El estado frances abre la vía para conceder extradiciones por atentados que había declarado prescritos.
Una reciente sentencia dictada en Burdeos abre la vía a replantear ante los tribunales franceses demandas de extradición por crímenes o atentados cometidos hace más de 20 años en el estado español.
Una reciente sentencia dictada en Burdeos abre la vía a replantear ante los tribunales franceses demandas de extradición por crímenes o atentados cometidos hace más de 20 años en el estado español, aunque en un primer momento hayan sido considerados prescritos por la justicia gala. La Audiencia Nacional española ya ha reactivado la reclamación contra el ciudadano vasco Alberto López de la Calle Gauna, denegada hace poco porque los hechos databan de 1980, a la luz del revolucionario fallo que autoriza la entrega.
El veredicto, que permitirá el trámite de extradiciones por prácticamente todos los atentados no amnistiados, fue pronunciado el pasado día 15 por la Sala de Instrucción de la Corte de Apelación de Burdeos. En un fallo histórico y sin precedentes en los anales judiciales, este tribunal dio luz verde a una entrega que había sido anulada en julio por el Consejo de Estado, máxima instancia en la materia, sin que hayan variado un ápice los hechos, su calificación ni el acusado.
La explicación a la aparente paradoja estriba en la entrada en vigor el pasado 1 de julio en el estado frances del Convenio de Dublín relativo a la extradición entre estados de la Unión Europea. El artículo 8 de este texto, fechado el 27 de septiembre de 1996, estipula que no se podrá denegar una extradición porque los hechos hayan prescrito con arreglo a la legislación del país requerido si no han caducado en el Estado peticionario.
La aplicación de la nueva regla restablece la vigencia de los asesinatos el 26 de marzo de 1982 en San Sebastián del entonces delegado de Telefónica en la capital guipuzcoana, Enrique Cuesta, y de su escolta, el policía Antonio Gómez. El Consejo de Estado había desautorizado el pasado 27 de julio la extradición del ciudadano vasco Joxean Zurutuza Sarasola, al considerar consumada la prescripción de diez años prevista en la legislación francesa.
Sin dar tiempo a la excarcelación de Zurutuza de la prisión de Gradignan (periferia de Burdeos), el juez Grande Marlaska presentó una reclamación idéntica que se acogía esta vez al Convenio de Dublín para plantear que el plazo español de 20 años aún no había caducado. La sentencia bordelesa refuta que la iniciativa sea atentatoria contra la autoridad de la cosa juzgada ya que «está fundada en nuevos acuerdos aplicables entre el estado español y frances».
