El PP pide que prohíban el acto de Batasuna en el BEC (Barakaldo).
Un nuevo requerimiento de Carlos Urquijo (PP) pide al Gobierno de Lakua que prohíba el acto final del proceso de debate de Batasuna, convocado para el día 21 en Barakaldo. El departamento de Javier Balza ha replicado que con la demanda «reinciden en negar derechos civiles a la izquierda abertzale».
El PP presentó ayer un requerimiento en el Departamento de Interior del Gobierno de Gasteiz para que el consejero, Javier Balza, prohíba la celebración del acto final del proceso de debate Bide Eginez, anunciado para el próximo día 21 en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo.
En una rueda de prensa celebrada ayer en Bilbo, el parlamentario del PP Carlos Urquijo señaló que Balza «está especialmente concernido» por esta iniciativa y puede incurrir en responsabilidades penales por denegación de auxilio si no impide la celebración del acto.
Urquijo recordó que la querella del Foro de Ermua contra Balza por la celebración en noviembre de 2004 del acto de Anoeta fue archivada precisamente por la ausencia de un requerimiento expreso y previo al consejero, «que ahora va a existir y no podrá decir que no tiene conocimiento directo [de la celebración del acto], como se motivó en el archivo de la querella» del Foro de Ermua.
Además, subrayó que el requerimiento al consejero no lo realiza un ciudadano particular, sino «un grupo parlamentario que representa a miles de votantes vascos».
Comentó que su partido no ha decidido si se querellará contra Balza en el caso de que Batasuna celebre el acto porque «no nos planteamos que incumpla con su obligación». De todos modos, le advirtió que si no impide la convocatoria, «además de defraudar a quienes confiamos en el Estado de Derecho y al conjunto de los demócratas, estará pudiendo incurrir en una responsabilidad penal de tipo personal por desobediencia o denegación de auxilio».
El parlamentario del PP reiteró, una vez más, que desde que se produjo la ilegalización de Batasuna en marzo de 2003 por sentencia del Tribunal Supremo español y también desde el auto de suspensión de actividades dictada en agosto de 2002 por el magistrado Baltasar Garzón, el Gobierno de Lakua «se ha resistido a aceptar esta sentencia, ha hecho oídos sordos a la misma y ha optado por una política de permisibilidad, de tolerancia y cuando no de complicidad, en relación con la actividad pública desarrollada por Batasuna».
También la portavoz adjunta del PP en el Congreso español, María Salom, se refirió a este tema y exigió al PSOE que también actúe para impedir que Lakua ceda las instalaciones del BEC a Batasuna.
Aseguró que sería «muy grave que un partido ilegal en España esté negociando con el Gobierno de Juan José Ibarretxe la cesión de unas instalaciones». «Es lamentable que esto se produzca y le pido al PSOE que se pronuncie en un momento en el que el PNV y el PSE han aprobado los presupuestos del País Vasco», dijo, para añadir que «los socialistas deben decir si van a prohibir este congreso o se quedarán con los brazos cruzados».
Réplica de Lakua.
La respuesta por parte del Departamento que dirige Javier Balza no se hizo esperar. Tras opinar que con su petición el PP «reincide en negar los derechos civiles de las personas que encuadran la izquierda abertzale», en su comunicado indicó que de este modo ese partido «vuelve a quedarse en solitario respecto a las decisiones y resoluciones adoptadas en infinidad de ocasiones por la mayoría del Parlamento vasco».
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