Una sala bajo presión legitima a la defensa. Editorial Gara.
El tribunal que encabeza la juez Angela Murillo decidió ayer suspender hasta el próximo día 30 de enero el proceso por el macrosumario 18/98. El mismo día en que una de las personas procesadas, Nekane Txapartegi, acudía ante otro juez para corroborar la denuncia de torturas que presentara tras su detención en 1999, la juez Murillo se inclinaba por suspender veinte días el proceso que sienta en el banquillo a 56 ciudadanos y ciudadanas vascos, en un intento de acallar las denuncias sobre la reiterada vulneración del derecho a la defensa que concurre en este caso.
La primera de las actuaciones en sede judicial que marcaron la jornada de ayer, la que llevó a Nekane Txapartegi ante un Juzgado de Instrucción de Madrid, se produce nada menos que seis años y medio después de que la vecina de Asteasu denunciara unas torturas que le produjeron marcas de las que dejó constancia el médico que la examinó a su ingreso en la prisión madrileña de Soto del Real. Sin embargo, ese parte médico no fue suficiente prueba para abordar una investigación de la denuncia, que fue archivada. Sólo después de que la defensa de Txapartegi recurriera, y transcurrido el más que razonable plazo de esos seis años y medio, un juez se ha dignado a preguntar a la procesada en la «pieza Xaki» por lo que ocurrió durante esos días y noches que permaneció incomunicada y sin derechos en los calabozos de la Guardia Civil.
El juez encargado de la nueva diligencia en este caso escuchó ayer con atención el testimonio de Txapartegi, un hecho que no merecería ser reseñado pero que es relevante por contrastar con la actitud inexpresiva que adoptan la mayoría de los jueces instructores españoles a la hora de dar curso a unos testimonios que, cabe recordar a sus señorías, obligan al denunciante a regresar emocionalmente al lugar y momento en los que padeció los tormentos objeto de su denuncia, aun a sabiendas de que ésta tiene pocas probabilidades de progresar.
Del mismo modo, y volviendo a la sede de la Casa de Campo, la medida adoptada ayer, aunque llega con retraso, carga de legitimidad a las defensas y a sus peticiones, en particular sobre el acceso a los famosos 100.000 folios. Sin embargo, por el modo en que se produce el lunes la Sala rechazó la suspensión que ayer ordenó también puede responder a «necesidades internas» de rebajar la tensión que acusa un tribunal sobre cuyo proceder fijan su mirada crítica varios colegios de abogados.
