Azkarraga: «Es necesario reducir el número de reclusos en Langraiz».
«En los ocho años de gobierno del PP se registró una absoluta parálisis en la atención requerida a los centros penitenciarios» y detalló que en los últimos cuatro años la cifra de reclusos ha pasado de 45.000 a 61.000, manteniéndose la misma capacidad y el mismo gasto para prisiones.
El consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, compareció ayer ante el Parlamento de Gasteiz para referirse a la reunión que mantuvo el 15 de setiembre con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en la que hablaron sobre la situación de la cárcel alavesa de Langraiz y de sus consecuencias.
Azkarraga opinó que «las circunstancias que presiden la vida cotidiana en la prisión no son en absoluto normales» y definió la situación de Langraiz como «penosa y lamentable» al tiempo que indicó la necesidad de «reducir de forma notable el número de internos en la cárcel alavesa».
Comunicó que Gallizo le informó sobre las características del Plan de Prevención de Suicidios, así como de la limpieza general que se está llevando a cabo en la cárcel alavesa que, según afirmó Azkarraga, ya está en marcha. Asimismo, anunció que será en 2006 cuando se realicen las actuaciones en materia de infraestructuras.
«Absoluta parálisis».
El consejero mantuvo que «en los ocho años de gobierno del PP se registró una absoluta parálisis en la atención requerida a los centros penitenciarios» y detalló que en los últimos cuatro años la cifra de reclusos ha pasado de 45.000 a 61.000, manteniéndose la misma capacidad y el mismo gasto para prisiones. En cuanto a Langraiz, Azkarraga apuntó que el número de presos se ha reducido a 670, una cifra que «todavía es muy superior a la capacidad de este centro», que es para de 450 reclusos.
Azkarraga ha explicado hoy en comisión parlamentaria la reunión que mantuvo el pasado 15 de septiembre con la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, para hablar sobre las sucesivas muertes registradas en el interior de la cárcel de Nanclares. El consejero definió la situación en la prisión alavesa de "verdadera alarma" y culpó al anterior Gobierno del PP de haber mantenido durante los ocho años de mandato una "absoluta parálisis" en la atención a los centros penitenciarios.
El consejero hizo especial hincapié en la "masificación" del centro de Nanclares, una característica común, según dijo, al conjunto de cárceles del Estado y consideró "urgente" rebajar la población reclusa actual de Nanclares de 670 presos a 450, conforme a la capacidad teórica del centro. En su reunión con Gallizo, ésta le comunicó su intención de reducir el número de presos y de llegar a cabo una serie de medidas de choque para tratar de mejorar la calidad de vida de éstos, según Azkarraga.
Así, Azkarraga dijo que se ha procedido ya a realizar una limpieza general del centro penitenciario y que se ha puesto en marcha un nuevo plan para prevenir suicidios. Además, se han producido algunos traslados de presos y está previsto que se lleven a cabo obras de infraestructuras el año próximo, señaló.
Medidas "eficaces".
El consejero consideró que estas medidas pueden ser "eficaces" pero opinó que lo verdaderamente "urgente" es terminar con la masificación de esta cárcel, mediante una reducción importante del número de presos. Azkarraga culpó a las reformas penales aprobadas en 2003 de la "sobrepoblación" que sufren las cárceles del Estado y se opuso a medias como el agravamiento de penas y al "abuso" de la prisión provisional.
Asimismo, el consejero explicó que en su reunión con Gallizo trasladó a ésta la necesidad de realizar la transferencia de prisiones a la Comunidad Autónoma Vasca. En este sentido, trasladó a Gallizo su convicción de que Euskadi está en condiciones de ejecutar las penas a personas mayores, al igual que hace con los menores de edad.
Acercamiento de los presos.
Azkarraga solicitó a Gallizo el acercamiento de los presos vascas a cárceles del País Vasco y valoró el cauce abierto de discusión con Instituciones Penitenciarias. Durante su comparecencia, también criticó la "discriminación" que, a su juicio, se realiza con algunos presos en la aplicación de los beneficios penitenciarios por cuestiones de salud y opinó que "hay intereses de carácter político y dos varas de medir a la hora de aplicar estos beneficios penitenciarios".
"Si al señor Vera le duele el corazón, hay que atenderle y procurar que salga los fines de semana, el señor Galindo tiene dolores de corazón y también hay que excarcelarlo para que esté en casa, pero eso no está ocurriendo con otros presos acusados de otro tipo de delitos, también terroristas", denunció. "Existe una discriminación inadmisible y yo creo que hay que hacer una aplicación idéntica, igual para todos, cualquiera que sea el delito cometido", concluyó.
Por parte del PSE-EE, Rodolfo Ares, rechazó esta teoría y pidió al consejero que no instrumentalice esta cuestión desde un punto de vista "político y partidario". Carlos Urquijo (PP) consideró que el consejero de Justicia volvió con "las manos vacías" de la reunión con Gallizo.
