Andalucia: El abogado de los guardias civiles españoles estima que la comparecencia del ministro Alonso es 'excesiva'.
El abogado de los nueve guardias civiles imputados por el fallecimiento del agricultor J.M.G., de 39 años, en el Cuartel del Instituto Armado de Roquetas de Mar (Almería) el pasado 24 de julio, Gustavo Arduán, señaló hoy que la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, José Antonio Alonso, prevista para la semana próxima para informar de la investigación es 'excesiva'.
En declaraciones a Europa Press, Arduán dijo además que la comparecencia de Alonso se producirá, además, 'a destiempo' puesto que 'lo apropiado hubiera sido que antes compareciera el director general de la Guardia Civil', Carlos Gómez Arruche, 'y que hubiera aclarado los hechos, exclusivamente'.
Sin embargo, en su opinión, 'se ha dejado que los acontecimientos se precipitaran unos sobre otros y, al final, lo sucedido se ha convertido en una cuestión política, lo cuál ha sido perjudicial'. Por ello, y tras señalar que intuye que podría haber comparecencias 'de instancias superiores a Alonso', el letrado mostró su deseo de que la 'presión política' creada en torno a lo sucedido no influya en la resolución judicial.
Arduán señaló en todo momento que los agentes imputados 'tienen una sensación de serenidad, aunque lamentan el resultado final que se produjo, pero fue inevitable y en ausencia de responsabilidad'. Además, subrayó que confían en que el dictamen judicial 'sea favorable', si bien criticó que 'en este maremagnum se ha violado la presunción de inocencia de los guardias y el más elemental derecho a la defensa'.
Como muestra de ello, manifestó, 'es inconcebible que tengan conocimiento de unos expedientes disciplinarios gravísimos, que afectan a su dignidad, a su bolsillos y a su consolidación profesional, a través de los medios de comunicación y que se les notificaran varios días después'. Así las cosas, el abogado de la defensa aseguró que a algunos de los imputados 'aún no se les ha notificado', aunque no precisó a cuántos.
El letrado estimó que el caso de Roquetas se está gestionando 'precipitada y chapuceramente, tratando de tapar agujeros' y criticó que se olvide que 'al final de esta cadena hay nueve personas, nueve profesionales que han creído cumplir con su legítima función y ha ocurrido una circunstancia extraordinaria --en alusión al fallecimiento del agricultor-- que no fue voluntaria ni conscientemente'.
Arduán lanzó un mensaje a la familia del fallecido diciendo que 'estamos apesadumbrados por lo ocurrido', pero insistió en que 'pedimos serenidad, tranquilidad y mesura porque somos los principales interesados en que la Justicia haga su trabajo'.
En cuanto a la grabación captada por las cámaras de seguridad sobre lo ocurrido en el cuartel el pasado 24 de julio, el abogado reconoció que 'hay un tramo que no se ve, porque las cámaras son fijas', pero sí garantizó que 'el núcleo fundamental de lo sucedido sí está recogido'.
Finalmente, y sobre la declaración que prestará el próximo lunes el teniente suspendido de sus funciones por el Ministerio del Interior por su presunta relación con los hechos, Gustavo Arduán adelantó a Europa Press que 'no habrá sorpresas, sino que se referirá a la descripción pormenorizada de la participación de cada uno de los imputados en los hechos, cuya valoración corresponderá al juez'.
Alonso constata 'cierta resistencia' a investigar caso Roquetas.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, constató que 'ha habido una cierta resistencia a la investigación' de la muerte de un detenido en el cuartel de la Guardia Civil en Roquetas de Mar.
Esa 'resistencia', más el hecho de que se usó 'al menos un arma prohibida' y los indicios de que se infligieron 'tratos inhumanos' al detenido y de que hubo 'abuso de autoridad', justifican para Alonso las medidas adoptadas por el Gobierno contra los implicados.
El Gobierno abrió expediente y cesó en sus funciones a un teniente, siete agentes y un alumno de la Guardia Civil imputados judicialmente por la muerte del agricultor Juan Martínez Galdeano, el pasado domingo en el cuartel de Roquetas.
