El plan de construcción de cárceles no gusta a Lakua.
El consejero Joseba Azkarraga criticó ayer que los planes de construcción de nuevas cárceles anunciado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para sustituir las obsoletas prisiones de Langraitz y Martutene contienen «un elemento de propaganda» que tiene como objetivo «salir al paso de la situación catastrófica» de las actuales infraestructuras.
El responsable de Justicia del Ejecutivo de Lakua consideró que existe «un elemento de propaganda» en los planes anunciados el viernes por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya que el hecho de que «se anuncie la construcción de dos cárceles en la Comunidad Autónoma Vasca y que no se sepa ni dónde se van a instalar, y tres centros de reinserción para los que tampoco se cuenta ni siquiera con terrenos» es una forma de «vender humo o de salir al paso de la situación catastrófica. no ya sólo en las prisiones vascas, sino del conjunto del Estado».
Joseba Azkarraga explicó que el Gobierno Ibarretxe «lleva mucho tiempo preparándose para asumir esta competencia» y ha diseñado su propio modelo de ejecución penal de adultos, con la experiencia del modelo penal que se desarrolla para los jóvenes «durante muchos años con éxito», basado en «líneas básicas» que «en absoluto coinciden» con el modelo penitenciario español vigente.
Según indicó el consejero, «responder a la terrible situación de los centros vascos con el anuncio de construcción de dos nuevas cárceles es una forma de lavarse las manos» porque el Ejecutivo español «podría y debería haber empezado por revisar las propias modificaciones legales que se realizaron en la etapa del PP con el propio respaldo del PSOE y que han contribuido a la masificación de las cárceles, a la ampliación de la prisión provisional, a los encarcelamientos por reincidencia de menores».
Estas medidas, aseguró, han hecho que en el plazo de tres años se haya incrementado en un 33% el número de presos en las cárceles en el conjunto del Estado español «sin ningún tipo de aumento presupuestario ni tampoco con nuevas cárceles».
«Este concepto de ‘Todos a la cárcel’ que diseñó la etapa del Gobierno de Aznar ha ocasionado una situación absolutamente desastrosa donde existen más ingresos y menos salidas de prisión, porque además se ha ido recortando la posibilidad de reducir condenas y las posibilidades de cumplimiento en régimen de semilibertad o libertad condicional», censuró.
Asimismo, destacó «la inexistencia real» de una red de recursos para medidas alternativas a la prisión, como la suspensión de las condenas o el trabajo en beneficio de la comunidad. «Todo eso está en el papel pero nunca se ha hecho por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias nada de este tipo», criticó.
Joseba Azkarraga expresó su oposición a un modelo «que se nos intenta imponer» y que es «un modelo caduco, falto de eficacia, que convierte a las cárceles en almacenes donde se amontonan los presos sin ninguna posibilidad de reinserción y dónde la dignidad de estas personas está siendo constantemente pisoteada».
Ezker Batua reclamó frente a Martutene soluciones.
El portavoz parlamentario de Ezker Batua, Antton Karrera, reclamó ayer frente a la cárcel de Martutene soluciones a «la lamentable situación» que padecen las prisiones y, en especial, en ésta donde se dan «unas condiciones infrahumanas, de humedad, suciedad, donde las ratas campan a sus anchas dentro de la prisión y no se ha hecho ninguna obra durante muchísimo tiempo». El dirigente de EB rechazó también los planes de construcción de «macrocárceles».
Urgencia para la cárcel que sustituirá a Martutene.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha previsto la construcción de 11 cárceles en España hasta 2012, entre ellas la que sustituirá a la de Martutene -se levantará otra más en el País Vasco- y que se instalará en la parte alta de Zubieta. La necesidad de una nueva cárcel era ya un clamor, toda vez que Martutene no reunía condiciones de habitabilidad y capacidad, higiene o calefacción, eran insuficientes la áreas para taller, deporte o estudios y sanitarias. Las nuevas instalaciones de Zubieta deben suponer una solución de construcción urgente para desterrar todos estos problemas en busca de un mayor respeto a los derechos y dignidad de los presos que facilite el objetivo de su reinserción social.
La prisión que se levantará en Zubieta tendrá seiscientas celdas más que la de Martutene.
El actual centro penitenciario, que tiene casi 60 años, cuenta con una población reclusa de casi 300 personas repartidas en 163 habitaciones. La nueva cárcel es «una prioridad» para Instituciones Penitenciarias.
«Tuve ganas de cerrarlo». La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, no pudo ser más contundente a la hora de explicar la impresión que le causó la prisión de Martutene, que visitó en junio del año pasado. Desde entonces, ha asumido como «una prioridad» la construcción de un nuevo centro, que se ubicará en Zubieta y tendrá unas dimensiones mucho mayores. La saturación, que afecta a la inmensa mayoría de las cárceles españolas, pero sobre todo el deterioro de las instalaciones, que recrudece las condiciones de vida de la población reclusa en Gipuzkoa, han motivado esta decisión.
Martutene acoge en estos momentos a 287 presos -267 hombres y 20 mujeres- y cuenta con 163 celdas. El lugar donde se desarrolla la vida de estas personas y la de los trabajadores del centro deja mucho que desear. La gran mayoría de los reclusos ha de compartir celda. Según datos de Instituciones Penitenciarias -dependiente del Ministerio de Interior- hay «bastantes» ocupadas por dos internos y otras por tres, aunque otras fuentes aseguran que hay chabolos con cuatro reclusos «donde apenas tienen sitio para dejar sus cosas». Hay celdas sin ducha. A pesar de que se ha instalado calefacción en ciertas zonas, como en la enfermería, la humedad, el frío y las corrientes obligan a veces al personal a tener que llevar abrigo cuando trabajan.
