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TORTURAREN KONTRAKO TALDEA

TORTURAREN KONTRAKO TALDEA

Grupo contra la tortura de Santurtzi (Euskal Herria).

Sábado, 24 de diciembre de 2005

El fiscal de la Audiencia Nacional española, Jesús Santos, solicita para un preso medidas de alejamiento tras cumplir la condena.

La pasada semana, el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, instaba a los fiscales a que en los juicios solicitaran, junto a las penas de cárcel, medidas de alejamiento para los presos una vez finalizada la condena. Tras esta demanda, el fiscal Jesús Santos reclamó ayer al tribunal que juzga a Diego Ugarte que, si es condenado, le prohíba acercarse a los familiares de Fernando Buesa y Jorge Díaz cuando recupere la libertad.


La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha solicitado al tribunal que juzga al preso Diego Ugarte por la muerte del dirigente del PSE Fernando Buesa y de su escolta Jorge Díez que, si resulta condenado, prohíba durante cinco años a este ciudadano vasco aproximarse a los familiares de los dos fallecidos una vez finalice su pena.

La demanda del fiscal Jesús Santos es la primera de este tipo después de que el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, reclamara la pasada semana que el Ministerio Público solicitara que se apliquen los artículos 48 y 57 del Código Penal, que impiden a un excarcelado «residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o aquél en que resida la víctima o su familia».

Un día más tarde, Peces-Barba abogaba por buscar «caminos» para aplicar estas medidas a personas que ya han sido condenadas y a las que no se podría aplicar la medida con carácter retroactivo. «El derecho es sentido común e imaginación. Le echaremos toda la imaginación que podamos», añadió.

La propuesta del Alto Comisionado fue rápidamente contestada de manera positiva por el ministro español de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que la calificó de «perfectamente válida».

El pasado lunes, el fiscal general Cándido Conde-Pumpido recordó que en una circular de diciembre de 2004 ya había exhortado a los fiscales a solicitar «una pena accesoria de alejamiento con una duración de al menos un año superior a la pena de prisión impuesta. Incluso concretando si el lugar al que no puede acercarse el penado es el domicilio, la calle, el distrito, la localidad, la provincia o incluso la comunidad autónoma», añadió.

Siguiendo estas instrucciones, el fiscal Santos pidió que Diego Ugarte, además de cumplir 103 años de cárcel, no se aproxime ni a los familiares de Fernando Buesa y Jorge Díez, ni a sus domicilios, ni al lugar del atentado, así como que se le prohíba comunicarse con ellos.

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