Salhaketa denuncia las condiciones extremas de los presos en Langraitz.
Salhaketa ofreció ayer un retrato demoledor de lo que está sucediendo en la cárcel de Langraitz: «Las personas presas están prefiriendo quitarse la vida a vivir en unas condiciones extremas», denunció el coordinador del colectivo en Araba, César Manzanos, en alusión al hacinamiento y al abandono de estructuras y equipamientos. Salhaketa recordó que, desde el pasado 15 de diciembre, ocho personas encarceladas en Langraiz han perdido la vida y, tras considerar que existen «negligencias» («una gestión adecuada evitaría estas muertes», asegura), solicitó la destitución de la dirección de la prisión.
Una asociación de abogados critica asimismo la masificación de la cárcel de Baiona.
Salhaketa se mostró ayer «muy preocupada» por el incremento que se ha dado en las cifras de siniestrabilidad en los últimos meses en Langraiz. Desde el pasado 15 de diciembre, ocho reclusos de dicha prisión han perdido la vida. «Cinco declaradas y tres de personas que han muerto nada más ser atendidas en el hospital», explicó ayer el coordinador del colectivo en Araba, César Manzanos.
El último ahorcamiento sucedió el pasado 6 de julio. Se trataba de un joven bizkaitarra al que le faltaba un año de condena. Manzanos criticó que se le había retirado el protocolo de prevención de suicidios el año pasado, a pesar de tratarse de una persona «ansiosa depresiva». El fallecido se encontraba en la enfermería, un lugar «absolutamente obsoleto. Las personas presas prefieren quedarse en los módulos y no declarar sus enfermedades», afirmó.
A su juicio, «las personas presas están prefiriendo quitarse la vida a vivir en las condiciones de insoportabilidad y encarcelamiento extremas que hoy se están viviendo en las prisiones», no sólo en el caso de Langraiz o de Hego Euskal Herria, sino «en el sistema penitenciario del Estado español en su conjunto», dijo Manzanos.
El coordinador añadió que las «condiciones extremas de hacinamiento», unidas al «abandono» que ha sufrido la inversión en estructuras y equipamientos de prisiones, así como a las reformas penales acometidas desde 1996, «que hacen que la gente pase cada vez más tiempo en prisión», están «generando un clima de conflictividad y siniestrabilidad que nos preocupa especialmente».
Responsabilidades.
Consideró que en el caso particular de Langraiz es preciso enfocar la situación desde el punto de vista de la gestión de la dirección de la cárcel. «No creemos que es de recibo que una prisión como la de Nanclares tenga estos índices de siniestrabilidad y, por ello, entendemos hay una serie de responsabilidades», manifestó el coordinador de Salhaketa.
Así las cosas, anunció que desde Salhaketa van a instar tanto a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias como a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados de Madrid a que «soliciten la dimisión de la propia dirección de la prisión así como el cese cautelar de su subdirector de seguridad, por un presunto delito de coacciones hacia mujeres presas».
A su entender, con una gestión «adecuada se podrían evitar todas estas muertes». Manzanos recordó que en una institución pública, como son las prisiones, los fallecimientos deberían ser «anecdóticos». Nada más lejos de la realidad. Salhaketa compara, en este sentido, las tasas de mortalidad del Estado español con Somalia, Etiopía o Sierra Leona.
Manzanos mostró también su preocupación en torno al oscurantismo existente en este tipo de muertes. «Todas estas situaciones se dan en la más absoluta de las oscuridades», a pesar de que se abre una investigación por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por vía administrativa. Denunció que, a pesar de que «el ministerio fiscal tendría que actuar, esto no se hace. En la mayoría de las muertes nos quedamos con la versión oficial, que no sabemos si se ajusta o no a la realidad», añadió.
Lamentó que ni siquiera se piden responsabilidades civiles por parte de las familias, «porque no saben qué tienen que hacer o no tienen medios y por ello todas estas situaciones caen la más absoluta de la impunidad». El coordinador de Salhaketa concluyó recordando que la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha reconocido que tanto Langraiz como Martutene y Basauri se encuentran «obsoletas».
La consejería de Justicia de Lakua demanda una investigación.
Fuentes del departamento de Justicia del Gobierno de Lakua expresaron ayer su «preocupación» ante la «alarmante» e «insostenible»situación que se vive en la prisión de Langraiz. Por ello, solicitaron a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que lleve a cabo una investigación «exhaustiva» y que, dependiendo de los resultados obtenidos en la misma, se adopten una serie de medidas «acordes con la gravedad de la situación» con el fin de «corregir un estado de cosas inaceptable».
«Las macrocárceles las pagamos todos, para beneficio de las empresas».
Salhaketa dio a conocer en la comparecencia realizada durante la mañana de ayer el manifiesto elaborado contra las macrocárceles, titulado «No al negocio de criminalizar la marginación».
Este tipo de centros penitenciarios los puso en marcha el PSOE en 1990. El coordinador de Salhaketa, César Manzanos, subrayó que se trata de un modelo que «no responde para nada a las estructuras necesarias de la socialización». Destacó, en este sentido, la necesidad de crear centros pequeños especializados,«unos para drogodependientes, otros para mujeres, para jóvenesŠ, habría que crear una red. Nada que ver con el diseño de las macrocárceles, un deposito de personas», aseguró.
