Uruguay: Ex presos recuerdan torturas.
La Asociación de Ex Presos Políticos del Uruguay está divulgando un comunicado contra la voluntad demostrada por el gobierno en el sentido de cumplir con lo estipulado en la Ley de Caducidad. La entidad afirma que es necesario realizar algunas precisiones "tendientes a refrescar memorias o, simplemente, aportar información a quienes la necesiten".
Según el comunicado a partir de abril de 1972, cuando las Fuerzas Armadas asumen la represión contra los grupos que emprendían la lucha armada, y hasta 1985 en que se reinstala la democracia cercenada a mediados de 1973, la prisión, el exilio o la muerte fue el destino de decenas de miles de uruguayos perseguidos por el régimen. No menos de 15 mil uruguayos sufrieron "apremios físicos", lo que equivale a decir que fueron torturados por las Fuerzas Armadas y policiales entre 1972 y 1985.
"Queremos decir que esa persona era objeto de tormentos físicos y psicológicos por el tiempo que sus apresadores dispusieran: días, semanas, meses, hasta años duró en algunos casos el régimen de tortura empleado". La entidad describe las principales formas de tortura. Son ellas: sesiones de tacho o submarino, o sea inmersión en agua próxima a la asfixia; sesiones de picana eléctrica, choques de electricidad aplicados en diferentes partes del cuerpo, preferentemente zonas sensibles como genitales, axilas, orejas, etcétera; decimos caballete: una barra de hierro donde a horcajadas era colocado el prisionero, desnudo, esposado atrás y sin apoyo de sus pies en el suelo, de manera que el hierro se fuera incrustando cada vez más entre sus nalgas; decimos palizas, golpes de diferente naturaleza, frecuencia o sistematización, infligidos por una o por varias personas a la vez; decimos colgadas, mantenimiento del prisionero durante horas suspendido de sus brazos; decimos plantones prolongados: piernas separadas, brazos extendidos a la altura de los hombros, sin agua ni alimento durante horas, días, semanas, hasta caer exhausto.
La Asociación declara que no comparte de la limitación del gobierno en cuanto a verdad y justicia que supone la ley de caducidad. Para ellos es inaceptable que se proponga hoy sentar todos en la misma mesa a compartir culpas, responsabilidades o verdades ocultas. "No vamos a pedir disculpas por haber sido torturados". Se exige que las Fuerzas Armadas, como en Chile y Argentina, acepten la responsabilidad de sus crímenes y propongan al Ejecutivo la anulación de la ley de caducidad.
Según la prensa uruguaya abogados de organizaciones de derechos humanos presentarán el próximo mes de septiembre una causa contra los oficiales generales que ocuparon el Ministerio del Interior durante la dictadura militar y a sus civiles subsecretarios. La causa contra los mandos de la dictadura cívico militar incluirá a siete comandantes en jefe del Ejército, cinco de la Fuerza Aérea y tres de la Armada, además de los militares y civiles que estuvieron a cargo de las fuerzas policiales o comandaron las jefaturas de Policía de todo el país.
