Javier Balza matiza a Juan José Ibarretxe sobre el periodo de detención. Iñaki Iriondo - Periodista.
El compromiso del lehendakari de aplicar a los detenidos las medidas contempladas en la Convención contra la tortura de la ONU, queda finalmente en que se seguirá como hasta ahora.
En su discurso de investidura, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, puso cierto énfasis en la cuestión del trato a los detenidos y a la cuestión de su incomunicación. Aunque es cierto que en el pleno de política general de 2003 hizo una alusión a la aprobación del protocolo de los departamentos de Interior y Justicia, y en el del 2004 lo citó también de pasada, en su investidura se detuvo en la cuestión. Quizá se debiera a que Aralar había incidido en el tema como una de las condiciones para darle su voto o, como interpretaron desde el PP, fuera la «continuación de su política de guiños al PCTV para asegurarse la investidura».
Tras asegurar que «las personas detenidas, aun las acusadas de terribles delitos, son depositarias de todos los derechos que les corresponden como seres humanos, y a los poderes públicos nos corresponde velar por la defensa de su dignidad y la prevención de los malos tratos y torturas»; el lehendakari se comprometió desde la tribuna de oradores a que «en el ámbito de nuestra responsabilidad, desde el Gobierno Vasco vamos a profundizar y perfeccionar los protocolos de asistencia y atención a las personas detenidas, en especial a las sujetas excepcionalmente a un régimen de incomunicación, el cual no se aplicará de forma sistemática y sólo previo acuerdo judicial, aplicándose en este caso, de forma rigurosa, el Protocolo para la Protección de los derechos entre las personas en régimen de incomunicación, de conformidad con las medidas contempladas en la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas».
La parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, le demandó la aplicación de las medias propuestas por Amnistía Internacional y por el Relator Especial de la ONU, y si en algún caso la incomunicación era ineludible por tratarse de una orden judicial, que se instalaran cámaras de vídeo.
Nekane Erauskin, portavoz de Ezker Abertzalea, apuntó en su intervención que el lehendakari hacía una pequeña trampa en su «mención a la excepcionalidad de la incomunicación en comisarías. Dice que se aplicará de forma rigurosa el protocolo de derechos humanos de la ONU. Pues bien, que empiece a aplicarlo ya, porque en este protocolo se pide la abolición de la incomunicación, al ser de por sí una forma de trato cruel y degradante».
Ibarretxe se defendió asegurando que en los últimos dos años no se había incomunicado a ningún detenido y que en los últimos tres no se había producido ninguna denuncia por torturas.
La cuestión quedó ahí, y la primera matización a los compromisos del lehendakari llegó en el mismo Acuerdo de Gobierno, suscrito una semana después de la investidura por PNV, EA y EB, en la que ya no figura que la aplicación del protocolo se hará de conformidad a las recomendaciones de la ONU.
Pese a todo, la cuestión interesó al parlamentario del PP, Carlos de Urquijo, que ha interpelado al lehendakari al respecto y que, ante el compromiso de «profundizar y perfeccionar los protocolos», también preguntó al consejero de Interior «¿qué novedades y en qué plazo tiene previsto incorporar el Gobierno al Protocolo?». Y en la respuesta de Javier Balza llega una nueva rebaja a los compromisos del lehendakari señalando que, de momento, todo funciona bien, que no se puede anticipar en qué puede mejorarse, y que si se observa alguna deficiencia, entonces se acometerá una actualización.
Según señala textualmente el consejero «tales normas [el Protocolo] han de ser revisadas constantemente y actualizadas cuando sea necesario, siendo este último extremo, en su caso, el resultado de una supervisión continua sobre la aplicación de esos protocolos, a cuyo efecto no pueden anticiparse ni cronología ni contenidos, pero sí la firme voluntad de acometerlas cuando sean oportunas».
Es decir, el compromiso del lehendakari de aplicar a los detenidos las medidas contempladas en la Convención contra la tortura de la ONU, queda finalmente en que se seguirá como hasta ahora y si se observa alguna deficiencia hay voluntad de corregirla.
