El Juez de la Audiencia Nacional española, Grande-Marlaska, encarga informes sobre la acción política de Batasuna.
Los llamamientos del PP a prohibir el acto de Batasuna en el BEC ya tienen respuesta en los tribunales. Mientras la Fiscalía se lo piensa (Fungairiño dijo ayer que el acto no es legal pero seguirá el criterio del fiscal general), el juez Grande-Marlaska ha encargado informes policiales al respecto.
Un juez especial distinguido por sus últimas actuaciones contra la izquierda abertzale, Fernando Grande-Marlaska, y el máximo responsable de la Fiscalía en la Audiencia Nacional española, Eduardo Fungairiño, han tomado la batuta en la carrera para tratar de vetar el I Congreso Nacional de Batasuna, convocado para el 21 de enero en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Barakaldo y que constituirá el punto final al proceso de debate Bide Eginez.
Después de que los llamamientos insistentes del PP, la AVT o Manos Limpias a los responsables de los gobiernos de Madrid y Lakua no hayan logrado ningún resultado concreto, diferentes instancias judiciales han tomado la palabra. El primero en hacerlo fue, el martes, el presidente del Tribunal Supremo español, Francisco José Hernando, que recordó que Batasuna «está extinguida judicialmente» y, en consecuencia, «no tiene vida jurídica».
Ayer, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, reiteró esta tesis dando un paso más. Al preguntársele si creía que la convocatoria, hecha por personas particulares, era legal, respondió «naturalmente que no».
En el mismo tribunal especial, el juez Grande-Marlaska ha tomado la primera iniciativa concreta para intentar lograr la prohibición. Se trata del encargo a la Unidad Central de Información (UCI) de la Policía española y a la Brigada de Información de la Guardia Civil de informes sobre «las posibilidades de desarrollo de actividades de carácter político de Batasuna», según indicaron fuentes jurídicas.
Este encargo tiene un plazo de ejecución de 72 horas, y posteriormente se daría traslado del mismo a la Fiscalía para que haga pública su opinión al respecto. El magistrado indicó que no actuará antes de contar con este dictamen y de saber cuál es la tesis del fiscal.
Conde-Pumpido decidirá.
A tenor de las posiciones expresadas por unos y otros, la pelota parece estar sobre todo (aunque no únicamente)en manos del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Así lo admitió el propio Fungairiño al indicar que «estaremos en contacto con la Fiscalía General;si la Fiscalía dice que hay que hacer una cosa, se hace;y si no hay que hacerla, no se hace».
«No pongamos el carro antes de los bueyes pidió a los medios el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Primero vamos a ver los informes y luego ya dictaminaremos».
También Hernando, en sus declaraciones del martes, situó la iniciativa en la Fiscalía General o en la Abogacía del Estado, en la medida en que son las dos instancias personadas en el proceso judicial que derivó en la ilegalización de Batasuna. «Si lo pidieran, se pueden adoptar medidas. Estamos esperando a ver si hacen la petición, y si la hacen ya responderemos».
Otras instancias presionan en los tribunales. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó ayer mismo una denuncia en la Audiencia Nacional en la que no sólo reclama la prohibición del acto, sino que se actúe contra los organizadores por «colaboración con banda armada». Apela a esta instancia especial por ser la competente para tratar de delitos relacionados con el «terrorismo», según matizó su abogado Juan Carlos Rodríguez Segura.
El sindicato ultraderechista Manos Limpias, por su parte, ha remitido un escrito a la Sala Especial del Supremo para que «se proceda a adaptar las medidas necesarias para que dicha reunión no se cumpla», entre ellas «requerir la prohibición al consejero de Interior del Gobierno Vasco y al delegado del Gobierno». Se queja de que «esta formación actúa impunemente, con manifestaciones, ruedas de prensa, concentraciones y exaltación en homenajes a terroristas».
La activación de la vía de la Fiscalía General del Estado o de la Abogacía del Estado competería en términos políticos al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Interpelado de forma directa en un acto celebrado el martes, el presidente del Ejecutivo del PSOE se limitó a indicar que «cumpliremos la ley en lo que pueda afectar al ámbito de nuestras competencias», pero matizó que «en buena medida, éstas corresponden a la comunidad autónoma».
Otros dirigentes del PSE en Euskal Herria, como el portavoz parlamentario en Gasteiz, José Antonio Pastor, han subrayado en los últimos días que el acto está convocado por personas particulares y han devuelto la pelota, en cualquier caso, al ámbito judicial.
Para completar este cuadro de opiniones, desde el Gobierno de Lakua, la portavoz, Miren Azkarate, dejó claro el martes que tratan «con normalidad» esta convocatoria de Batasuna y dijo que las peticiones de veto ahondan «en actitudes totalmente del pasado de confrontación y negación».
Proceso normal hasta ahora.
Se da la circunstancia añadida de que el proceso de debate interno Bide Eginez que concluirá en el acto del BEC mediante la aprobación del documento y la elección de la nueva Mesa Nacional se ha desarrollado durante los últimos meses sin ningún tipo de impedimento. La única excepción reseñable fue la actitud del delegado del Gobierno español, Vicente Ripa, al enviar a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa las informaciones sobre una rueda de prensa ofrecida por decenas de representantes de la izquierda abertzale en Altsasu para poner en marcha esta dinámica. No consta que la Fiscalía haya dado respuesta alguna a este envío.
A lo largo de los tres meses posteriores, se han realizado en torno a 250 asambleas en todos los herrialdes sin incidentes, así como otro tipo de actos como reuniones con estudiantes o con trabajadores en fábricas. En ellas han participado más de 7.000 personas, según los datos ofrecidos por Batasuna.
