El Parlamento Vasco propondrá una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que sea obligatorio la grabación de la estancia de los detenidos en las dependencias policiales.
Propuesta al Parlamento español para grabar los interrogatorios.
La Cámara también tomó ayer en consideración, con el apoyo de todos los grupos salvo PSE y PP, una proposición de ley para que la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoja en su artículo 489 la posibilidad de grabar de forma «permanente» a las personas detenidas, desde que ingresan en sede policial hasta que sean presentadas ante el juez o puestas en libertad.
Tras el visto bueno a la iniciativa, presentada por Aralar, será remitida ahora a las Cortes Generales del Estado para su debate y votación.
En su intervención, la parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, destacó que la posibilidad de grabar «mejoraría de forma notoria» las garantías de los detenidos y defendió que se trata de una medida efectiva para evitar las torturas. «Supone dar un primer paso en la defensa de los derechos humanos», dijo, aunque añadió que han de darse aún más pasos para terminar con la tortura.
Precisamente, PNV, EA, EB y Ezker Abertzalea coincidieron en que la propuesta de Aralar es «insuficiente», ya que «no aborda de raíz la causa que da lugar» a los malos tratos a los arrestados. Así, pese considerar positiva la iniciativa, los cuatro grupos destacaron la necesidad de modificar los artículos relacionados con el régimen de incomunicación.
En ese punto incidió especialmente la portavoz de Ezker Abertzalea, Nekane Erauskin, quien indicó al Gobierno de Lakua que, además de grabar los interrogatorios (tal como anunció recientemente Javier Balza), debe dejar de aplicar la incomunicación en las comisarías de la Ertzaintza.
Tras tildar la iniciativa como «la vigesimoquinta edición de ‘Gran Hermano’», el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, argumentó la negativa de su grupo a respaldar la propuesta de Aralar porque «pone en riesgo la eficacia policial, se invade el derecho a la intimidad del detenido y puede poner en riesgo la seguridad de los agentes».
Pastor negó que exista una «práctica generalizada de la tortura» y justificó el régimen de incomunicación «por la lucha antiterrorista».
El parlamentario del PP Carlos Urquijo dijo que la iniciativa «no impulsa el respeto a los derechos humanos, sino que favorece a los presuntos terroristas y pone dificultades al trabajo de la Policía». Señaló que los derechos de los detenidos están garantizados con «la correcta formación de los agentes en derechos humanos» y defendió que la incomunicación resulta «un instrumento capital».
Control de los traslados.
Hace dos semanas que el consejero de Interior, Javier Balza, anunció en la Cámara de Vitoria que la Ertzaintza grabará en vídeo los interrogatorios efectuados a las personas detenidas por un presunto delito de terrorismo para dar cumplimiento a las recomendaciones del Ararteko y del relator especial de la ONU para la prevención de la tortura. Por lo tanto, y en caso de que la propuesta de Aralar logre su objetivo, los cambios de la Ley de Enjuiciamiento afectarían también a la Policía Nacional y la Guardia Civil.
La iniciativa de Aralar va más allá de la medida anunciada por Balza, ya que plantea la grabación en video no sólo de los presuntos terroristas arrestados, sino de todo aquel ciudadano que sea detenido. Además, contempla la grabación de los interrogatorios, pero también de los traslados e incluso de la estancia del detenido en su celda, y establece que la misma formará parte de las diligencias penales.
El tripartito, que apoyará la iniciativa ante las Cortes Generales, considera que la propuesta de Aralar es «muy insuficiente» por no contemplar la medida la derogación de la norma que ampara la incomunicación.
De hecho, EA estudia seriamente la posibilidad de impulsar una iniciativa legislativa ante las Cortes Generales para intentar hacer desaparecer las detenciones incomunicadas y desarrollar otra serie de medidas para evitar las torturas y los malos tratos.
El tripartito podría enmendar hoy el texto de Aralar con el fin de garantizar el respeto del derecho a la intimidad de las personas detenidas y la seguridad de los agentes de los cuerpos policiales que custodian al arrestado por entender que el texto no establece garantía alguna en estos aspectos tan relevantes.