La denuncia de la dispersión llega al registro del Parlamento navarro.
La parlamentaria electa de AuB Ainara Armendariz y Patxi Zabaleta, portavoz del grupo de Aralar, han presentado sendas mociones en la Cámara navarra para denunciar la muerte de José Angel Altzuguren en la cárcel de Soria y para reclamar el fin de la política de dispersión que se aplica a los presos políticos vascos.
la Ejecutiva Regional de EA de Nafarroa mostró su apoya a la alcaldesa de Bera, Helena Santesteban, militante de esta formación, por las críticas recibidas por parte de UPN por haber cedido el Ayuntamiento para la capilla ardiente de Kotto Altzuguren.
La parlamentaria electa de AuB Ainara Armendariz y Patxi Zabaleta, portavoz del grupo de Aralar, han presentado sendas mociones en la Cámara navarra para denunciar la muerte de José Angel Altzuguren en la cárcel de Soria y para reclamar el fin de la política de dispersión que se aplica a los presos políticos vascos.
En declaraciones realizadas en la puerta del Parlamento, Armendariz señaló que «es muy importante recordar que estuvo casi cuatro añosen prisión sin que se celebrase ningún juicio y que como consecuencia de esta estanciaestaba enfermo».
Por ello, criticó duramente que tras haber sido puesto en libertad temporalmente fuera encarcelado de nuevo «cuando estaba sometido a un tratamiento por depresión y haber cumplido ya las tres cuartas partes de la condena que se le impuso».
«No sólo fue detenido y encarcelado, sino que, además, fue dispersado a la cárcel de Soria y aislado dentro de la prisión», añadió Armendariz, que destacó que «todas éstas son unas decisiones políticas tomadas dentro de una línea de vulneración permanente de los derechos de laspersonas presas que han conducido a Altzuguren hasta la muerte».
«Queremos denunciar la actitud del Gobierno español, que es quien aplica y quien decide esa política penitenciaria, y también la de UPN y PSN, que son quienes amparan en Nafarroa esa política», añadió Armendariz a las puertas de la Cámara navarra.
Respeto a los derechos.
La parlamentaria electa de AuBdestacó que «para que esto no vuelva a ocurrir se tiene que cambiar de raíz esa política penitenciaria y se tienen que respetar los derechos de los presos políticos, tanto los que tienen a nivel individual como los que les corresponden como Colectivo. Por tanto, hay que poner fin a la dispersión y al aislamiento y reconocer el estatus políticos de los presos».
La moción presentada por Aralar también recuerda la situación previa a la muerte de José Angel Altzuguren y denunciasu fallecimiento, además de exigir al Gobierno español que «acabe de una vez por todas con la dispersión» de los presos vascos.
Asimismo, Zabaleta añade que «ha llegado el momento de acabar por fin con la dispersión, ya que es una medida imprescindible en el camino de la paz y la normalización».
Zabaleta considera que la política de dispersión«no responde más que a la venganza dirigida por los gobiernos de España y Francia y no contribuye al camino para una convivencia pacífica».
Por otra parte, la Ejecutiva Regional de Eusko Alkartasuna en Navarra expresa su respaldo "absoluto" a la gestión del Ayuntamiento de Bera, presidido por Helena Santesteban, ante la muerte en la prisión de Soria del preso de la localidad, José Ángel Altzuguren. EA de Navarra califica de "impecable" la actuación del Consistorio beratarra, y resalta el hecho de que "imperase la tranquilidad, pese a que hubo puntuales momentos de tensión en la localidad".
El Ayuntamiento de Bera atendió en todo momento a los deseos de la familia. Eusko Alkartasuna ratifica su compromiso con los derechos humanos de todas las personas, sin excepción, "en cuya defensa hemos sido siempre beligerantes, denunciando cada vulneración venga de donde venga, posición que hemos mantenido históricamente con plena firmeza, no sólo en el ámbito de Euskal Herria en general, sino en la propia Bera en particular", dice.
"No aceptamos críticas en este sentido por parte de nadie, ni de UPN ni de ningún otro partido, puesto que la coherencia de nuestra actuación ha sido y es intachable", apunta. "Las acusaciones de UPN sobre la aplicación de una suerte de ‘doble rasero’ en la defensa de los derechos, son puramente partidistas y obedecen al interés de esta formación política por tratar de desacreditar un proyecto legítimo y a las personas que lo representamos en las instituciones, haciendo un uso deleznable de un hecho tan grave como la muerte", concluye.