Para el ministro, en declaraciones a TVE y recogidas por EFE, las medidas adoptadas son 'justas y proporcionales al estado actual de la investigación'.
El Gobierno, garantizó, 'exigirá todas las responsabilidades' pues la Guardia Civil 'no debe ver empañado el prestigio histórico que se ha ganado', por unos hechos que son 'absolutamente excepcionales'.
La versión del teniente y de uno de los agentes implicados es que actuaron correctamente para hacer frente a un hombre de gran fortaleza física que estaba 'fuera de sí' y apunta a que los servicios médicos tardaron en llegar.
Según informaron a EFE fuentes próximas al teniente, el oficial J.M.R., de 29 años, que no estaba de servicio el domingo, intervino para 'defender a su gente' de la reacción del detenido, que había podido observar desde su casa, ubicada en las instalaciones del cuartel.
Al ver las dificultades en que se encontraban sus hombres, el teniente bajó y, 'sin emplear medios', convenció a Galdeano de que entrara en el cuartel, al que había acudido muy alterado tras tener un accidente de tráfico.
Los agentes querían que el hombre entrara en el cuartel porque lo habían detenido por resistencia a la autoridad, tras un primer altercado breve en que causó 'lesiones leves' a algunos guardias.
'Al ver la situación controlada', el teniente regresó a su casa, si bien media hora después escuchó 'un follón más fuerte' y se percató de que los guardias mantenían otro forcejeo con el detenido y 'no podían defenderse' dada la 'fortaleza física' de éste, que parecía 'fuera de sí'.
El teniente bajó de nuevo, llevando consigo una porra extensible, con la que dio a la víctima 'ligeros puntazos', y otra eléctrica y con la intención de emplear ambas -no reglamentarias- de forma 'intimidatoria', aunque lo hizo 'alternándolas y nunca simultáneamente'.
Aplicó la porra eléctrica sobre las piernas de Galdeano, quien estaba esposado, y 'como defensa a las patadas que lanzaba en todas las direcciones', explicaron las fuentes, que relataron que este arma 'no funcionaba apenas' y su potencia era 'mínima', por lo que 'ni siquiera hacía efecto' ni dejó 'marcas' en la víctima.
'La fuerza que se le aplicó' al detenido fue 'como reacción a su actitud', que podía estar motivada por 'el consumo de drogas', afirmaron, recordando que tenía antecedentes policiales.
La pretensión de los agentes era evitar que Galdeano huyera y meterlo en un vehículo para trasladarlo al centro de salud y a la Policía local.
Optaron por poner boca abajo al detenido, que empezó a darse 'cabezazos', y procedieron a 'inmovilizarle las extremidades y la cabeza' para evitar que siguiera golpeándose.
Galdeano 'permaneció con vida 15 ó 20 minutos sin recibir golpes ni causarlos'. Los agentes percibieron que 'disminuyó la resistencia del detenido', por lo que pensaron que estaba 'más tranquilo', si bien comenzaron a notar que estaba 'demasiado quieto'.
Las fuentes sostienen que, más de media hora antes del fallecimiento de Galdeano, los agentes dieron aviso varias veces al 061 para que les proporcionaran un calmante para el detenido. Según dijeron, hay un centro de salud 'a menos de 100 metros del cuartel'.
Otro de los guardias implicados dijo hoy a la cadena COPE que llamaron cuatro veces a los servicios sanitarios pidiendo el tranquilizante y que éstos 'tardaron más de 40 minutos' en llegar.
Según la secuencia de los hechos reconstruida por la consejería de salud andaluza y difundida hoy por la cadena SER, la primera llamada se produjo a las 17.27 horas, cuando los forcejeos con el detenido habían empezado a las 16.33 horas.
En la tercera llamada, a las 17.40, los agentes informan de que hay una persona 'en parada cardiorrespiratoria'. A las 17.59, el equipo del 061 confirma la muerte de Galdeano.
El guardia que habló con la COPE afirmó que él y sus compañeros tienen la 'conciencia tranquila' y lamentó que no se les haya otorgado la presunción de inocencia y que el Estado les haya 'dado la espalda'.