Andalucia: Roquetas, crimen de estado. Juan Alvarez - cut-bai.org.
Entró en el cuartelillo lleno de vida y por su propio pie albergando la vana esperanza de que la Guardia Civil -incivil, sería más adecuado- le protegiera y salió con los pies por delante tras una salvaje paliza que le causó la muerte. Nos encontramos ante un nuevo caso Almería, un nuevo crimen de estado, un asesinato que los culpables deben pagar con la cárcel.
El agricultor, Juan Martínez Galdeano, no murió por un infarto como la Guardia Civil le dijo a sus familiares. Tampoco porque se autolesionara como los guardias implicados declararon ante la juez. Murió por los golpes que le propinaron, tal y como concluye el Informe Forense: «Existe una relación de causalidad entre el fallecimiento y la situación de detención del sujeto».
Los relatos de los testigos coinciden. Al menos siete personas vieron desde una confitería próxima al cuartelillo cómo murió el agricultor: «Lo vimos todo. Estaba en el suelo y los guardias le daban patadas y puñetazos... muchas veces. Duró un buen rato».
Según el Informe Forense, Juan presentaba más de 100 heridas, hematomas y erosiones distribuidas por todo su cuerpo: cabeza (14 heridas y hemorragia); torax (siete heridas, fractura del esternón, de una costilla y hemorragia); tonco (10 heridas); brazos (23 heridas); piernas (21 heridas); espalda (29 heridas).
Las cámaras de vigilancia del cuartelrecogieron parte de la agresión. Los guardias al percatarse de la grabación arrastraron al detenido hasta alejarlo del ángulo de visión de las cámaras. Fuera del alcance de la grabación permaneció 25 minutos.
El Ministro del Interior, José Antonio Alonso, ha reconocido que los agentes trataron de ocultar pruebas incriminatorias, concretamente las imágenes que mostraban al teniente golpeando a Galdeano con dos porras prohibidas: «ha habido una cierta resistencia a la investigación» afirmó.
¿Hecho aislado?
El Gobierno dice que «este hecho aislado no puede enturbiar la buena imagen de la Guardia Civil». Pero la realidad indica que en absoluto se trata de un suceso aislado. Se ha sabido que la afición del teniente José Manuel Rivas por golpear a detenidos no es nueva. Sólo en el último año se presentaron dos denuncias en su contra por malos tratos. Los jueces archivaron las denuncias tras pedir al propio cuartel de Roquetas, es decir, al acusado, que las investigara. Claro, porque por muy ‘profesional’ y ‘objetivo’ que fuera el teniente no iba a incriminarse a sí mismo.
A tal efecto, EA e IU han reclamado medidas legales para evitar que las pesquisas de un caso de malos tratos puedan correr a cargo de sus supuestos autores.
El propio Ministro ha tenido que reconocer que durante 2004 se presentaron 32 denuncias por supuestos malos tratos contra agentes de la Guardia Civil.
Y no es lo único. El relator especial de la onU sobre la tortura, Theo van Boven, dice en un Informe que la tortura en España aunque no es una práctica regular “ocurre de manera más que esporádica y fortuita”. A este respecto, Amnistía Internacional tienen documentados, desde el año 1995, 320 casos de malos tratos de personas que estaban bajo la custodia de la policía y 20 muertes en dependencias policiales.
Falta de voluntad política
Seamos claros, si en España continúan produciéndose malos tratos y torturas a detenidos es sencillamente porque el poder político y judicial lo permite. Los jueces automáticamente dan la razón a los policías cuando éstos «se pasan» con algún detenido. La práctica habitual de la policía consiste en denunciar a los maltratados por «resistencia a la autoridad» y de esta forma justificar el empleo de violencia física. El poder político mira hacia otro lado y a veces perdona a los torturadores convictos.
Así tenemos, por ejemplo, a Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa que cumplía una condena de 71 años y sólo ha estado un año en prisión. O el caso del ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo que cumple su condena de 75 años en su domicilio de Madrid.
Soluciones
Esta falta de voluntad política y judicial a la hora de atajar estos desmanes policiales favorece la impunidad. Entre las medidas inmediatas que habría que tomar se encuentran:
- la obligación legal de grabar los interrogatorios policiales a detenidos
- prohibición de indultar a funcionarios policiales condenados por tortura o malos tratos
- derogación de la incomunicación de los detenidos
- desmilitarización de la Guardia Civil
Estas propuestas no solucionarían definitivamente la lacra de la tortura, pero sí podrían establecer un cambio de signo.