Recordó que el Gobierno español del PP «no invirtió prácticamente nada en la ampliación de estructuras, aunque sí en las leyes». Todo ello ha influido en el hecho de que en la actualidad los centros penitenciarios estén «masificados» y a que, a pesar de que por ley cada celda está destinada a una persona, esto «no se esté cumpliendo».
El proyecto de macrocárceles ha vuelto a ser retomado. Manzanos explicó el negocio que se esconde detrás de dicho plan. «Las macrocárceles las pagamos todos y luego quienes se benefician son las empresas privadas que las construyen y los particulares que viven de ellas».
Destacó, en este sentido, que el Estado español cuenta con «60.000 personas encarceladas, casi 30.000 funcionarios de prisiones y 20.000 personas en vigilancia policial exterior, más luego todo tipo de empresas encargadas de la construcción, mantenimiento y abastecimiento. Esto es un negocio», dijo.
Manzanos también habló del futuro nuevo centro penitenciario de Donostia. Respecto a esto, anunció que próximamente solicitarán una reunión con el alcalde de la ciudad gipuzkoarra, Odón Elorza, para debatir al respecto.
1.008 celdas.
La propuesta hecha pública la semana pasada por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias habla de 1.008 celdas. «Eso significa que, como no se mete una persona por celda, estamos hablando de una prisión que, en situaciones extremas, puede acoger hasta 2.000 personas. Es un auténtico horror de vertedero humano».
Tras lamentar la «obsesión» del Gobierno español por instalar macroprisiones, señaló que en el manifiesto elaborado no sólo se critica el citado modelo, sino que se realizan varias propuestas «urgentes de actuación». Unas medidas «paliativas para aliviar los efectos desocializadores y destructivos que trae consigo la aplicación de las penas privativas de libertad».
Entre otras muchas, se exige la «inmediata excarcelación» de las personas con sida, así como el «inmediato cierre cautelar» de las actuales Unidades Hospitalarias de Custodia Especial. Piden un plan de prevención en materia de salud mental para «evitar los desequilibrios psicológicos que genera el encierro», con dotación de personal especializado, un registro epidemiológico individualizado y una dotación de personal para la atención médica las 24 horas del día. Solicitan también la subsanación de las deficiencias en torno a productos higiénicos, alimentación o el estado de las instalaciones.
Baionako espetxean dagoen gehiegizko biztanleria salatu du abokatuen elkargoak.
Baionako presondegiko bizi baldintzak salatu ditu berriro abokatuen elkargoak. Urtero Estatu frantseseko espetxeen bisitak bideratzen dituzte, eta Baionako abokatuek ekimena baliatu zuten lekuko presondegi bakarraren egoera aztertzeko eta salatzeko.
Fabrice Froment Baionako abokatuen elkargoko dekanoak argitu zuen: «Estatu frantsesean, arazo nagusi bat dago presondegietan, gehiegizko biztanleria». Arazoa gaurkoa ez izan arren, egoera horrek presoen bizi baldintzak okertzen zituela salatu zuen. «Hiru urte daramatzagu egoera hori mahai gainean jartzen, eta behin betiko konponbidea izatea espero genuen. Botere publikoak ez ditu erran horiek entzuten», salatu zuen.
Horiek horrela, Baionako presondegia bere ahalmenaren %200en zegoela nabarmendu zuen. Harrera ahala 72 presoena delarik, 144ra iristen da, hain zuzen ere. Zehazkiago, 9 metro karratuko gela batean hiru preso metatuak zeudela argitu zuen Fromentek.
«Gehiegizko biztanleriaren lehen eragina promiskuitatea da. Gizatasunaren duintasunari eraso zuzena egiten zaio herritarrak horrelako baldintzetan bizitzera behartuta. Presondegiak suposatzen duen askatasun ukatzetik at, bigarren zigor bat inposatzen diozu presoari baldintza txarretan bizitzera behartuta. Horri deitzen zaio zigor bikoitza. Ezin onartuzkoa da egoera hori», nabarmendu zuen dekanoak.
Baionako presondegia 1880. urtean eraikia izan zela gogora ekarri zuen, berriz, Fromantek. «Gunea modernizatua izan da, baina, ezin dira presondegiko paretak eten gabe gibelatu. Ez dute beste espetxerik eraikitzeko asmorik. Dagoen egitasmo bakarra Mont-de-Marsant herrikoa da», esan zuen abokatuak. Egoera horren ondorio zuzena presoak bere buruaz beste egitea dela-eta, Baionan kasu gutxi zeudela gehitu zuen: «Hiru urtez zortzi saiakera izan dira, eta horietarik hiruk egin dute».
Prebentziozko atxiloketa.
Gehiegizko biztanleria horren errudun nagusia, Fromant-en esanetan, Estatu frantsesean egiten den «presondegiratze sistematikoa» da. «Auzia izan aurretik, pertsona justiziaren aurrean hobengabe ikusia da. Beraz, libre izan beharko luke. Gehienetan epaiketa izan aurretik prebentziozko atxiloketa egiten da. Batzuetan beharrezkoa da, baina, oso kasu gutxitan, eta Estatu frantsesean prebentziozko atxiloketa egoera guztietan baliatzen da. Horrek preso kopurua handitzen du», nabarmendu zuen.
Baionako presondegiari loturiko beste datuak ere eman zituen Fromantek: preso bakoitzaren aurrekontua egunean hiru eurokoa izatea, presoen erdia kondenatua eta beste erdia prebentziozkoan izatea, eta, atzerritar ugariren presentzia.
