Andalucia: El caso de Roquetas o la mezcla del agua y el aceite. ROCÍO CANTARERO BANDRÉS - CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL Y ESCRITORA.
Con independencia de cual sea mi opinión sobre la bondad ó el error del sistema jurídico-penal en materia de drogas,que no viene ahora a cuento, el ciudadano Juan Martínez Galdeano había ingerido, según se nos ha hecho saber por un informe forense una determinada cantidad de cocaína. En principio, esto no es delito, pero sí es verdad que, tal y como se ha querido poner de manifiesto, coloca al sujeto en una cierta situación ante la reacción social.
EL único argumento que he encontrado para desbaratar la simpatía de mis alumnos de dieciocho y diecinueve años hacia las drogas, incluída la cocaína, no es que sean malas para su salud, ni siquiera que los vuelvan estúpidos ó que los tornen agresivos ó que los desmotiven para el sexo, la lectura ó el trabajo. El único argumento válido, a mi entender, el que una y otra vez repito y produce algún efecto reconciliador con el sistema y con el mundo que les rodea es que las drogas los desresponsabiliza y les impide reivindicar sus derechos y, en consecuencia, manifestarse críticos con algo o con alguien, bien con nosotros mismos, sus profesores, o con sus padres, sus amigos y enemigos, con los políticos a los que votan o a los que no, en definitiva con la vida que les ha tocado vivir. Los deja totalmente fuera de juego.
Los drogotas son vistos por la reacción social como gente sin derechos y, en cierta medida, son ya criminalizados.Hipócrita y doble moral , porque la droga funciona a todos los niveles y atraviesa todas las capas sociales, está por todas partes.
Si seguimos la línea informativa del caso Roquetas, parece que mi hipótesis para con mis alumnos se confirma. Me explico. Una cosa es que un sujeto ingiera cocaína. Otra distinta es que unos agentes estatales lo golpeen durante un arresto hasta que muera. Presuntamente ó no por consecuencia de tales golpes.
Con independencia de cual sea mi opinión sobre la bondad ó el error del sistema jurídico-penal en materia de drogas,que no viene ahora a cuento, el ciudadano Juan Martínez Galdeano había ingerido, según se nos ha hecho saber por un informe forense una determinada cantidad de cocaína. En principio, esto no es delito, pero sí es verdad que, tal y como se ha querido poner de manifiesto, coloca al sujeto en una cierta situación ante la reacción social.
Si nuestros agentes hubieran estado bien formados técnicamente, habrían sabido que ciertas drogas producen efectos muy euforizantes y agresivos,tornándose el consumidor en un sujeto liberado de su autocontrol, aún más, capaz de enfrentarse sin problemas con quien sea y a la manera que mejor le parezca, sin calcular el riesgo, dependiendo, claro está de lo que haya tomado y en qué medida. Pero de esto, por las razones que sea, los forenses dicen poco.
También es cierto que la ingesta tiene un efecto anestésico, por lo que los golpes, pueden no experimentarse con el mismo dolor físico que si no se hubiera tomado droga.
Pero las drogas desresponsabilizan y no permiten al sujeto defender sus derechos, ni cuando está siendo brutalmente apaleado,porque ni siquiera está sintiendo realmente todo el dolor que debiera sentir.
Lo curioso del caso Roquetas, y no quiero sospechar de nadie, es que parece que la culpa sea del ciudadano muerto, por cocainómano.
Porque los titulares de los periódicos anuncian al mismo tiempo el consumo de la cocaína y los malos tratos, como si se hubiera tratado de una relación causa-efecto y no fue así.
Y aquí nadie protesta, cuando todo el mundo sabe que el consumo de cocaína, en mayor o en menor medida, es habitual ya entre menores,ya entre jóvenes o entre adultos. Que se ha disparado en los barrios y que es transversal a todas las clase sociales. Que la prohibición penal es una mera cuestión simbólica permeable en los distintos sectores sociales. Que se practica la doble moral.
Que lo que se esconde tras el asunto Roquetas es un abuso y un exceso en el ejercicio de la autoridad ó porqué no decirlo, del autoritarismo hasta el paroxismo.
Por lo demás en este caso la droga se ha criminalizado.
Yo me pregunto ¿No hubiera sido lo lógico, vistas las circunstancias del caso, haber contenido a este ciudadano por la Guardia Civil, avisando inmediatamente a un médico y no después cómo se hizo?
Porque apalear con las porras e incluso acudir a buscar una electrificada en las condiciones en que estaba el sujeto ¿no era provocar indirectamente el resultado que luego se produjo? Eran si no me equivoco cuatro agentes con sus respectivas armas de defensa personal contra una persona, tirada en el suelo y esposada. Tal es la versión que leemos en la prensa ¿Caben muchas dudas? Que se nos aclaren. Entretanto se pueden sacar ya algunas conclusiones.
El ciudadano Martínez Galdeano no pudo, por estar en situación de drogodependencia, defender sus derechos, ni defender su persona, por estar asimismo en situación de inferioridad de condiciones (cuatro contra uno) más el teniente responsable del puesto.
Tampoco era culpable de su comportamiento, por estar afectado por la droga, según se desprende del informe del forense que se nos ha hecho llegar por los medios de comunicación, aunque no se sabe ni en que cantidad ni hasta qué punto
Los agentes de la Guardia Civil debieron abstenerse de golpear a una persona que en el momento de los hechos no controlaba su voluntad por la ingesta de drogas, lo que habrían detectado si hubieran estado bien formados técnicamente, en el mejor de los casos.
Habría que haber llamado inmediatamente a un médico, mientras se inmovilizaba al sujeto, sin golpearlo.
Lo que se ha hecho por parte de la voluntad interesada en exculpar de responsabilidad a los agentes, que se excedieron en el ejercicio de sus funciones, lo que llevó a que, en el curso de los acontecimientos, se produjera incluso una muerte. Es mezclar el agua con el aceite criminalizar la droga y a los drogodependientes, exorcizando una vez más los demonios de algo que ya no se puede controlar, y que es el consumo indiscriminado de droga, al tiempo que se exonera de responsabilidad a quienes, debiendo ejercer el control del orden público y la seguridad ciudadana con responsabilidad, ponen en peligro la vida de los ciudadanos con una mala praxis.
