TORTURAREN KONTRAKO TALDEA

Grupo contra la tortura de Santurtzi (Euskal Herria).

Viernes, 04 de noviembre de 2005

TAT denuncia la inhibición del fiscal y las risas de un policía en una toma de declaración por torturas.

Cuatro agentes policiales testificaron ayer en un juzgado de Donostia por la denuncia de torturas interpuesta por la joven de Arrasate Maider Egiguren tras su detención en noviembre de 2003 por la Policía española. Torturaren Aurkako Taldea (TAT), tras conocer el desenlace de esta diligencia judicial, censuró tanto la actitud del fiscal y del juez como la de los propios policías.


Esta toma de declaración se produce año y medio después de que se pusiera la denuncia. Egiguren detalló en ella que fue amenazada constantemente, entre otras cosas con una pistola, y que sufrió numerosos golpes. Durante el traslado a Madrid se le obligó a echar la cabeza hacia atrás en una posición que le impedía casi tragar saliva y tomar aire, y se le apretó la cara contra el cristal, entre otras cosas.

«Queremos denunciar la participación del fiscal, o mejor habría que decir la no-participación. No tiene intención de investigar un caso de torturas. No ha hecho absolutamente nada desde que se presentó la denuncia. Ponemos en duda incluso que la haya leído», indica la valoración de TAT tras la diligencia de ayer.

«Caso omiso».

Con respecto a la actitud del juez, expone que «aunque se ha podido concluir que había puntos no muy claros en las declaraciones de los policías, no ha querido profundizar y ha hecho caso omiso a las líneas de investigación planteadas por el abogado de Maider».
Los agentes, por su parte, no sólo se negaron a contestar al abogado de Egiguren, sino que «respondieron con burdas mentiras a las preguntas del juez», según TAT, que añade que «uno de ellos, además, no ha contenido la risa cuando el abogado de Maider le recordaba las torturas sufridas».

El organismo contra la tortura llamó la atención también sobre el hecho de que sólo fueran citados a declarar cuatro policías, y no todos aquellos que participaron en la detención, traslado a Madrid y cualquier otra diligencia. «Parece ser que la propia Policía decide quién declara», se queja.

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