Operación policial con pies de barro. Editorial diario GARA.
Las seis personas detenidas el miércoles han permanecido incomunicadas desde el momento de su detención.
Tras las detenciones, el pasado miércoles, de seis ciudadanos y ciudadanas vascas, a quienes el Ministerio del Interior español ligó con «el aparato de captación e infraestructura de ETA», se sucedieron las habituales felicitaciones a las fuerzas policiales y las auto-alabanzas de los representantes del Estado porque, según dijo el ministro José Antonio Alonso, de esta forma podía verse que «la Policía sigue demostrando eficacia en la lucha del Estado de Derecho contra la organización terrorista ETA», mientras que Luesma advertía que el balance final de esta redada estaba «a expensas de los resultados de los interrogatorios». Con este aval, además, se ponían en circulación en los medios de comunicación del Estado, citando fuentes policiales, supuestos datos de la vinculación de las personas detenidas con militantes o actividades de ETA, siempre siguiendo el hilo conductor de la documentación, supuestamente incautada en otra operación, en la que las fuerzas policiales españolas han justificado en los últimos meses un total de 123 detenciones.
Las seis personas detenidas el miércoles han permanecido incomunicadas desde el momento de su detención, fueron llevadas ayer al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española, y declararon ante el juez Fernando Grande-Marlaska incomunicados y sin la asistencia de un abogado de confianza, quedando cinco de ellos en libertad. En Euskal Herria vienen siendo habituales las redadas de estas características, en las que, como si de una macabra lotería se tratara, se intenta disfrazar de éxito policial una actuación jurídico-político-policial que tiene pies de barro llevando a alguno de los detenidos a prisión. Pero no por habitual puede admitirse como normal que cada vez que los responsables políticos de las distintas policías que actúan en Euskal Herria tienen necesidad de demostrar algo, una serie de ciudadanos y ciudadanas vascas acaben siendo llevados a dependencias policiales, ante un juez del tribunal especial español y, en muchas ocasiones, a la cárcel.
Esta situación ha puesto en evidencia el vacío de las acusaciones difundidas a bombo y platillo, y la apariencia de acción propagandística que desde un primer momento tenía esta operación policial. Poco hemos avanzado si el Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue teniendo mayor preocupación por demostrar al PP sus fidelidades que por activar un proceso hacia la paz en Euskal Herria.
