fuera a secuestrar nuestra voluntad y encuentran en casa aliados como Sanz y Barcina. Una vez más, los herederos de los golpistas del 36 encabezados por el general Mola encuentran como aliados a los requetés de 2006».
«¿Es así como Sanz piensa emular a sus antecesores en el cargo de los tiempos de la Gamazada, que no dudaron en ir a Madrid a defender los derechos de Navarra frente a las agresiones centralistas?».
«De ninguna manera estamos dispuestos a permitir que se vuelva a producir el fraude de hace 30 años (...) Saldremos a la calle y les plantaremos cara porque esta oportunidad no podemos desaprovecharla».
