Argentina: "Se cayó definitivamente una de las estrategias de las defensas del personal policial".
AnÁlisis de las últimas audiencias del juicio por la Masacre de Avellaneda.
En la audiencia celebrada el jueves 30 de junio pasado se cayó definitivamente la estrategia de las defensas del personal policial en relación con la supuesta existencia de cartuchos de municiones de escopeta color rojo con postas de goma, así como también cayó la versión sobre la supuesta obligación de devolver a la armería los cartuchos que hubieren sido disparados.
En efecto, durante todo este tiempo las defensas tanto de Fanchiotti como de De la Fuente, Leiva, Sierra y otros policías habían tratado de dar veracidad a la supuesta existencia de cartuchos color rojo cargados con balas de goma o en todo caso de estruendo (aquellos que solo producen la explosión simulando disparos, pero que en realidad no efectúan disparos de munición alguna).
Además, para justificar las escenas donde se ve al personal policial recogiendo cartuchos rojos del piso luego de haber sido disparados, siempre afirmaron la versión sobre la supuesta obligación de entregar al depósito los cartuchos servidos como forma de justificar su uso.
El último jueves declararon en el juicio oral cuatro armeros del comando patrullas Avellaneda (comisaría de Fanchiotti y Acosta) y el responsable de logística de la Comisaría Avellaneda Primera (donde prestaban servicios Leiva, De la Fuente, Sierra y otros).
El primero en declarar: Suboficial Principal Navarro (encargado de la armería del Comando Patrullas de Avellaneda) afirmó categóricamente que los cartuchos color rojo corresponden únicamente a la munición de propósito general o posta de guerra, es decir que están cargados con munición de plomo.
Nunca ha tenido la policía bonaerense otro tipo de cartucho color rojo.
Además confirmó que el color es la forma específica de distinguir a una munición de otra. La roja es munición de plomo y la verde o blanca es de goma. También afirmó que nunca han tenido en depósito municiones de estruendo de ningún color.
Preguntado por la querella que representa a los movimientos sociales, afirmó que no existe ni ha existido obligación de devolver los cartuchos utilizados. Afirmando luego que resulta una locura pretender que en medio de un enfrentamiento el personal policial se ponga a recoger los cartuchos utilizados.
La justificación del uso de cartuchos se realiza con la simple entrega de un formulario denominado PU o Parte Urgente. Asimismo sostuvo que no le consta que los cartuchos utilizados se recarguen pues la policía bonaerense simplemente los arroja a la basura. Estas afirmaciones fueron luego corroboradas por el resto del personal de la armería policial, entre ellos el suboficial Baigorria.
Por otra parte los oficiales Marcelo José González (Avellaneda 1ra) y Juan Alberto González (Comando de Patrullas Avellaneda) ambos encargados del control del stock de municiones en sus respectivas dependencias confirmaron que nunca habían tenido conocimiento de la existencia de munición de color rojo cargada con postas de goma, sino que por el contrario todo el mundo sabe y conoce que las municiones color rojo son cargadas con postas de plomo. Ambos encargados de formular los pedidos administrativos para provisión de materiales así como de justificar el gasto de los mismos afirmaron categóricamente que no existe obligación de entregar los cartuchos utilizados sino que basta con realizar el descargo por escrito sobre el uso de los mismos.
Con estos testimonios se destruyó definitivamente la duda sobre la carga de plomo que contenían los cartuchos rojos utilizados el 26 de junio del 2002 en el Puente Pueyrredón.
También ha quedado demostrado que la conducta de recoger los cartuchos color rojo solo tenía como objeto ocultar la prueba del delito que en ese acto se estaba cometiendo.
Docentes, estudiantes y la comunidad rindieron un homenaje a Darío y Maxi.
Al entrar al edificio se percibe un ambiente distinto al usual en esos lugares. A la izquierda, el salón de actos lleva el cartel con su nombre: “30.000 compañeros-desaparecidos”. A la derecha, la panadería comunitaria “pañuelos blancos”. En un costado del pasillo principal, la consigna “la fuerza de los sueños” está acompañada por un pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo estampado sobre un mural.
La escuela media (poli modal) Nº 11 “América Libre” está ubicada en la calle Chile 1400, en la localidad bonaerense de Morón. Este establecimiento escolar no es uno más: tiene un bachillerato con orientación en derechos humanos. Allí se desarrolló, el lunes 27 de junio, un acto escolar en homenaje a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Formados en el patio del establecimiento (donde puede verse un mural con la trascripción del poema Por qué cantamos, del uruguayo Mario Benedetti), alumnos, docentes y directivos de la escuela -tanto en el turno mañana como en el turno tarde- le dieron su particular contenido al recuerdo de Darío y de Maxi.
El acto se desarrolló con un equipo de sonido desde el cual un integrante del Frente Popular Darío Santillán contó sobre la situación vivida en los meses previos a las jornadas de 2002; qué pasó ese 26 de junio con quienes se manifestaron; cómo vivieron la brutal represión; cómo se desarrolló la lucha por justicia y contra la impunidad en estos tres años y cuáles son las perspectivas de ahora en más, en el contexto de un juicio enfocado en los policías que dispararon las balas de plomo, pero que nada juzga sobre quienes planificaron y dieron las órdenes de ejecutar la masacre.
También se reivindicó el aspecto humano y cotidiano de los compañeros: la nobleza de sus ideales encarnados en la dedicación cotidiana por construir organización popular y sembrar valores solidarios en el seno del movimiento social.
