Salhaketa asegura que las mujeres presas sufren «una doble condena».
Salhaketa dio a conocer un dossier en el que se sintetiza lo ocurrido en los últimos meses en Langraiz en torno a las denuncias interpuestas por dos mujeres presas por posibles coacciones sexuales contra el ex subdirector de Seguridad. En el mismo, se realiza un análisis tanto sobre la situación de dicho centro como sobre la «discriminación multiplicada» que sufre la mujer. Entre los factores destacan la pobreza, las drogas, la etnia y la maternidad.
Un informe elaborado por Salhaketa en torno a la situación que padecen las mujeres que ingresan en prisión constata que éstas cumplen una «doble condena», ya que padecen una «doble discriminación» que nace por el simple hecho «de ser mujeres y ser personas presas». Agrega, no obstante, que tras la realidad conocida en el último período de tiempo sería «más adecuado hablar de discriminación multiplicada».
Según los datos que baraja este colectivo, la población penitenciaria suele ser, generalmente, pobre con lo que la «marginación» socioeconómica, «la condición de clase explotada», sería otro factor discriminatorio a añadir a los dos anteriormente citados.
Igualmente sostiene que la mayoría de las mujeres presas, entre el 70-80%, ingresa con problemas de adicción a sustancias ilegales y el 53% mantiene estos consumos dentro de la cárcel son también toxicómanas lo cual supone, a su entender, otro elemento añadido en dicha «multiplicación» de discriminación. De hecho, teniendo en cuenta el anuario estadístico del año 2004 del Ministerio de Interior español, el 47’5% de las penadas lo habían sido por delitos contra la salud pública y el 39’4% por delitos contra la propiedad.
Salubridad.
Señala, al mismo tiempo, que las situaciones de marginalidad «previa» al ingreso en prisión, suponen problemáticas añadidas en lo referido a salubridad existe un alto porcentaje de VIH+, Hepatitis C y tuberculosis así como a aspectos socio-familiares como los relacionados con la violencia de género. «Muchas de estas mujeres presas suelen a su vez haber sido víctimas previas de agresiones de género: se calcula que un 38% de las presas han sufrido situaciones de violencia de género y un 17% agresiones sexuales antes de su ingreso», manifiesta el documento dado a conocer ayer por Salhaketa.
Los factores discriminatorios no concluyen ahí, ya que si además de mujer, presa, pobre y toxicómana pertenece a la etnia gitana, entre el 20-25% lo son, o es extranjera extracomunitaria, otro 25-30%, «la cadena se potencia de tal manera que es ahí donde comienzan a explicarse la existencia de ciertas situaciones».
En caso de que la mujer sea madre, el resultado es aún peor, «vistas las condiciones de los escasos espacios destinados» a éstas. Cabe reseñar, en ese sentido, que los hijos únicamente pueden compartir la cárcel con ellas hasta que cumplen los tres años de edad. «Estas carencias en la atención a las presas que son madres es un hecho repetidas veces denunciado y que sigue sin solucionarse», manifiesta.
Para Salhaketa, todo este cúmulo de condicionantes anteriormente citados no hace sino «confirmar la multiplicación de la discriminación» de la mujer en las cárceles del Estado español, haciendo que ésta sufra «una doble condena» dentro del centro penitenciario.
El documento dado a conocer prosigue diciendo que la preocupación por este tipo de situaciones «se ha convertido en una lucha práctica» por la defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres presas en los últimos meses. Especialmente, después de tener constancia de todo lo que estaba sucediendo en el centro penitenciario de Langraiz.
Recuerda que dicha cuestión llegó por primera vez a Salhaketa en el mes de mayo de 2004. Fue a través de una llamada telefónica cuando una familiar de una de las presas del Módulo I de mujeres de dicha prisión denunció que «querían obligar a prostituirse a una presa». La presa afectada, que según indica sería una joven extranjera, no quería hacer pública la denuncia pero la allegada que efectuó la llamada estaba «muy preocupada», porque «quizá estén pasando cosas aún más graves».
