Los guardias civiles imputados por torturar a Asier Arriola niegan los hechos.
Los cuatro guardias civiles que ayer acudieron a los juzgados de Bilbo en calidad de imputados en el caso de torturas a Asier Arriola rechazaron las acusaciones. No obstante, el proceso judicial continúa. La abogada Jone Goirizelaia manifestó que las declaraciones de los guardias «conllevan un problema: la contradicción».
Los cuatro guardias civiles imputados por torturar al joven vizcaino Asier Arriola negaron ayer todas las acusaciones en la toma de declaración efectuada en los juzgados de Bilbo. En el inicio de las diligencias de instrucción se personaron dos de los agentes que detuvieron a Arriola, así como el instructor y el secretario que realizaban los interrogatorios durante el periodo de incomunicación.
Ante las evidentes y visibles marcas en diferentes y abundantes fotografías obtenidas durante y después de los cinco días de incomunicación a los que fue sometido Arriola, los guardias indicaron que esas marcas eran derivadas por dos razones: porque la detención fue violenta al intentar Arriola «escaparse» y por autolesiones.
Cabe recordar que Arriola relató en su testimonio que se golpeó la cabeza para que de esa forma los guardias cesaran en su proceder.
Asier Arriola fue detenido el pasado 5 de noviembre por la Guardia Civil en Castro Urdiales, en el marco de la operación que iniciara en Bizkaia el 5 de octubre y que se saldó con 14 detenciones. Todos denunciaron haber sufrido torturas, aunque a día de hoy es el de Arriola el único caso que ha llegado a inicios de juicio.
La abogada Jone Goirizelaia, en declaraciones realizadas a GARA tras finalizar la sesión, afirmó que los cuatro guardias no respondieron a ninguna pregunta de la acusación y que sus declaraciones «se topan con un problema de contradicción».
Y es que, según indicó, después de su detención Arriola fue trasladado al Hospital de Basurto y en su informe médico no hay constancia de grandes marcas, como los que sí dan cuenta los informes diarios del forense médico de la Audiencia Nacional española.
«Asier Arriola denunció, cada día y de manera pormenorizada, las torturas», agregó la letrada. Segun destacó, en esos informes se aprecia el incremento diario de las marcas.
Rueda de reconocimiento.
Tras su paso por la Audiencia Nacional, Arriola quedó en libertad. Después de su regreso a Bilbo interpuso la denuncia en los juzgados bilbainos. Según afirma Goirizelaia, el informe del médico forense que lo recibió concuerda con los de la Audiencia Nacional y con el del Hospital de Basurto, «que determinan la generación de las marcas durante el periodo de su detención».
Según anunció la abogada a este diario, además de esos informes, en el proceso presentarán como pruebas el informe del Hospital Gregorio Marañon, en el que fue ingresado Arriola por una crisis nerviosa mientras se encontraba arrestado. Próximamente Goirizelaia pedirá la realización de una rueda de reconocimiento, ya que Arriola asegura que reconocería a los guardias que participaron en los interrogatorios.
14 denuncias de 14 detenidos.
14 fueron los jóvenes que fueron arrestados e incomunicados durante cinco días por la Guardia Civil en la operación policila que se inició el 5 de octubre del pasado año en Bizkaia. Los catorce denunciaron haber sido víctimas de torturas en dependencias policiales, aunque sólo dos han llegado a trámites judiciales, y los dos por el Juzgado de Bilbo: los de Asier Arriola y Aritz Totorika.
En cambio, las demás denuncias, realizadas ante los juzgados madrileños, han sido rechazadas o archivadas, incluida la de a joven bilbaina Amaia Urizar, quien denunció haber sido violada con una pistola por agentes del instituto militar. El testimonio de Urizar fue publicado íntegramente en la edición del pasado 29 de diciembre de GARA.
Ante el evidente rechazo a las denuncias de torturas en Madrid y la aceptación a trámite en los de Bilbo, la abogada Jone Goirizelaia mencionó que en la capital española «se hace más evidente la dependencia al poder judicial que en Bilbo», e hizo hincapié en «la pasividad de los órganos judiciales» y en su «responsabilidad» ante los casos de torturas.
Goirizelaia ha denunciado que la incomunicación de los detenidos facilita la práctica de la tortura. “Si se quiere iniciar un proceso de paz se tiene que terminar con las prácticas de tortura y malos tratos continuos a los detenidos y para eso hay que derogar una legislación especial que permite y ampara la tortura”, ha añadido.
