Jefe y tribunales torturadores. José Carlos Navarro - Mérida.
Ofender y calificar de torturador a la máxima autoridad del Estado, El Rey, es hacerlo por derivación a todas las instituciones, incluidas las de justicia.
"El jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia".
Ofender y calificar de torturador a la máxima autoridad del Estado, El Rey, es hacerlo por derivación a todas las instituciones, incluidas las de justicia. Es el Tribunal Supremo el que decida esta semana si enjuicia a Arnaldo Otegui por llamar a don Juan Carlos, "el jefe máximo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y que ampara la tortura y que impone su régimen monárquico a nuestro pueblo mediante la tortura y la violencia".
Absolviéndolo el TSJ vasco, sentenció que "la tutela del derecho al honor se debilita, proporcionalmente, como límite extremo de las libertades de expresión e información, cuando sus titulares, son personas públicas". Ó sea, la acusación delictiva la puede hacer el titular público, el privado su derecho está en insultar en un estadio de futbol y que no te graben. Jugar con el derecho al honor aquí , nada tiene que ver, con pretender tambalear la estructura orgánica del Estado, y su Jefe máximo. Acusando de torturar y amparar, acusa al Rey y al pueblo que sustenta la nación y su Estado.
Una excelente máxima igualitaria y de justicia, dice que "no hagas o digas a los demás , lo que no quieras que te hagan o digan a tí". La más mínima imprecación de un interviniente en un juicio, sin la aprobación del tribunal, le llaman desacato y puede el interfecto acabar con sus huesos en la cárcel. Imaginénse si ademas insulta al juez. Con Don Juan Carlos no ocurre, porque ese honor es distinto. Al Rey y a su pueblo, se le puede llamar torturadores, prevalece el honor del aforado con supremacía ante los ciudadanos, desigual ante la ley.
No me imagino qué pudiera pasa si en la vista pública del TS, se llamara torturadores y complíces a los cinco magistrados, por permitir que no se cumpla la famosa sentencia que dictó ese tribunal. Gracias a su no cumplimiento, siguen actuando delictivamente los ilegalizados, amparándose y reverdeciendo la Kale borroka, el chantaje, la extorsión y las bombas (ultimamente sin muertos). ¿Prevalecería la libertad de expresión del acusador frente al honor del Tribunal?. La respuesta orteguiana sería: "no es eso, no eso". Si no se respeta al Rey, no se respeta hasta al último mono.