Estos rumores fueron acentuándose en los meses posteriores. En noviembre de 2004, personas presas tanto en los módulos de mujeres como en los de hombres aseguraron que era vox populi que estaban sucediendo cosas «raras» en los primeros y que «todo el mundo hablaba del mismo funcionario, un "miembro de la Dirección del centro"».
Beneficios penitenciarios.
La realidad fue concretándose poco a poco, y fue en febrero de este mismo año cuando por fin se tuvo constancia de que se estaban produciendo «presiones y chantajes por parte del subdirector de Seguridad del centro sobre ciertas presas con el fin obtener de ellas favores sexuales directos o indirectos, a cambio de beneficios penitenciarios».
Un mes más tarde, José Andrés L.S.M., preso hallado muerto el pasado 2 de septiembre en Langraiz, confirmaba por carta la información, al tiempo que añadía el dato de que una de las presas iba a interponer una denuncia por los hechos acaecidos ante el Juzgado de Vigilancia penitenciaria. Una denuncia que, posteriormente, fue desviada al Juzgado de Guardia de Gasteiz. Fue entonces cuando Salhaketa se ofreció a las mujeres presas que estaban denunciando.
Daba comienzo así un proceso tanto judicial como social. El ex subdirector de Seguridad, Mariano Merino, ha acudido dos veces a los juzgados de Gasteiz para declarar como imputado por presuntas coacciones sexuales. El director de la prisión, Jesús Moreno, por su parte, lo ha hecho como testigo. También lo han hecho cuatro presas, entre ellas una denunciante. Las declaraciones proseguirán el próximo mes de noviembre.
Egoerak hobera egin duela adierazi dute espetxeratuek.
Langraizko Segurtasun zuzendariorde ohi Mariano Merino bertan ez dagoenetik, egoera apur bat hobetu dela aditzera eman dute espetxeratu batzuek. Hala eta guztiz ere, Euskal Herritik kanpo lan egiten jarraitzen du Merinok. Salhaketak adierazi duenez, aldaketa horrek ez du esan nahi kartzelan existitzen ziren arazo guztiak desagertu direnik, baina bai, oro har, «tentsioak eta liskarrak baretu» direla; gehienbat, salaketa aurkeztu duten emakumeengan. «Sexu indarkeria salatu zuten bi emakumeek, behintzat, sentsazio hori dutela helarazi digute», adierazi du presoen aldeko elkarteak. Haatik, beste espetxeratu batzuek, gertakizunen inguruko testigantza eman duten andreek edota antzeko salaketa jarri duten gizonek, oraindik horrelakoak pairatzen jarraitzen dituztela gaineratu dute.
«Jokoa arbuiatzeagatik, nire etsaia izango zela zioen».
Sexu indarkeria jasan dutela ziurtatu duten emakumeen salaketen edukia azaltzen da atzo aurkeztatuko txostenean. Lehenengoak, B.C.A.k, aurtengo martxoan aurkeztu zuen. Dena 2004ko abenduan hasi zela azaldu du, Mariano Merino bera limurtu nahian ibili zenean. Ezetz esan ondoren, bere «jokoari» ez jarraitzeagatik damutuko zela ohartarazi zion. «Zigorra oso gogorra egingo zitzaidan eta senarra lehenengo gradura itzuliko zen», azaldu du. Kartzelako zuzendariarengana jo zuen orduan, «neurriak har zitzan». «Hala-moduzko laguntza eman zidatela ikusi nuenez gero, salaketa jarri dut», azaldu du. M.I.M.F.k hurrengo hilabetean aurkeztu zuen salaketa. «Behartzeak, mahatxuak eta irainak» 2004ko martxoaz edo apirilaz geroztik egiten dizkiotela esan zuen. B.C.A.k esandakoa errepikatu zuen. «Jokoan ez sartzeagatik nire etsai nagusia izango zela esan eta makurrarazi ninduen», jakinarazi zuen emakumeak ezarritako salaketan. Ondoren, zigor-gelako kideak hitz egin zuela gogorarazi zuen. Hartaz urruntzeko eta bere jokoan sartzeko esan zion.
