Salhaketa censura la indefinición de Lakua sobre la macrocárcel de Zubieta.
La asociación de apoyo a las personas presas Salhaketa mostró ayer su preocupación por la «falta de claridad y criterio» existente en torno a la construcción de una macrocárcel en terrenos de la capital donostiarra, en concreto, en Zubieta. Destacó la posición «contradictoria» del Gobierno de Lakua, ya que en el Ejecutivo de Elorza muestra su disposición a materializar dicho proyecto y, luego, presenta otro tipo de propuestas en la Cámara de Gasteiz.
Salhaketa rechazó ayer la posición «contradictoria» que, a su entender, tiene el Gobierno de Lakua sobre la construcción de la macrocárcel de Zubieta. Mostró, por una parte, su sorpresa al enterarse mediante el debate celebrado recientemente en el Ayuntamiento de Donostia entre el responsable de Urbanismo y un representante del PNV de la «buena disposición entre todas las partes» respecto a que dicho proyecto se materialice en 15 hectáreas propiedad de particulares, del Consistorio así como del departamento de Vivienda del Ejecutivo de Lakua.
Una posición que para el representante de la asociación de apoyo a presos César Manzanos, choca con las propuestas presentadas ante el Parlamento de Gasteiz a través del departamento de Justicia en el sentido de defender un modelo de ejecución penal basado en la creación de servicios y pequeños centros especializados, y colisiona también con el posicionamiento público del departamento que dirige Javier Madrazo en la misma dirección.
Criticó la «falta de claridad y de criterio» existente a la hora de tomar esta «importante y trascendente decisión de futuro». Lamentó que la única información oficial al respecto es la manifestada el pasado mes de julio por la Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y el alcalde de Donostia, Odón Elorza, en la cual se anunció la construcción de una macrocárcel con 1.008 celdas.
«Derecho violado».
Posteriormente, se hizo pública la intención de crear un centro de tamaño medio con 500 plazas, «que no sabemos si se refiere a 500 celdas o a una capacidad máxima de 500 personas personas», señaló Manzanos. Extremo que instó a aclarar ya que, según recordó, la ley contempla la necesidad de que cada preso tenga una celda individual con el fin de preservar su derecho a la intimidad y a un trato digno, «derecho violado sistemáticamente debido a la endémica política penitenciaria de almacenar personas en una misma celda», denunció.
Planteó, ante esta situación, al Ayuntamiento de Donostia, a los grupos políticos que lo representan y al Gobierno de Lakua que «aprovechen esta inversión para dar prioridad» a las necesidades de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Apostó por llevar a cabo en dichos terrenos una propuesta «viable y sobre todo mucho más rentable social y económica», que pasa por crear tres infraestructuras básicas con unidades habitacionales individuales: un centro ordinario de entre 250 y 300 plazas que sustituiría a la prisión de Martutene, otro de inserción social para el cumplimiento en tercer grado para una media de 150 personas y un último para mujeres con un módulo anexo para madres con criaturas a su cargo.
Habrían de impulsarse, asimismo, unidades dependientes, programas para drogodependientes y servicios socio-sanitarios de atención a enfermos mentales y para jóvenes de entre 18 y 25 años.
Así las cosas, Salhaketa remitió la semana pasada a los grupos que conforman el Ayuntamiento de Donostia, al primer edil, Odón Elorza, a los consejeros de Justicia y Vivienda del Gobierno de Lakua, Joseba Azkarraga y Javier Madrazo, respectivamente, así como a Batasuna, la plataforma Baga-Boga y Aralar un escrito en el que solicita que se proponga en el pleno de dicha Corporación el posicionamiento contrario al actual proyecto y su replanteamiento. «Estamos a la espera de una respuesta», concluyó diciendo el representante de Salhaketa.
Concentración en Gasteiz.
