Argentina: PODRÍAN PROCESAR A LOS RESPONSABLES DE CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
La causa se reactivará con la inconstitucionalidad de las Leyes del Perdón.
El gobierno bonaerense inició una investigación judicial en 2004 para comprobar la existencia de centros clandestino de detención. La decisión de la Corte suprema de Justicia de declarar inconstitucionales las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, habilitaría el procesamiento de al menos 100 personas que actuaron como responsables de esos campos de la represión ilegal.
El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Remo Carlotto, explicó a New Press que "nosotros iniciamos en 2004 una causa en el juzgado federal de Campana, a cargo del juez Fortunato Márquez, para la investigación del circuito represivo de Zarate Escobar y Campana. Ahí se identificaron 15 lugares de detención que funcionaban durante la dictadura y que no estaban asentados ante la justicia".
Carlotto aseguró que esa causa "tuvo un pronunciamiento del juez a fines del 2004 donde reconoce la existencia de estos lugares". "La anulación de las Leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y ahora el pronunciamiento de la Corte de inconstitucionalidad, nos abre un camino importante para determinar, después de comprobar que por esos lugares pasaron cientos de personas que fueron desaparecidas y muchas de ellas continúan siéndolo, determinar quiénes fueron los responsables de ese funcionamiento del sistema represivo que involucra a varios fuerzas, tanto el Ejército como la Prefectura y la Marina y poder determinar quiénes fueron los responsables y que rindan cuentas ante la Justicia", aseguró el funcionario.
Además consideró que la decisión de la Corte "va a abrir la posibilidad de que cientos de personas que participaron de los grupos de tareas, que integraron la represión ilegal se presenten ante la justicia".
"En la causa de Campana, sin duda han participado áreas operacionales, zonas y subzonas, y nosotros tenemos documentados los datos de muchos de los responsables de este funcionamiento, los vamos a ir aportando a la justicia", precisó.
La secretaría de Derechos Humanos también investiga sobre "el circuito represivo de la zona de Azul, Olavarría y Las Flores, y tenemos acciones presentadas en la justicia sobre enterramientos clandestinos en distintas zonas del conurbano", añadió el responsable del área.
Sobre la presentación judicial realizada el año pasado Carlotto indicó que "lo hemos hecho como querellantes y es la primera acción que desde el Estado, y en este caso la Provincia de Buenos Aires, quien lo lleva adelante y se presenta como querellante e inicia el trabajo de investigación a partir de una denuncia presentada en la secretaría de Derechos Humanos". "Para nosotros esta concluida la primera etapa de comprobación de estos lugares y ahora vamos a seguir en la investigación sobre los responsables, porque para nosotros es ponerlo en el marco de de la estricta justicia", agregó.
En ese sentido remarcó que "aquí no se está buscando venganza, buscamos que la Justicia actúe que los organismos a nivel provincial cuentan para aportar elementos y recursos al proceso investigativo".
Sobre la reactivación de esa causa, Carlotto sostuvo que el fallo de la Corte "habilita el paso fundamental que es el procesamiento de los responsables de esos lugares de detención".