Además, estuvo presente Sonia, la mamá de Rubén Omar Guenchal, un joven de 21 años (ex -alumno de la escuela) a quien la policía bonaerense asesinó el 16 de marzo de 2002, en Ramos Mejía. “Cuando iba a buscar herramientas al automóvil de su patrón, los policías Clemente Cabral y Sergio Noviera, de la comisaría de Ramos Mejía, abrieron fuego sobre el
“Limpien todo y saquen los testigos”, escuchó decir de boca de uno de los policías un abogado que pasaba por el lugar y luego declaró como testigo en el juicio. Pero a pesar de ser homicidio culposo, los jueces declararon “imprudencia”. Hoy los asesinos están en libertad y Noviera continúa ejerciendo su cargo con total impunidad.
“Lucha, solidaridad, unión, esas palabras queríamos rescatar hoy con este acto”, dijo la vice-directora, minutos antes de finalizar el acto. El cierre lo dio Ricardo, uno de los profesores que coordina la orientación en derechos humanos. “Pido un aplauso para todos los que cayeron por una sociedad distinta”, dijo, mientras los adolescentes aplaudían, mirando con sus ojos consternados.
“Aunque el gobierno trate de ocultar la represión, Santa Cruz va a seguir en la calle”.
Pico Truncado y Caleta Olivia, la lucha de sus pueblos y sus trabajadores, ocupados o desocupados, demostraron en estos últimos tiempos que Santa Cruz, la provincia de Néstor Kirchner, no es precisamente el paradigma de un nuevo modelo económico y social, de un declamado “capitalismo serio”, sino la consecuencia de la aplicada implementación del modelo de los ’90.
En los conflictos que protagonizan sin fisuras estatales, petroleros, docentes, pescadores, trabajadores de la construcción y desocupados está presente la política de privatización salvaje de YPF, con su secuela de desocupación y hambre para miles de trabajadores y la contracara de las jugosas ganancias para los grupos económicos favorecidos con las concesiones. Esa política de Carlos Menem y Domingo Cavallo, fue avalada con entusiasmo por el entonces gobernador Kirchner y defendida en la Cámara de Diputados, como miembro informante, por el actual secretario general de la Presidencia, el neuquino Oscar Parrilli. A través de esa política, Kirchner consiguió el pago de regalías de más de 600 millones de dólares que inmediatamente colocó en el exterior por consejo de su amigo Cavallo, dinero cuyo destino es desconocido todavía hoy.
También están presentes los instrumentos de reducción y congelamiento salarial de los estatales como método de disciplinamiento social, y los métodos de criminalización y represión violenta de la protesta social que el actual gobernador Sergio Acevedo, un inefable subordinado de Kirchner, utilizó ya el año pasado, en la misma Caleta Olivia y la vecina Las Heras con una virulencia y un perfil “técnico” propios de las épocas de la dictadura.
Uno de los trabajadores detenidos el año pasado en Caleta Olivia, Hugo Iglesias, del FTC en el Frente Popular Darío Santillán, explicó así para Prensa De Frente la realidad actual de Santa Cruz:
- En agosto de 2004 ustedes realizaron la toma petrolera en Termap y vos, junto con otros trabajadores, quedaron presos por haber participado. ¿El caso de los trabajadores de ATE que fueron encarcelados ahora fue similar?
- Es inevitable hacer un paralelo, porque el conflicto se dio de la misma manera. La metodología de poner causas, de sumarlas para que no sean excarcelables y de meter presos a quienes estuvieron al frente del conflicto se dio en ambos casos. A nosotros nos imputaban con una máxima de pena de 16 años y a los compañeros de ATE le sumaron hasta 25 años porque incluyeron el delito de sedición, porque pidieron la renuncia del intendente.
- Kirchner gobernó Santa Cruz por casi diez años, ¿Cómo era la situación en esos días?
- Siempre fue igual. Tal vez antes la represión se expresaba de otras maneras: el control de los punteros políticos era muy fuerte y la política clientelística hacía que la población no se animara a protestar. En Caleta Olivia el veinticinco por ciento de la gente depende del Estado. Para ser más precisos, los municipales son más de tres mil quinientos en una población de cuarenta mil personas.
- ¿Era difícil organizarse con tanto control estatal?
- Sí, porque la gente tenía miedo y la amenaza estaba latente. Si abrís la boca te sacamos los bolsones; si abrís la boca perdés el empleo; si abrís la boca perdés los beneficios. Después fuimos perdiendo el miedo.
- ¿Cómo fue la década del ´90 en una provincia petrolera?
- Fue terriblemente difícil, el desmantelamiento de YPF provocó la desocupación más grande que tuvimos: pasamos de pleno empleo a una desocupación total. Durante su gobierno provincial Kirchner precarizó y tercerizó el trabajo. Ahora hablan de cooperativas de trabajo, pero la realidad es que son cooperativas truchas.
- ¿En qué situación se encuentran actualmente?
- En este momento la mayoría de los sectores nos encontramos en lucha. Estamos trabajando juntos en una coordinadora de la que participan, entre otros, los docentes, los petroleros y diversos sectores de trabajadores desocupados. En los últimos años se consiguieron más de dos mil puestos de trabajo peleando. Por ejemplo, compañeros de la FTC están trabajando en fábricas que se crearon por reclamos nuestros, la Patagionan Oil y Mases SA. Ante la situación de pobreza y desocupación, la única manera de conseguir trabajo fue con la lucha y los piquetes. La liberación de los compañeros presos fue un triunfo contra la politica represiva de Kirchner. Aunque el gobierno trate de ocultar la represión, Santa Cruz va a seguir en la calle.