Las áreas destinadas a talleres son insuficientes, así como los patios, especialmente el de las mujeres. Las condiciones para practicar deporte en el gimnasio o estudiar son más que deficientes. No hay espacios adecuados para llevar a cabo actividades en grupo, ni zonas idóneas para acoger a profesionales del exterior, como los servicios de intervención familiar que acuden a ver a los presos. La consulta médica del departamento de mujeres sirve a veces de despacho de reuniones. Algunos trabajadores, por ejemplo, carecen de correo electrónico y continúan enviando los expedientes por correo ordinario o mensajería, y no son raros los días en los que se saturan sus líneas telefónicas, con la consabida desesperación de las familias que llaman desde el exterior.
El penal, que ocupa dos hectáreas de terreno, fue construido en 1948, y desde entonces ha ido sufriendo constantes obras de mantenimiento. El capellán del centro, Luis Miguel Medina, corrobora que es «una cárcel vieja y destartalada que no puede ni debe continuar», pero también subraya la «preocupación» de los cuatro directores que ha tenido la cárcel en el último lustro «para mejorar, seguramente en la medida de los presupuestos, la calidad de las instalaciones». Así, explica que se han pintado algunas zonas del interior, «tenemos una exposición permanente con obras de Jose María Moraza que da color, en el departamento de menores se ha cambiado el comedor de sitio...».
«Posiblemente será el único edificio público de Gipuzkoa concebido a mediados del siglo pasado y que en la actualidad, a pesar del tiempo transcurrido, se sigue utilizando para lo mismo», denuncia Javier del Moral, responsable sectorial de prisiones de ELA, quien destaca también la escasez de recursos personales y materiales como otro de los problemas más acuciantes del centro. Según fuentes del sindicato, en la actualidad trabajan en la prisión tres médicos, otras tantas enfermeras y una auxiliar. También hay una psicóloga y otra contratada temporalmente para llevar a cabo programas puntuales, tres trabajadores sociales, cuatro educadores, dos juristas y varios maestros.
En 1995, 314 internos.
Un personal «muy comprometido», según Del Moral, pero que se antoja «insuficiente» para atender en las mejores condiciones al número de internos, que se ha mantenido más o menos constante en la última década: el 31 de diciembre de 1995 había 314 y en el año 2000, 261.
La semana pasada, en una comparecencia en el Parlamento Vasco el Ararteko, Iñigo Lamarca, se refirió a la situación de las prisiones vascas. «Se habla mucho de las instalaciones, pero se habla menos de los recursos humanos, y éstos son mejorables», indicó. El capellán de Martutene coincide en señalar que «seguramente haría falta más personal» para que se atienda con un buen seguimiento a los internos. «Siempre se puede mejorar», dice.
Los recursos humanos deberán aumentar cuando se construya el nuevo centro, que tendrá una capacidad muy superior a la actual. El Consejo de Ministros aprobó el viernes el plan de infraestructuras de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que prevé la construcción de 11 cárceles en España hasta 2012. Entre ellas se encuentra la que sustituirá a la de Martutene -se construirá otra más en el País Vasco- y que ocupará una parcela de unas 15 hectáreas en la parte alta de Zubieta.
El pasado mes de julio, el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmaron un protocolo mediante el que ambas instituciones se comprometen a gestionar «con la mayor celeridad» la construcción de una nueva prisión «en el menor plazo posible». A finales de octubre, el Gobierno Vasco firmó un preacuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián por el que se compromete a ceder los terrenos que tiene en Zubieta, lo que permitirá el traslado de la cárcel y la construcción de pisos protegidos en el espacio que ahora ocupa la prisión.
El nuevo centro será «mediano» y tendrá unas 800 celdas, según datos de Instituciones Penitenciarias, donde subrayan que se mejorará sustancialmente la calidad de estas plazas enfocadas a la reinserción. El nuevo edificio tendrá espacios «destinados a la educación, a la formación profesional y ocupacional, al desarrollo de actividades culturales, deportivas, terapéuticas y laborales, que contribuyen a facilitar la reinserción de los internos, al tiempo que garantizan las necesidades de seguridad propias de un establecimiento de tales características», según indica el texto del acuerdo firmado con el Consistorio.
Demasiadas plazas.
El responsable sectorial de prisiones de ELA confía en que, al final, se levante una prisión mucho más pequeña que la anunciada: «800 plazas son excesivas». También apunta a la necesidad de que se ponga en marcha algún centro de internamiento social (CIS), tal y como está previsto en el plan acordado el viernes. Estas infraestructuras, inexistentes en Euskadi, están destinadas al cumplimiento de penas en régimen de semilibertad. «Es importante que esos presos no tengan que pasar por todas las medidas de seguridad de una cárcel y facilitar gradualmente su salida». Del Moral también confía en que se apueste por una política en la que prime el tratamiento por encima de la seguridad.
Jose Mari Larrañaga, de la asociación Arrats de apoyo a presos y ex presos, augura que el nuevo penal, «una macrocárcel», potenciará el individualismo, el fraccionamiento y será más aséptica e impersonal. «Habrá más medidas de seguridad, los presos estarán mucho más separados de lo que están ahora en Martutene, y tememos que haya trabas para que entremos los colectivos que trabajamos con ellos... Estos macrocentros no favorecen para nada la reinserción».
