Denunciar torturas, una batalla contra «una perfecta maquinaria».
Presentar una denuncia por torturas supone el inicio de una desigual batalla legal que suele finalizar con el archivo de la demanda. Incluso puede que la persona que ha permanecido incomunicada en dependencias policiales acabe siendo acusada de «falso testimonio». No obstante, desde Torturaren Aurkako Taldea inciden en la importancia de no permanecer en silencio ante estas situaciones.
El recorrido judicial de una denuncia de torturas se asemeja a una kilométrica carrera de obstáculos diseñada para caerse antes de llegar a la meta. A ser posible, en la primera valla. Son muy pocas las que consiguen avanzar. La inmensa mayoría se queda por el camino.
Tras el periodo de incomunicación, la primera denuncia «oficial» de malos tratos se suele realizar no en todos los casosante un magistrado de la Audiencia Nacional. En este caso es importante subrayar el término «oficial», ya que el juez debería remitir de oficio la denuncia al correspondiente juzgado de instrucción.
Es decir, a los jueces de la Audiencia Nacional no les corresponde investigar el caso, pero sí poner en marcha la maquinaria judicial. En numerosas ocasiones se intenta desacreditar a quienes denuncian torturas señalando que, tras su comparecencia ante Garzón, Del Olmo o Grande-Marlaska, no han interpuesto una denuncia. No es necesario, aunque la realidad obligue a otra cosa.
Como estos jueces suelen ignorar el relato de los detenidos en ocasiones sucede además que el denunciante acaba siendo denunciado por «falso testimonio», es Torturaren Aurkako Taldea (TAT) quien se en- carga de recopilarlos y de presentarlos ante los juzgados de instrucción. Si la persona ha sido encarcelada, TAT le remite por correo un cuestionario. Si ha quedado en libertad, una sicóloga o los abogados de este organismo conciertan una entrevista con quienes han denunciado los malos tratos.
Arranca el proceso.
Los relatos recogidos son transcritos y los letrados les dan «forma» de denuncia. Habitualmente se presentan en el herrialde donde el detenido ha permanecido incomunicado. Cuando se trata de Guardia Civil y Policía española, el caso suele recalar en Madrid en la mayoría de las ocasiones, aunque también se suelen presentar en juzgados situados en Euskal Herria.
Si se trata de la Ertzaintza, la mayor parte de las denuncias son presentadas en Gasteiz, puesto que las personas detenidas suelen ser trasladadas a las instalaciones de Arkaute.
Junto con el relato de lo acontecido durante la incomunicación, en la querella se solicita la realización de diferentes pruebas. Algunas son específicas de cada caso, aunque hay varias comunes. Una de ellas es que sea el juez encargado del caso quien escuche la declaración del denunciante. Normalmente se ha dado la situación de que, al estar esa persona en la cárcel, se deniega su traslado hasta la capital española, siendo un juez ajeno al caso pero cercano a la prisión quien procede a tomar declaración.
Los abogados también suelen reclamar que se incorporen a la causa los informes realizados por el médico forense durante la incomunicación y que se le tome declaración, que se identifique a los agentes que han tomado parte en el operativo y presten declaración y que se tenga en cuenta lo testificado en la Audiencia Nacional. En otras ocasiones se pide que comparezcan los abogados de oficio.
Una de las posibilidades, nada infrecuente, es que el magistrado emita un auto en el que, al mismo tiempo que abre diligencias, ordena el archivo de la querella sin siquiera escuchar al demandante. Comienza de este modo la cascada de recursos, generalmente con el mismo resultado negativo. Primero hay que plantear uno de reforma ante el mismo tribunal. Otro de apelación ante la Audiencia Provincial. Un tercero al Constitucional, alegando vulneración de dere- chos. Si todos son rechazados, queda como última instancia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo.
En otros casos, el juez de instrucción solicita al menos el informe del forense antes de archivar la causa tras comprobar que el médico no menciona la posibilidad de malos tratos. A partir de ahí se repite el proceso anterior. Es decir, hay que presentar recursos y más recursos.
Existe una tercera posibilidad: que la denuncia se investigue. Es el caso de una querella interpuesta en el año 2000. Hasta ahora han prestado declaración agentes, abogados de oficio... El mes que viene se va a celebrar una rueda de reconocimiento, ¡cinco años después!
...y al final, el indulto.
Si finalmente estima que existen indicios de delito, el magistrado ordenará la apertura de juicio. Una situación que se da en raras ocasiones. Más escasas son todavía las condenas. Y tras todo este via crucis, cuando se cree que se ha logrado superar todas las vallas y cruzar la meta, llega el consabido indulto a los torturadores.
Desde TAT resaltan que existe «una maquinaria perfecta para evitar que las denuncias lleguen a juicio». Un «engranaje» que se pone en marcha con los agentes que realizan las torturas y que se completa con «médicos forenses que no realizan su trabajo y que en sus informes no recogen las marcas ni realizan pruebas complementarias», con fiscales «que no promueven la investigación» y con jueces que «archivan directamente las denuncias sin realizar la instrucción de forma efectiva».
A pesar de todo, desde el organismo contra la tortura resaltan que es importante seguir denunciando estas situaciones, máxime cuando «es lo único que puedes hacer. Si te han torturado no te puedes callar. No hay que dejar que queden impunes. Si nadie denunciase, habría muchos más casos».