El Palacio de Justicia de Gasteiz acogerá mañana, a partir de las 11.00, una nueva concentración con el fin de solidarizarse con las personas presas que han denunciado al exsubdirector de Seguridad de la prisión de Langraiz, Mariano Merino, por presuntas coacciones sexuales, amenazas e inducción al suicidio. La representante y abogada de Salhaketa Marta Aldanondo manifestó que, en principio, está previsto que la juez que instruye el caso tome declaración a dos funcionarios y tres presas en calidad de testigos dentro del procedimiento abierto por las denuncias interpuestas en un primer momento por dos mujeres presas, a las que luego se le sumarían otras dos. Las denunciantes han sido, además, citadas por el equipo sico-social de los juzgados para elaborar un informe que después será incorporado al procedimiento. No serán las únicas personas que declararán en la jornada de mañana, ya que también lo harán los dos varones que han denunciado al imputado por presuntas coacciones y amenazas. Aldanondo aseguró que es «muy importante» que el procedimiento siga adelante al tiempo que insistió en que estas nuevas declaraciones pueden «arrojar importantes datos».
Salhaketa pide al Ayuntamiento donostiarra que rechace el proyecto de Instituciones Penitenciarias.
El Gobierno central pretende construir en Zubieta una macro-cárcel con capacidad para cerca de 2.000 reclusos, lo que, según la asociación que trabaja a favor de los presos, "supondría una gravísima hipoteca para cualquier modelo alternativo de política penitenciaria que se quisiera llevar en Euskadi basada en centros pequeños descentralizados y especializados".
Salhaketa, la asociación que trabaja por los derechos de los presos, ha Pedido hoy las instituciones vascas que impidan el proyecto de Instituciones Penitenciarias de sustituir la cárcel de Martutene por un macro-centro en Zubieta.
Según ha denunciado la agrupación, ese proyecto es contrario al defendido por el Gobierno vasco como modelo carcelario y que apuesta por cárceles de pequeño tamaño. La cárcel de Zubieta estaría dotada de 1.080 celdas, en la cual, pese a la normativa vigente de que a cada persona presa debe de corresponder una celda, puede darse cabida a unos 2.000 reclusos. Salhaketa ha denunciado que esto "supondría una gravísima hipoteca para cualquier modelo alternativo de política penitenciaria que se quisiera llevar en Euskadi basada en centros pequeños descentralizados y especializados, mucho más eficiente y mucho más respetuosa con los derechos humanos fundamentales".
La asociación de apoyo a personas presas ha pedido al consistorio donostiarra que rechace ese nuevo centro carcelario de gran dimensión. Salhaketa ha propuesto construir una cárcel con un máximo de 300 plazas que sustituya a Martutene, un centro de inserción social para cumplimiento del tercer grado y la creación de un módulo para mujeres con un máximo de 50 plazas. Para César Manzanos, miembro de la asociación, "prisiones de estas pequeñas dimensiones son las que permiten la función resocializadora de las personas presas".
Salhaketa espera ahora una respuesta por parte del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián a quien ha mandado su iniciativa, así como a los departamentos de Vivienda, propietario del suelo donde se hará la prisión, y Justicia. "Nuestra iniciativa es del todo viable y más rentable social y económicamente para luchar contra la prevención del delito", han dicho.
Informe de Iñigo Lamarka.
Desde Salhaketa, César Manzanos instó a la Cámara de Gasteiz y al Ararteko a que hagan público el informe que ambas instituciones se comprometieron a elaborar a raíz de las visitas que una representación parlamentaria y el propio Iñigo Lamarka realizaron a finales del año pasado a Langraiz. A su juicio, «deben hacer pública esta información para concretar qué propuestas se pueden llevar adelante con el fin de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y el Ministerio de Interior intervengan con mayor contundencia». Anunció, en este sentido, que representantes de la asociación de apoyo a personas presas se reunirán este jueves con el Ararteko para debatir sobre esta cuestión. Respecto a la situación actual de Langraiz, Manzanos calificó como positivo que en los últimos meses no se haya producido ninguna nueva muerte por motivos no naturales en la prisión. Subrayó, no obstante, que las condiciones no han mejorado, ya que los problemas estructurales y de hacinamiento siguen existiendo. Lamentó las condiciones de vida extremas que, especialmente en invierno, sufren las personas en Langraiz, que tienen que vivir, por ejemplo, con humedades, frío y parásitos.
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