Abogados vascos denuncian la violación de sus comunicaciones con los presos.
Abogados vascos que defienden habitualmente a presos políticos, como Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta, han recibido el amparo del Colegio de Abogados de Bizkaia tras constatar que sus comunicaciones con los prisioneros están intervenidas, y de hecho han recibido abiertas algunas cartas. Para el decano, «la situación es intolerable», y así lo ha transmitido al Consejo General del Poder Judicial, entre otras instancias. En el origen de la medida está Garzón.
«La situación es intolerable, al conculcarse de forma ostensible el derecho de defensa, al tiempo que se coloca a las abogadas en el punto de mira de la sospecha de algún delito que, obviamente, no existe». Así se ha posicionado el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario de Oleaga, tras recibir la denuncia de las letradas Jone Goirizelaia y Arantza Zulueta. Ambas han padecido una situación idéntica de intervención de comunicaciones con presos a los que defienden: por ejemplo, misivas remitidas por éstos han aparecido abiertas.
En la carta que remitieron al Colegio de Abogados en el pasado mes de octubre para solicitar su amparo, ambas explicaban que ya hace unos meses la revista “Tiempo” publicó que se estaban practicando «escuchas masivas» a los letrados de presos vascos, cuyo origen se situaba hace ya año y medio.
«Tras la lectura del mismo y visto su contenido, optamos por esperar a ver qué sucedía. Es de señalar que a pesar de existir esa intervención, nadie nos la había comunicado ni éramos conscientes por tanto de la existencia de esa actuación ‘legal’, aunque evidentemente siempre hubiéramos sabido que al margen de la ley todas nuestras conversaciones eran grabadas», detallaron Goirizelaia y Zulueta al Colegio.
Pese a no haber sido oficialmente informadas a este respecto, fueron los propios presos políticos los que ofrecieron más datos a las dos abogadas, y toda esta información lleva a concluir que efectivamente las comunicaciones están siendo intervenidas sistemáticamente.
Esta medida se deriva de las diligencias judiciales número 222/04, abiertas por el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por orden del magistrado Baltasar Garzón, que entonces era su titular. Pero el sumario sigue secreto año y medio después, por lo que, al margen de la legitimidad y legalidad de la medida, ni siquiera se conoce qué es lo que el juez quiere investigar.
Ambas abogadas han constatado que «en cuanto algunos abogados se incorporaban como defensa a la causa se ampliaba la resolución judicial», de manera que temen que también se haya intervenido la comunicación de sus compañeros Kepa Landa, Iñaki Goioaga, Alfonso Zenon, Kepa Manzisidor, Haizea Zuluaga y Haritz Escudero.
Ante la gravedad de los hechos, el Colegio facilitó el amparo apenas ocho días después. Y además decidió interpelar al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo Vasco de la Abogacía, al Colegio de Abogados de Madrid (al haberse producido los hechos en su territorio) y al Consejo General del Poder Judicial.
El CGPJ se desentiende.
En estas comunicaciones, el decano de Bilbo exponía además que la intervención de las comunicaciones «vicia» todo el procedimiento judicial correspondiente.
Las respuestas a esta demanda han sido bastante dispares. Mientras la Permanente del Consejo General del Poder Judicial español indicaba que «la cuestión es ajena a nuestras competencias», el Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado que da traslado de ello a su Oficina de Defensa, aunque al mismo tiempo resta importancia a «tales disfunciones, lamentablemente muy típicas».
Investigación en la Audiencia de Gasteiz.
El 27 de julio de 2004, la abogada Jone Goirizelaia presentó ya ante la Audiencia de Bilbo una denuncia «contra quien resulta responsable» de la apertura de la carta enviada por un defendido suyo desde la prisión de Langraiz.
En marzo de 2005, el caso fue sobreseído, pero Goirizelaia recurrió destacando que el auto ni siquiera permitía conocer con exactitud las razones de la decisión.
Este recurso ha sido admitido, por lo que el caso se seguirá investigando, aunque ahora en Gasteiz por tratarse del juzgado correspondiente a Langraitz. La jueza que ha optado por la reapertura deja entrever que al dictar ese archivo no ha sido valorado suficientemente «si se ha cumplido con la previsión normativa, jurisprudencial y doctrinal» sobre la intervención de comunicaciones.