En estos próximos días se llevarán a cabo las últimas asambleas en estas localidades, en las que se abordará la parte final de la ponencia Bide Eginez y se votarán las planchas para la nueva Mesa Nacional.
Todos los resultados serán refundidos en la sesión matinal del acto del sábado 21 en Barakaldo, en la que se cerrará el texto y la composición de la nueva dirección. Por la tarde está convocado un acto político abierto, también en el BEC, en el que Batasuna espera congregar a más de 13.000 simpatizantes y en el que anuncia la presentación de su línea de acción política para los próximos años. «No entra en nuestras previsiones que haya obstáculos. Queremos hacer una gran fiesta, queremos celebrar los resultados de este proceso y queremos mostrar en grandes letras que tenemos una alternativa para construir Euskal Herria desde la izquierda», explicaba a GARA el pasado 2 de enero Marije Fullaondo, una de las portavoces de este proceso de debate político.
El abogado de la AVT, Juan Carlos Rodríguez Segura, fue preguntado ayer por ello por los periodistas que acudieron a la Audiencia Nacional. Cuando se le planteó que explicara por qué no han tomado iniciativa alguna contra las anteriores asambleas y sí lo hacen ahora contra el acto del BEC, respondió que «es que ésta es la gota que ha colmado el vaso».
La AVT insiste en que el motivo de su denuncia hay que buscarlo en la inacción del Gobierno español. Para esta asociación, el hecho de que siga sin tomar ninguna iniciativa en contra del acto del Bilbao Exhibition Center confirma que «está bajo el chantaje de ETA».
«Estamos en un esfuerzo por la normalización».
Iñigi URKULLU | Portavoz del PNV.
Opinó que las instancias encargadas de decidir sobre el acto no son en ningún caso las gubernativas (ni el Ejecutivo de Lakua ni el de Madrid), sino las judiciales. En cualquier caso, al margen de ello Iñigo Urkullu consideró que «todos, salvo supuestamente el PP, estamos en lo que es un esfuerzo por que también la izquierda abertzale pueda formar parte de un juego normalizado entre formaciones».
«Que Marlaska no ponga piedras en el camino».
Mikel ARANA | Portavoz de la Presidencia de EB.
Apeló directamente al juez Grande-Marlaska, a la AVT y a Manos Limpias para que «no pongan piedras al camino de la paz y contribuyan a abrir vías de diálogo y de acuerdo». Según precisó, «la gran mayoría» de la sociedad vasca no consideraría «razonable» una prohibición de este acto, en el que añadió que participarán «personas en pleno ejercicio de sus derecho de libertad de expresión y reunión».
«Es un derecho y no caben excepciones».
Patxi ZABALETA | Coordinador de Aralar.
Defendió que se permita la jornada del BEC porque «es un derecho democrático y no caben excepciones ni actuaciones diferenciadoras o discriminatorias». Consideró incluso «fariseico» que se plantee ese debate: «Las realidades políticas son las que son. Lo que corresponde en democracia es que cada uno debata con libertad sus propuestas, las haga, las confronte con los demás y la sociedad decida», argumentó.
Batasuna Exhibition Centre. Iñaki IRIONDO.
Para haberle diagnosticado su «muerte civil» como recientemente hizo el Tribunal Constitucional español hay que convenir que Batasuna goza de una excelente salud. Antes de que anunciara públicamente la celebración de su Asamblea Nacional el próximo 21 en el BEC (al que habrá que rebautizar por estos días como Batasuna Exhibition Centre), líderes políticos y analistas de mayor o menor tino ya habían apuntado la fecha en sus agendas y comenzaron a hacer sus propias elucubraciones.
Acabar el proceso Bide Eginez con un acto público parecía el colofón lógico a un debate que Batasuna ha desarrollado sin esconderse. Los textos discutidos por unos 7.000 militantes en centenares de asam-bleas locales fueron entregados directamente desde el inicio a los medios de comunicación. Y la elección del BEC, visto el llenazo del Velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004, tampoco es extraña, puesto que ofrecía a Batasuna la oportunidad de dar al mismo tiempo imagen de fortaleza y de apuesta de futuro.
En cuanto se conoció la convocatoria se activaron también dos líneas de comentarios sobre la misma: una sobre los contenidos que aprobaran las bases de Batasuna y la segunda sobre la propia legalidad del acto en sí.
Sobre los contenidos del acto ha vuelto a escribirse y decirse de todo, incluidas las bobadas más peregrinas (especialidad de algunos supuestos confidenciales de internet) que ya antecedieron también al acto de Anoeta. Pero se observa nuevamente una tendencia en determinados partidos y opinadores que no es precisamente inocente. Se trata de intentar poner a Batasuna un listón que saben que no va a superar ni pretende hacerlo para, después del acto, tratar de minimizar la aportación que haga la izquierda abertzale. La estrategia ya se puso en marcha en Anoeta y las reacciones a bote pronto de algunos políticos, tertulianos y columnistas fueron por ese camino, pero todos se vieron después obligados a rectificar cuando comprobaron que el PSOE y el Gobierno español no despreciaban las palabras de Arnaldo Otegi.
La segunda polémica es la relacionada con la legalidad del acto. Vista la entrada en escena de Grande-Marlaska, no parece arriesgado apostar por una prohibición de la Audiencia Nacional. He ahí un problema de Estado. A Batasuna se le pide mucho pero lo que se le ofrece es el cierre de sus sedes, la persecución y encarcelamiento de sus líderes y la prohibición de sus actos. Quizá el Estado pueda evitar la fotografía de la capacidad de convocatoria de la izquierda abertzale ese día y en ese lugar, pero eso no trastoca ni la realidad de su entronque social ni probablemente evitará que las bases de Batasuna elijan su Mesa Nacional, definan su proyecto abertzale y de izquierda, y redoblen su apuesta política por una paz justa y duradera.
